Manual del PRI para las elecciones en el Edomex

De: Jorge Carrazco Araizaga

El riesgo de perder el Estado de México el próximo domingo 4 de junio es elevado y sería catastrófico para el PRI. Una derrota de su candidato Alfredo del Mazo sería el inicio de la despedida de Enrique Peña Nieto. Aunque primos lejanos, su pertenencia al mismo grupo político que ha controlado la entidad por décadas haría que la derrota de uno sea la del otro.

Para evitarla, el Grupo Atlacomulco ha desarrollado una estrategia que involucra al propio gabinete de Peña y gobernadores que han echado mano de operadores electorales con cuanto control tienen del aparato público.

Según Morena, que con todo y las limitaciones de su candidata, Delfina Gómez, se convirtió en una amenaza para el PRI en la entidad, la maquinaria oficial está en pleno funcionamiento.

Desde el pasado día 19 está operando un sistema de registro electrónico identificado como Prodem, sobre la movilización de votantes por comunidad en cada una de las 20 regiones en que dividió la entidad para los comicios del próximo domingo.

Algunas de ellas quedaron directamente en manos de gobernadores, como responsables del despliegue de operadores electorales con recursos de las entidades que gobiernan.

Entre ellos, la estrategia menciona al “ecologista” Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, como responsable de Ciudad Nezahualcóyotl y a quien le atribuye la negociación del PRD con Peña Nieto para que el candidato fuera Juan Zepeda y se evitara una alianza opositora al PRI.

Entidades colindantes con el Estado de México controladas por ese partido, como Guerrero e Hidalgo, también se han distribuido las tareas. El gobernador guerrerense, Héctor Astudillo, ha sido de los más notorios, como lo documentó el lunes el corresponsal de Proceso en esa entidad, Ezequiel Flores. Su centro de actuación es Huixquilucan.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, perteneciente al grupo político del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha desplegado su operación electoral en Cuautitlán, Tecámac y Ecatepec; en este último municipio de la mano del gobernador y expresidente municipal Eruviel Ávila.

Según ese manual, el domingo 28 el PRI hizo un simulacro de la cooptación de votos para comprobar el control que tiene cada responsable en su comunidad, con los números telefónicos de los electores incluidos.

Esos operadores, desde el miércoles 24 tendrían identificadas cuántas casillas habrá en su sección, dónde se ubican y de qué tipo son (básica y contiguas). Para entonces, ya habrían capacitado a las personas que enviarán la información a los lugares de operación del PRI (“casas amigas”).

La recomendación es que sean dos y que vivan lo más cerca posible de las casillas, además de que esas casas tengan conexión a internet. La propuesta es disponer de una laptop por cada 15 operadores.

El día de la elección, según la denuncia, los operadores recibirán las direcciones electrónicas reales del sistema y los responsables políticos (funcionarios estatales o municipales) deberán asegurarse de que los operadores (“profesores”) lleven a sus “alumnos” al “Congreso”; es decir, a votar, antes de las 15:00 horas.

Sólo hasta ese momento, dice el manual a los profesores, “podrás regresar a tu lugar de origen, siempre y cuando tengas garantizadas a las dos personas que te proporcionarán los resultados en cuanto se publiquen”.

A partir de las 18:00 horas, se deberá monitorear la publicación de los resultados, fotografiarlos y registrarlos en el sistema.

Así funcionan las maquinarias partidistas. El PAN lo hizo en 2006 y 2012. Y lo hará ahora. López Obrador también. La diferencia es el uso de recursos económicos a la mano. Falta por conocer esos otros manuales.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/488597/manual-del-pri-las-elecciones-en-edomex

"No descartamos ninguna hipótesis"

 

De Gustavo Castillo y Rubén Villalpando

Revelaciones vinculadas con actividades de grupos de narcotraficantes identificados por nombre y organización; asuntos de corrupción gubernamental en los ámbitos municipal y estatal durante el gobierno de César Duarte, y complicidad entre políticos y narcotraficantes son las líneas de investigación que han establecido autoridades federales y estatales en el homicidio de Miroslava Breach Velducea.

La corresponsal de La Jornada y columnista del diario Norte, de Ciudad Juárez trabajaba en una investigación relacionada con la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en al menos nueve municipios de la entidad, todo ello como parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico. El asunto fue comentado por la periodista a cuando menos tres personas hace unos días, y ninguno conoció en detalle la información que ella poseía.

Las horas previas

Horas antes de que Miroslava Breach fuera asesinada, en la colonia Las Granjas, donde está el domicilio de la periodista, la policía municipal detuvo a cuatro hombres en posesión de dos armas de fuego.

Los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía del estado y posteriormente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Tras el homicidio de Breach, los cuatro aprehendidos fueron interrogados en dos ocasiones, indicó el fiscal César Augusto Peniche Espejel y no se ha acreditado que tuvieran relación con el homicidio de la periodista.

Imágenes de la agresión

Miroslava Breach fue asesinada la mañana del jueves en momentos en que apresuraba a su hijo para llevarlo a la escuela. El niño terminaba de recoger sus cosas, mientras ella maniobraba para sacar de su casa la camioneta marca Renault, tipo Duster, de color vino, con placas ELJ-7132.

Tres cámaras de seguridad captaron los momentos en que Miroslava Breach fue ultimada y el vehículo que utilizaron su homicida y un cómplice. La grabación es analizada por autoridades federales y estatales en busca de datos que lleven a la identificación de los participantes en el ataque.

En la grabación se observa el momento en que de la esquina que forman las calles Río Aros y José María Mata, un hombre con sudadera oscura, la cabeza cubierta con la capucha de la misma prenda y una gorra encima de ésta, caminó hasta el vehículo de la periodista.

Ella echaba de reversa la camioneta que ya había rebasado la reja que delimita la banqueta y el domicilio; en ese momento el hombre se paró frente a la parte delantera del vehículo y disparó en dos ocasiones, luego enfiló hacia la portezuela del conductor y accionó el arma igual número de veces.

Mientras la camioneta se desplazaba por inercia hacia las casas de enfrente el homicida disparó cuatro ocasiones más: dos a la altura de la venta del copiloto y el resto por el medallón trasero.

Los hijos de Breach permanecieron en la casa y solicitaron ayuda, mientras el homicida tiraba una cartulina doblada, que llevaba bajo uno de sus brazos. Luego corrió sobre la calle José María Mata hasta Río Aros, donde lo esperaba un coche de color gris, el cual fue captado por algunas cámaras de vigilancia.

La cartulina, que fue recogida por las autoridades como parte de la investigación, tenía escrito: Por lengua suelta. Siguen allegados al gobernador y el góber. El 80.

De acuerdo con funcionarios que participan en la investigación, el crimen no duró más de minuto y medio, y la imagen del vehículo en el que escapó el asesino de Miroslava fue difundida a todas las corporaciones para tratar de ubicarlo.

Las exequias de Breach se realizarán en las próximas horas en una ceremonia privada a la que sólo se permitirá el acceso de los familiares más cercanos.

El trabajo de Miroslava

Las principales líneas de investigación están relacionadas con el trabajo de Miroslava. Ella fue muy directa, muy frontal en la denuncia de la complicidad del narcotráfico con la política en el estado. Estamos hablando de las mafias del crimen organizado y de la administración anterior. En este momento no no puedo dar una conclusión de dónde vino (el ataque), pero no vamos a descartar ninguna de estas hipótesis, afirmó el gobernador Javier Corral Jurado, en entrevista con La Jornada.

En ese contexto, el mandatario informó que las autoridades realizan una revisión de los trabajos que Breach Velducea entregó a La Jornada. Entre ellos, uno que apareció el 20 de febrero: Infiltra el crimen organizado a presidencias municipales. En él mencionó las alcaldías que estaban controladas por narcotraficantes.

Corral Jurado dijo que desde que inició su gestión, en noviembre pasado, no tuvo conocimiento de ninguna amenaza en contra de la periodista, pero luego del asesinato, sus familiares le informaron que ella se negó a denunciar que desde hace más de seis meses comenzó a recibir mensajes y llamadas amenazantes.

El gobernador mencionó también que grupos criminales que operan en el municipio de Chínipas, donde nació Miroslava Breach, mandaron decir que ya le bajara.

Por otra parte, integrantes de organizaciones sociales y de periodistas de Chihuahua realizaron una manifestación frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua para exigir el esclarecimiento del homicidio de la periodista y denunciar que el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, promovido por la Secretaría de Gobernación ha sido un rotundo fracaso.

Gabino Gómez, dirigente del Barzón Chihuahua y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), dijo que el gobierno federal ha abandonado a su suerte a las y los chihuahuenses. No ha respondido a los llamados continuos para hacerse presente y evitar los desalojos de varios poblados serranos, forzados por las bandas criminales. Lejos de hacer vigente el estado derecho, la Policía Federal y el Ejército brillan por su ausencia y por sus omisiones en perjuicio de la paz y la ciudadanía.

Asimismo, se señaló que el asesinato de la corresponsal de La Jornada “busca disuadir a las y los periodistas de la entidad, a seguir documentando y denunciando la operación y control del crimen organizado en varias regiones de la entidad, así como los múltiples hechos de corrupción perpetrados desde los poderes públicos.

Ni el gobierno del estado ni el gobierno federal han sido capaces de garantizar a la fecha las condiciones mínimas para el ejercicio pleno, libre y sin amenazas de la libertad de expresión en el estado. Como tampoco han podido poner un alto a las incursiones del crimen organizado en esta entidad, ni han podido acabar con el control que ejercen sobre la policía y varias dependencias, los diversos municipios, ni han podido terminar los enfrentamientos armados que ponen continuamente en peligro a la población civil.

Las organizaciones civiles exigieron que no quede impune el homicidio de Miroslava Breach y demandaron un compromiso claro, categórico, público y eficaz para esclarecer la autoría del mismo. Demandamos que se ponga en frente de la investigación al doctor Pedro Díaz, perito internacional con amplia y reconocida experiencia en la investigación de crímenes relacionados con los derechos humanos.

El caso Jacinta, Teresa y Alberta: ¿Y los seis policías?

  De Marta Lamas

Charles Dickens decía que nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación. Discrepo. Aunque la sabiduría popular diga que “más vale tarde que nunca”, 11 años es demasiado tarde.

Pese a una tardanza escandalosa, celebro que, en un acto de justicia, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, haya ofrecido una disculpa pública –junto a un reconocimiento de su inocencia– a las tres mujeres hñähñú que en 2006 fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Recuerdo cuando se dio a conocer la inaudita noticia: ¡Tres indígenas secuestran a seis judiciales! Parecía una broma de mal gusto. Pero la broma tuvo consecuencias: Jacinta, Teresa y Alberta pasaron entre tres y cuatro años en la cárcel. Años de dolor y desesperación por una flagrante injusticia. La PGR nunca presentó evidencias de esa inverosímil acusación. Sus familiares y abogados se pasaron años tocando puertas y denunciando la barbaridad ante funcionarios que no se sorprendían de la incongruencia: ¡tres mujeres indígenas secuestrando a seis afis!

A lo largo del tiempo el escándalo se fue diluyendo. Y cuando finalmente fueron puestas en libertad, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara, por unanimidad, la revocación de la sentencia y las declarara inocentes, muchas personas esperábamos la disculpa pública y la reparación del daño. Y el tiempo pasaba y nada. Silencio. La PGR se resistía a hacer una rectificación pública, que el martes 21 finalmente ocurrió. El procurador general, acompañado de varias figuras políticas –entre las que se encontraba el exgobernador de Querétaro José Calzada, que apoyó a las tres mujeres, y la exministra de la SCJN Olga Sánchez Cordero, que entonces atrajo el caso–, ofreció públicamente el reconocimiento de su inocencia y la tan tardada disculpa.

En la prensa, la noticia se consignó con distintos grados de importancia y precisión. En un periódico se señaló que las tres habían sido “acusadas erróneamente de secuestro”. ¿Erróneamente? Eso no fue un error, fue un acto de alevosía y ventaja, de un racismo misógino brutal. ¿Quién podía creer la versión de los afis? ¿Por qué las autoridades competentes no cuestionaron su versión? Fue la comprometida labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) la que finalmente logró la liberación.

El director del Prodh, Mario Patrón, con su tradicional bonhomía y mesura, declaró que la solicitud de disculpa había sido un acto de esperanza gracias a la dignidad de las tres mujeres que decidieron alzar la voz contra la injusticia y luchar contra un hecho corrupto. Teresa González, otra de las indígenas encarcelada injustamente, declaró: “Para mí, esta disculpa pública es una gran victoria porque cierra estos 11 años de lucha con el acompañamiento de nuestros abogados”. Por su lado, Alberta Alcántara fue escueta y dijo: “Con la disculpa no me devuelven el tiempo pedido”. Y Jacinta Francisco señaló que ella estaría “contenta el día en que se acabe la injusticia, cuando seamos respetados como indígenas. Y mientras no, no estoy contenta”.

El dolor y la indignación por lo ocurrido encontraron una expresión elocuente en las palabras de la maestra Estela Hernández, la hija de Jacinta. En un combativo y conmovedor discurso (La Jornada, 22 de febrero), Estela Hernández lo dijo bien claro: “Preguntarán si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta. Jamás lo será. No basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas a la familia”.

Pero no se quedó ahí. Dijo: “Este caso cambió nuestra vida para ver, saber y sentir que las víctimas nos necesitamos, que lo que al otro le afecta, tarde o temprano me afectará a mí. Nuestra existencia hoy tiene que ver con nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan, con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos, con mis compañeros maestros caídos, cesados por defender lo que por derecho nos corresponde: mejores condiciones de vida y de trabajo”.

Y dio varios mensajes. A las instituciones: “Pónganse a trabajar de verdad”. Y a las víctimas, los luchadores sociales y quienes están a favor de los derechos humanos: “Vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra”. “El miedo no puede estar encima de la vida”.

Al transformar su condición de víctimas del horror a luchadoras por el reconocimiento público de su inocencia, estas tres mujeres han logrado mucho más que la tardía disculpa de la PGR: encarnan la dignidad de las mujeres indígenas. Y la maestra Estela Hernández lo resumió a la perfección al señalar que hay que seguir luchando “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Lo que les pasó a estas tres mujeres es algo de lo que más nos duele y preocupa a los mexicanos: el abuso, la corrupción y la impunidad de los funcionarios. El acto del pasado martes habla de que hay una nueva actitud en la PGR, pero me sigo preguntado por los seis agentes de la Agencia Federal de Investigación supuestamente “secuestrados”. Me hubiera gustado que, además de la declaración de inocencia y la disculpa, la PGR hubiera dicho qué pasó con ellos. ¿Los suspendió? ¿Los cambió de adscripción? ¿Siguen en servicio? ¿Se les imputó responsabilidad por lo ocurrido? ¿Han pagado, de alguna manera, por su fechoría?

¿Y el juez que dictó la sentencia, todavía sigue en funciones?

 

 http://www.proceso.com.mx/475942/caso-jacinta-teresa-alberta-los-seis-policias

¿Por qué los déspotas árabes no critican a Trump?

De: Robert Fisk

Uno pensaría, dada la dureza antimusulmana del gobierno de Trump en Washington, que los reyes y dictadores árabes se estarían uniendo para condenar las despiadadas leyes sectarias elaboradas por un presidente estadunidense que está en favor de la tortura. Todas esas fanfarronadas sobre los tipos malos y el terror islámico. Frases bastante siniestras.

Nada de eso. Los potentados han estado abrumando el conmutador de la Casa Blanca con llamadas, tanto el egipcio Al Sissi como los árabes del Golfo. Emiratos Árabes de hecho expresó aprobación a las políticas de Trump. El monarca jordano, que desde luego fue el primero en llegar a Washington, fue seguido en rápida sucesión al salón del trono de Trump por Benjamin Netanyahu.

Es todo un galimatías. Los europeos levantan las cejas, chasquean la lengua y hasta condenan tibiamente al nuevo gobierno estadunidense, mientras las principales víctimas del nuevo régimen –¿acaso no lo estaremos llamando régimen dentro de poco?– guardan un silencio servil o asienten con aprobación a sus diabluras antimusulmanas. Tal vez haya sido mejor que el pobre Mahmoud Abbas de Palestina no haya recibido contestación a sus tres llamadas telefónicas.

Como todos predijimos, el Isis reaccionó condenando a Trump justo a tiempo. Lo mismo hizo Al Qaeda, cuya referencia al tonto en la Casa Blanca debió haber sido la primera vez en la historia moderna en que la reacción de quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad del 11-S fue exactamente la misma que la de la mitad de los estadunidenses. Por cierto, los argelinos también felicitaron a Trump, no mucho después de hacer lo propio con Bashar al Assad por su tremenda (en sus palabras) victoria contra el terrorismo en Alepo oriental. Pero aquí hay más de lo que parece.

Claro, el Isis puede regodearse con que Trump en realidad es antimusulmán y que los dictadores árabes son tan indiferentes como él a sus pueblos. Pero la respuesta de los regímenes árabes al nuevo régimen estadunidense –sí, llamémoslo así– también es indicativa de lo cercanos que están unos de otros.

La mayoría de potentados árabes llevan años alimentando a sus poblaciones con noticias falsas y hechos alternativos. También prometen siempre la victoria final contra la entidad sionista mientras esparcen su furia contra sus aliados. Los sauditas han atacado repetidas veces a Irak y a Siria; Emiratos y Egipto han bombardeado Libia, los sauditas y Emiratos han asaltado a Yemen.

Es un hecho extraño que tanto los árabes como Trump usan clichés. Si no es el mantra de tipo malo/terrorismo islámico del régimen de Trump, es la tontería de sólo-nosotros-combatimos-al-terrorismo-islámico de los regímenes árabes. Los dictadores y los gobiernos violentos de Medio Oriente han estado intercambiando esa basura durante años. Hemos tenido a los Sadat, los Mubarak, los Al Sissi, los Al Assad y los Saddam y a los reyes del Golfo endilgando fantasías a sus pueblos y amenazando a cualquiera que difiera de ellos.

De hecho, la cobarde prensa pro gubernamental de gran parte de Medio Oriente se parece mucho al periodismo complaciente en el que cree Trump. Busquen el equivalente a la televisión estatal egipcia o la televisión siria mirando Fox News. Los agentes árabes de seguridad tienen los poderes que el gobierno estadunidense envidia y que quisiera que su propia policía tuviera. En Medio Oriente, las minorías son reprimidas, los jueces son intimidados, los políticos son amenazados… y sus gobernantes creen en la tortura. ¿Les recuerdan a alguien? ¡Bienvenidos al Mundo Trump!

Recuerdo que el viejo Mubarak de Egipto regalaba a su pueblo constantes elecciones falsas –tema favorito de Trump– y recibía felicitaciones de los presidentes estadunidenses, republicanos y demócratas por igual, después de ganar en las urnas por más de 90 por ciento. Sean Spicer, el extremadamente raro amanuense de Trump, y sus infortunados asistentes, tienen contrapartes en todo ministerio de información árabe, templos de la verdad cuyos Spicers se ven obligados a repetir las fantasías y berrinches de sus amos. El paralelo es completo, puesto que los ministerios de información árabes no contienen ninguna información en absoluto.

Tendría que decir que, puesto que Trump y el Mundo Trump son casi intercambiables, hay algo en lo que se desvían con claridad. A menudo se acusa a los árabes de ser antisemitas, porque son anti israelíes. Pero los árabes también son semitas. Dada la negativa de Trump a mencionar a los judíos en el Día del Holocausto y su evidente disgusto por seis naciones musulmanas árabes, el régimen estadunidense podría ser acusado de antisemitismo tanto a causa de los judíos como de los árabes.

Pero seamos justos. Si Trump hiciera una gira por las dictaduras árabes que por el momento no están en guerra, se sentiría bastante en casa. Gran seguridad, policía fantástica, montones de tortura, elecciones extremadamente corruptas y enormes proyectos económicos que dañan el medio ambiente pero resultan por completo inútiles. Y si se une a sus hijos Eric y Donald júnior en la apertura del Torneo Internacional Trump de Golf en Dubai, entonces en verdad estará en el Mundo Trump.

Los potentados, reyes y crueles autócratas árabes deberían reunirse en Washington en su próxima cumbre. Encontrarían una atmósfera muy familiar. Para no hablar del presidente.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

 Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/19/mundo/021a1mun

“La renuncia de Peña Nieto”.

 

De: Alfredo Lecona.

“¿Qué hubieran hecho ustedes?”, preguntó Enrique Peña Nieto y muchas respuestas se han dado en diversos círculos de opinión. Pero a pesar del estruendo de lo que hemos vivido en los últimos días, la respuesta en las calles sobresale como consigna.

En la marcha del pasado lunes en la Ciudad de México, como en muchas otras manifestaciones en el país, el grito de “fuera Peña” ha dibujado una crisis que va mucho más allá del incremento en los precios de la gasolina.

No es la primera vez que se pide la salida del presidente. En septiembre del año pasado, después de que se le organizara el vergonzoso acto de campaña a Donald Trump en Los Pinos, una convocatoria ciudadana enmarcada en la frase “motivos sobran”, invitó a la movilización y reflexión en torno a la salida pacífica de Peña Nieto, bajo la etiqueta #RenunciaYa.

La discusión sobre la terminación anticipada del mandato presidencial, provocó reacciones que oscilaron entre el temor por la incertidumbre que la dimisión generaría, la existencia de grupos de poder que pudieran aprovechar la coyuntura y la apuesta de los políticos de “oposición” a la administración del desgaste de Peña Nieto con miras a 2018. Las primeras preocupaciones, genuinas; la última, un elemento más de la profunda crisis que atraviesa el país.

El optimismo de algunos afirmó que el descontento cimbraría a Los Pinos y que –ahora sí- Peña corregiría el rumbo.

Sin embargo, motivos se han acumulado a los que ya sobraban para septiembre del año pasado, cuando miles marchamos hacia un zócalo que se nos negó, mientras el operativo de acarreo para el performance del presidente, lo llenaba. Es necesaria, entonces, la pregunta: ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerarle al presidente?

El cuestionamiento se está respondiendo y ampliando en las calles desde que el gasolinazo recibió al año. No solo es Peña Nieto, es toda la clase política.

Es el pacto que garantiza los privilegios de quienes aprueban reformas bajo acuerdos inconfesables y presupuestos que, año con año, incrementan la desigualdad. Miguel Barbosa dijo la semana pasada que el Congreso, incluido su partido, el PRD, no analizó a fondo las consecuencias del presupuesto 2017, con el cual quedaron autorizados los incrementos al precio de la gasolina este año. Un descuido de esa magnitud no existió en la parte que mantuvo sin ajuste el ingreso anual de cada senador, incluidas sus gratificaciones de fin de año por 518,000 pesos. Es también, entonces, Barbosa y todo ese Congreso que se aprueba más de 15 mil millones de pesos anuales que se han administrado opacamente por años.

Son los gobernadores que quebraron a sus estados y toda esa corrupción que quema anualmente el equivalente de hasta el 10% del PIB, y que el presidente encarna muy bien.

Es la crisis de derechos humanos, el pacto de impunidad disfrazado de promesas de amnistía y fiscales carnales y el cinismo de quienes en lugar de buscar solución a la crisis, están enclaustrados discutiendo una Ley de Seguridad Interior que amenaza no unicamente con mantener al ejército en las calles e institucionalizar la fallida guerra contra el narcotráfico, sino hasta con la represión de protestas pacíficas (como lo propone Roberto Gil Zuarth en la fracción X del artículo 4 de su iniciativa).

Es que los medios de comunicación que han protegido al sistema sosteniendo o creando presidentes y primeras damas, carezcan de credibilidad en tal magnitud, que muchas personas prefieren creer lo que se les dice por WhatsApp y redes sociales, hasta el punto de generar pánico y psicosis que amenaza con desmovilizar a una sociedad que no está acostumbrada a salir a las calles como lo ha hecho en los últimos días.

Es no tener mayor estrategia que dolerse y apelar a la comprensión por los incrementos, en el mismo acto en el que se nombra a un canciller que afirma no conocer la secretaría que encabezará, rezando en televisión nacional por un Trump compasivo una vez que asuma su mandato, distinto al orate que trajo a nuestro país en agosto del año pasado.

Es la suma de todo lo anterior y muchos más motivos que ensanchan la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Pero si el culpable no es sólo el presidente, ¿por qué pedir su salida?

El proceso de renuncia es un acto pacífico y normal en cualquier democracia. En nuestro país está regulado en el artículo 84 de la Constitución. El presidente debería presentar una causa (que para escoger tiene) ante el Congreso de la Unión quien habría de calificarla como grave. Entonces el Secretario de Gobernación ocuparía el cargo provisional (y se inhabilitaría para ser electo posteriormente) mientras por lo menos dos terceras partes de ambas cámaras eligen (en un término no mayor a 60 días) a un presidente substituto que concluya el actual periodo.

Pero la presión para que esto sea posible no va a venir de una clase política que ni por error se ha atrevido a sugerir un impeachment, porque no les conviene que la ciudadanía se entienda capaz de controlar la vida pública. Entonces nos corresponde como sociedad romper la lógica de la partidocracia que dicta que sólo en los periodos electorales se puede castigar al mal gobierno, para que después no pase nada. Nos toca impedir que el umbral de tolerancia siga creciendo sin consecuencias, con el riesgo fatal de ser heredado por quien sustituya a Enrique Peña Nieto así como Influir ordenada y pacíficamente en las agendas de los candidatos de 2018 y exigir garantías para una transición pacífica.

La renuncia de Peña Nieto no es la salida, pero debe ser el inicio del camino a la recuperación de la vida pública.

 

Fuente:  http://aristeguinoticias.com/1201/mexico/la-renuncia-de-pena-nieto-articulo-de-alfredo-lecona/