Senadores que aprobaron la reforma energética en 2013… ahora la condenan.

De Jenaro Villamil.

La madrugada del 11 de diciembre de 2013, en vísperas del Día de la Guadalupana, 53 senadores del PRI, 35 del PAN y siete del PVEM aprobaron la reforma constitucional en materia energética y de energía, con el voto en contra de 28 senadores de PRD, PT y sólo dos de Acción Nacional, entre ellos, el del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

El Senado estuvo cercado. Los legisladores aprobaron la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, más 22 artículos transitorios que, entre otras cosas, autorizó la participación privada, nacional y extranjera, mediante el otorgamiento de “permisos” del Ejecutivo federal en derivados del petróleo, incluyendo las gasolinas.

Entre los senadores del PRI que aprobaron entonces esa reforma estaban el propio presidente de la Mesa Directiva y actual procurador general Raúl Cervantes Andrade, así como la exprocuradora y actual titular de la Función Pública, Arely Gómez; el líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps; el excandidato priista a gobernador de Veracruz, Héctor Yunes Landa; un veracruzano más, José Francisco Yunes Zorrilla, y la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

El gran operador de la reforma fue el senador hidalguense del PRI, David Penchyna, vínculo con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien prácticamente legisló los aspectos más delicados de esa reforma constitucional. Su paisano, Omar Fayad, actual gobernador de Hidalgo, votó a favor de las modificaciones constitucionales.


Encabezados por su propio coordinador Emilio Gamboa Patrón, otros senadores del PRI que aprobaron la reforma fueron los exgobernadores Félix González Canto, de Quintana Roo; Ismael Hernández Deras, de Durango; René Juárez Cisneros, de Guerrero; Patricio Martínez, de Chihuahua; Enrique Burgos, de Querétaro, y Manuel Cavazos Lerma, de Tamaulipas, entre muchos otros.

Todas las senadoras del PRI asistieron y votaron en esa jornada: la poblana Blanca Alcalá, la yucateca Angélica Araujo, Cristina Díaz, Hilda Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez, Margarita Flores Sánchez, Norma Alcalá, Diva Gastélum, Lisbeth Hernández Lecona, Marcela Guerra, Juana Leticia Herrera, Ana Lilia Herrera Ansaldo (aspirante a candidata del Estado de México en 2017), María Verónica Martínez, Lilia Guadalupe Mercado y Graciela Ortiz.

La lista de senadores del PRI se completó con Isaías González Cuevas, Aarón Irízar López, Armando Neyra, Humberto Mayans, Juan Ascención Orihuela, Ernesto Gándara, Roberto Albores Gleason (aspirante a gobernador de Chiapas en 2018), Daniel Amador Gaxiola, Ricardo Barroso, Manuel Humberto Cota, Braulio Fernández Aguirre, Jesús Casillas Romero y Miguel Angel Chico Herrera.

Los votos panistas

Indispensables para lograr las dos terceras partes de votos para consumar una reforma constitucional, los senadores panistas se cuadraron y algunos la defendieron vehementemente, como el poblano Javier Lozano Alarcón; el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el actual mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, y el Ejecutivo estatal de Querétaro, Francisco Domínguez.

El regiomontano Raúl Gracía Guzmán fue del equipo de dictaminadores. Y el expresidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, también participó en parte del diseño de la reforma, junto con Jorge Luis Lavalle.

Los tres coordinadores que ha tenido la bancada del PAN votaron a favor: Jorge Luis Preciado, excandidato a gobernador en Colima; Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social en el sexenio de Felipe Calderón, y Fernando Herrera, actual coordinador.

También votaron a favor la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón Hinojosa; la sobrina de Margarita Zavala, la senadora Mariana Gómez del Campo; Gabriela Cuevas, Silvia Guadalupe Garza, Adriana Dávila Fernández, Adriana Díaz Lizama, María del Pilar Ortega, Marcela Torres, Laura Rojas, Maki Esther Ortiz y Sonia Mendoza Díaz.

La lista de los panistas se completó con Héctor Larios, Luis Fernando Salazar (aspirante a gobernador en Coahuila), Salvador Vega Casillas (extitular de la Función Pública en el calderonismo), José María Martínez, Martín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, Fernando Yunes Márquez (hijo del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares), Daniel Ávila Ruiz, Víctor Hermosillo, Francisco de Paula Búrquez, Francisco Salvador López Brito y Carlos Mendoza Davis.

Los votos del Verde

Esenciales también fueron los votos de los siete senadores del Partido Verde, incluyendo a Ninfa Salinas Sada, hija del propietario de Grupo Salinas y concesionario de TV Azteca, Ricardo Salinas; Pablo Escudero Morales, actual presidente de la Mesa Directiva y yerno del exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones; Luis Armando Melgar, exdirector de Proyecto 40 y aspirante a gobernador de Chiapas; María Elena Barrera Tapia; Carlos Alberto Puente, Juan Gerardo Flores y Jorge Aréchiga Avila.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/467959/senadores-aprobaron-la-reforma-energetica-en-2013-ahora-la-condenan

Fuerzas Armadas: Un golpe silencioso.

De Jorge Carrasco Araizaga.

Hace una década, y por un acto irreflexivo, Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para que emprendiera una tarea que no le correspondía: combatir el crimen organizado. Ahora, el titular de la Secretaría de la Defensa, Salvador Cienfuegos, da un manotazo y exige que la tropa vuelva a los cuarteles, a menos que haya una cobertura legal que legitime ese estado de excepción en el que de hecho viven los mexicanos desde hace una década. Esa legitimación ya se cocina en el Congreso con el único fin de crear una ley que haga constitucional la militarización del país.

El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, calló más de lo que dijo. Detrás de sus fuertes críticas a las autoridades civiles está el proyecto de los mandos militares de intervenir para “restaurar el orden interno” en el país con el aval del presidente de la República.

Las presiones del general secretario para que el Congreso elabore ya una Ley de Seguridad Interior están encaminadas también a buscar una protección retroactiva a los militares comprometidos por violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, a responder ante un eventual requerimiento judicial internacional por crímenes de lesa humanidad.

El pasado 27 de octubre el PRI presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que propone amplias facultades a los mandos militares en casos de amenazas “a las instituciones y al desarrollo nacional”, sin más contrapeso que el de sus compañeros en el gabinete de seguridad nacional y en la que el Legislativo queda como mero facilitador y sin más información que aquella que los militares le quieran dar.

Con el argumento de la inoperancia de la fuerza civil, la cúpula militar ha cabildeado esa iniciativa con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y su partido. Con la experiencia del sexenio pasado, cuando una propuesta similar quedó congelada en el Congreso, el alto mando militar salió esta vez a hacer una intensa campaña ante la opinión pública.

El pretexto lo dio el desayuno de fin de año del general Cienfuegos con los reporteros que cubren las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado jueves 8. A diferencia de otros años, el alto mando del Ejército tomó el micrófono para explayarse en sus declaraciones.

Habló sobre el desgaste de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, de que “no estudiaron para perseguir delincuentes”, del “deseo” de los militares de regresar a los cuarteles y la advertencia de que en el Ejército hay quienes “ya se lo están pensando” (si salen a las calles) para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos.

El tono y el discurso tuvieron un destinatario preciso: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que mediante alusiones responsabilizó de no haber impulsado la iniciativa de ley ni la profesionalización de las policías civiles.

Aunque los legisladores que han presentado iniciativas sobre seguridad interior salieron de inmediato a avalar la retórica del general, respaldada por la mayoría de los formadores de opinión, la ansiada ley para los militares tendrá que esperar, aun cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado hay consenso sobre la necesidad de legislar en la materia.

Pero no una ley como la que firmaron los diputados del PRI, César Camacho, coordinador de ese partido, y Marta Sofía Tamayo. El senador panista Roberto Gil presentó el 19 de septiembre un proyecto de ley que le da mayor peso al control legislativo a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, mientras que el diputado panista Jorge Ramos propone, en lugar de una ley ex profeso, un nuevo capítulo en la actual Ley de Seguridad Nacional.

La divergencia creció más cuando el PRD planteó que al mismo tiempo se debe reglamentar el Artículo 29 de la Constitución sobre la suspensión de derechos en los casos de estados de excepción, y aprobar la reforma constitucional para crear la figura de “mando mixto policial”, bajo el cual los municipios dejan de estar a cargo de la seguridad pública.

La Ley de Seguridad Interior es la principal de una serie de iniciativas en materia de seguridad. También están la Ley General de Víctimas, que ya fue aprobada en el pleno por la Cámara de Diputados y el Senado; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y la reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución.

Las disposiciones tendrán que alinearse con el propósito de la cúpula militar para intervenir en operaciones de “restauración del orden interno”, razón por la cual las tres últimas fueron retiradas cuando iban a ser aprobadas, la semana pasada, en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que en comisiones se habían aprobado las minutas respectivas enviadas por el Senado.

Lo que quieren los militares

La iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior va a tono con el discurso de Cienfuegos para tener una ley que proteja a las Fuerzas Armadas, pero sin que existan contrapesos efectivos. Les da a éstas la facultad de “normalizar el orden interno” en cualquier parte del país mediante “operaciones de restauración del orden” en las que la máxima autoridad puede ser un comandante militar designado por el Ejército y la Marina.

Asegura que las Fuerzas Armadas intervendrán “sólo cuando las capacidades de las Fuerzas Federales (Policía Federal) resulten insuficientes para contrarrestar las amenazas”.

En ese caso, a propuesta de los mandos del Ejército y la Armada, el presidente designará a un “comandante de las Fuerzas Armadas participantes”, quien será el encargado de dirigir “los grupos interinstitucionales” que se integren y “definirá las responsabilidades, canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles y militares”.

Entre las acciones que podrían efectuar los militares están el establecimiento de destacamentos de seguridad y de bases de operaciones móviles y fijas; la intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes; puestos de vigilancia; reconocimientos; seguridad en instalaciones estratégicas; escoltas de seguridad y todas “las que se consideren necesarias”.

Respecto al uso de la fuerza, dice que se hará en función de sus propios protocolos para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”, incluso si no es agresiva.

La única previsión que pone a los militares es que sea el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el que emita una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, según lo determine el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Pero en esa decisión también tomarán parte los propios jefes castrenses como integrantes del CSN, que encabeza el titular del Ejecutivo federal y todos cuyos miembros son sus subordinados.

Además de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina, en el CSN participan los secretarios de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes, así como el procurador general de la República.

Un peso importante en el CSN lo tiene el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien además de ser el secretario técnico del consejo –es decir el encargado de operar los acuerdos del mismo– participa a través de la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene a su cargo a la Policía Federal, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

En un escenario de intervención federal, la Segob también será la encargada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa del partido gobernante señala que como responsable de la seguridad interior y de la política de seguridad pública, la Segob debe también coordinar con el resto de las dependencias federales, los estados y los municipios, acciones para “la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país”.

Dice que el objetivo de la ley es garantizar la seguridad interior, a la que define como “la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.

A partir de esa definición dice que la seguridad interior puede estar afectada por el cambio climático, la corrupción, la deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas de fuego, los desastres y todas aquellas situaciones incluidas en la Agenda Nacional de Riesgos, prevista en la Ley de Seguridad Nacional.

Además, dice que cuando las autoridades competentes estén rebasadas, se considerarán amenazas a la seguridad interior los actos violentos que busquen “quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio o en alguna de sus partes”.

Lo mismo, en el caso de fenómenos de origen temporal o emergencias ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad o a la infraestructura estratégica.

Las Fuerzas Armadas también podrán actuar ante “cualquier otro acto u hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas” en cualquier parte del país.

La propuesta de ley descansa únicamente en el Ejecutivo federal la decisión de emitir una “Declaratoria de Protección a la Seguridad”, cuando así lo decida el propio presidente de la República o a solicitud de algún gobernador o Congreso estatal, mientras que el Congreso sólo debe pronunciarse sobre su legalidad y estar a la espera de “un informe” que el secretario de Gobernación le remita a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, acción que define como un “esquema de control democrático”.

El Ejército y la Marina podrían intervenir incluso antes de la declaratoria, pues la propuesta le da al presidente la atribución de “ordenar acciones inmediatas” si hay situaciones “que pongan en peligro a la población o debiliten a las instituciones democráticas”.

La declaratoria, por lo demás, se podrá modificar para prolongar la intervención federal si persisten las causas que le dieron origen. Señala que sus efectos son distintos a los de la suspensión de derechos prevista en el Artículo 29 de la Constitución, pues no “implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías”.

Sin embargo, en la exposición de motivos, los diputados priistas dicen que esa disposición constitucional aplica para “casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, la misma condición que establecen para una intervención de las Fuerzas Armadas.

La información en torno a las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior será clasificada como de seguridad nacional, por lo que no serán del conocimiento público. Por el contrario, en una intervención de seguridad interior las autoridades civiles tendrán que darles a los militares toda la información de inteligencia que les pidan.

Más aún, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio, las operaciones en vigor que al momento de la publicación de la ley estén realizando los militares por algunas de las causas descritas, se seguirán realizando si se cumple con el procedimiento para establecer una intervención federal; es decir, que bastaría con ese requisito mínimo para que la ley sea retroactiva.

Estado de excepción “de facto”

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González, diputado perredista por Nuevo León, considera que la norma sobre seguridad interior tendría que ser un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional, más que un ordenamiento expreso.

En cualquier caso, coincide en la necesidad de regular la participación de los militares en tareas de seguridad interior, pero con fechas específicas para que los gobiernos de los estados fortalezcan a sus policías y las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles: “Tiene que haber un tiempo preciso, como ocurrió con el nuevo sistema de justicia penal, que estableció plazos” para su entrada en vigor.

Además, propone restablecer el principio de responsabilidad penal para los gobernadores que no certifiquen a sus cuerpos policiacos, tarea que al final del anterior sexenio se fijó para el actual.

Los plazos que se fijaron fueron modificados a propuesta del exsenador priista y actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, hasta que el tema se desvaneció sin que se cumpliera con lo establecido en los transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista, el pasado miércoles 14, Fernández González se dice convencido de darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas no sólo en beneficio de ellas, sino de los ciudadanos, “que tienen que saber en qué casos van a intervenir las Fuerzas Armadas y en cuáles se van a retirar. Parte central del debate es cuándo deben intervenir y bajo qué protocolos de actuación”.

Especializado en política y estrategia de defensa y seguridad nacional, el diputado federal por Nuevo León dice que la legislación en Seguridad Interior se tiene que hacer sin dogmas: “¿Que se va a militarizar el país? Si ya está militarizado. Pero por otro lado tampoco hay que dejar vacíos que impidan el control en la actuación de las Fuerzas Armadas. Hay que ponerle contrapesos al Ejército y al propio Ejecutivo”.

Opuesto a que los militares se conviertan en una autoridad por encima del poder civil en donde intervenga la autoridad federal, asegura que en el caso de Nuevo León, las Fuerzas Armadas se constituyeron de facto en un mando único para resolver el tema de la inseguridad. En las juntas de coordinación, el Ejército tomaba el mando y el control de los operativos, refiere; aunque admite también que hay otras experiencias en las que no ha gustado el mando único de los militares.

“Los militares tienen que enfocarse en su actuar, tienen que estar viendo temas de delincuencia organizada cuando no la pueda confrontar la autoridad civil. Pero es fundamental que en una ley de seguridad interior se determine cuándo tienen que intervenir y a petición de quién, las amenazas que van a enfrentar y los protocolos de actuación, además de establecer en artículos transitorios fechas límite para el fortalecimiento de las policías.

El legislador reivindica el papel del Congreso para fijar contrapesos en una ley en la que se favorece la actuación militar y para que el diálogo entre civiles y militares no sea exclusivamente con el Ejecutivo.

Dice que ante el vacío legal sobre la actuación militar en tareas de seguridad interna y de cara a los compromisos internacionales que ha asumido México en derechos humanos, “pudiera venir una autoridad del extranjero a tratar de enjuiciar a nuestras Fuerzas Armadas. Lo podrían hacer, pero con una ley tendríamos el procedimiento interno de defensa”.

Además, legislar en la materia sería “reconocer el estado de excepción que estamos viviendo desde hace una década. En el sexenio de Calderón no se quiso aceptar esa situación y el costo lo han pagado tanto las Fuerzas Armadas como los ciudadanos”.

Abunda: “Hubo un cálculo político por parte de Calderón pensando que el estado de excepción de facto iba a ser una solución sencilla, sin darse cuenta del entuerto que estaba armando”.

Como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández dice que quien sacó a los militares de sus cuarteles “simple y sencillamente se lavó las manos, y ahora el PRI, que está en el poder, tampoco le ha entrado con seriedad al problema”, al promover una ley sin contrapesos al poder militar.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/466974/fuerzas-armadas-golpe-silencioso

La militarización de México.

De: Víctor Flores Olea.

Hace unas cuantas semanas escribí en un artículo aquí en La Jornada que, al parecer, avanzábamos con gran rapidez hacia una militarización del país. E interpretaba las preferencias y distingos ilimitados que el Presidente Peña Nieto tenía hacia todas las armas del ejército mexicano, como una señal inequívoca a esa tendencia que parecía y parece imparable.

Tanto más urgente y necesaria la tendencia que las preferencias de la ciudadanía se habían alejado extraordinariamente del Jefe del Ejecutivo, tanto más que según los principales encuestadores del país, que las preferencias que pudieron existir dentro en un tiempo se habían tornado precisamente en sus contrarias.


Por supuesto tales tendencias no se han modificado sino agudizado más si se quiere, aprovechando la coyuntura ¨Trump¨ para resaltar más aun la importancia del ejército mexicano para preservar la soberanía del país. Naturalmente, no pretendo en estas líneas demeritar la función general del ejército mexicano, pero sí digamos el oportunismo del grupo de políticos en la cumbre, tal vez comenzando con el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien parece estar al frente de la maniobra. Por lo demás, no debe olvidarse que en un pasado no muy lejano algunos analistas políticos del país ya se refirieron claramente al asunto,

Recordemos por ejemplo la afirmación de la investigadora Laura Carlson cuando afirmaba en una mesa redonda organizada por la Casa Lamm y el diario La Jornada ¨que la militarización de la lucha contra el narcotráfico responde a la política diseñada por el presidente Felipe Calderón, con la cual pretende asumir un liderazgo que no obtuvo en las urnas, apoyado, fundamentalmente, por las fuerzas armadas.¨ Un buen número de investigadores han coincidido con lo anterior, y desde luego en el mismo acto John Saxe Fernández y el que esto escribe. Laura Carlson agregó, con toda razón, que el famoso Plan México, con el que se pretende combatir al crimen organizado, resultó a la postre, para su objeto, un instrumento absolutamente fallido, como también resultó fallido el Plan Colombia de ese país, y del cual el de México pretendía ser una copia.

Laura Carlson agregó que el Plan Colombia (como el de México, añadimos ahora nosotros) resultó fallido porque pretendía combatir el crimen organizado, pero con el resultado de haber contribuido poderosamente a la pérdida de la soberanía colombiana y a la criminalización de las oposiciones políticas y de los luchadores sociales.

Y también se habló en esa misma mesa redonda del sin sentido que resulta presentar al crimen organizado y a la violencia criminal diaria en las sociedades, cuando en verdad el peligro mayor contra nuestros países reside precisamente en esta transferencia ¨sotto voce¨ de poderes jurídicos y de facto a los ejércitos. En el caso de Calderón resulta transparente que pretendía asumir un liderazgo, a través del ejército, que no obtuvo en las urnas y en sus tareas como candidato.

Desde luego, recientemente han llamado la atención expertos en estas cuestiones militares diciendo ¨que un cambio jurídico haría omnipotentes a los militares¨(La Jornada, 23 de noviembre de 2016). Es decir, la iniciativa de ley que presentó el PRI (léase el Presidente Enrique Peña Nieto), para dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para investigar y actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad interior o la paz pública, como el narcotráfico o la corrupción, es inconstitucional y peligrosa porque dota de un poder omnipotente a los militares para investigar ¨delitos¨  de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno.

En esto coincidieron con razón el constitucionalista Elisu Arteaga y César Gutiérrez Priego. Ambos están de acuerdo en que es necesario establecer un marco jurídico que protega los derechos individuales de los militares, pero no por la vía en que lo intenta hacer el PRI-Presidente, porque este camino lleva indefectiblemente a abusos y a arbitrariedades por parte de las fuerzas armadas, sin contribuir para nada a su protección; al contrario, conduciría indefectiblemente a abusos y arbitrariedades  por  las fuerzas militares que son inadmisibles en un régimen que se propone como democrático. Añadieron además que la iniciativa es inconstitucional, entre otras razones, porque es violatoria del artículo 129 de la Constitución General de la República que dispone “que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense”.

Ambos estudiosos insisten en que la autoridad militar sólo puede ejercer las funciones directamente relacionadas con la disciplina  castrense y no pueden ser utilizadas como policías o en laboratorios de investigación. (Salvo en casos de Estado de excepción)


Por supuesto, la iniciativa que venimos comentando, inconstitucional por tantos motivos, ha horrorizado a multitud de especialistas pero, que yo conozca, no ha merecido comentario alguno por parte del poder legislativo. Creo que un asunto tan serio ameritaría ya al menos una clara opinión de su parte. Por muchas razones estamos al borde de un abismo que puede ser muy doloroso para muchos, ojalá los involucrados reaccionen patrióticamente. Desde luego las fuerzas armadas, que serían las últimas en beneficiarse por una reforma como la propuesta. Ojalá conserven el prestigio tantas veces justamente ganado y rechacen esos cantos de sirena que llevarían al horror a tantos mexicanos, y primero que nada a las propias fuerzas armadas.

Me parece oportuno mencionar que el pasado 3 de diciembre, el intelectual de la India Sri Sri Ravi Shankar realizó una conferencia en este mismo lugar a la que llamó “México merece Paz”. No es necesario repetir que su discurso fue absolutamente severo y lúcido en cuanto a la necesidad de vivir en paz y de la paz en todas partes del mundo. Sin ella no podría haber, nos dice Ravi Shankar, ni desarrollo ni bienestar auténtico.

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/05/la-militarizacion-de-mexico-victor-flores-olea