De: Jesús Cantú.
Antes de que pudiera “extirpar la corrupción” y “retomar el control de las prisiones en Nuevo León”, como prometió en la campaña electoral, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, enfrenta el primer escándalo por una licitación cuestionada y la muerte de al menos 49 reos en una de las peores masacres en la historia de Nuevo León.
Muy rápidamente la realidad evidenció la gran diferencia entre criticar y prometer como candidato opositor a un puesto de elección popular, y gobernar una vez que se gana la elección. Rodríguez Calderón exclamó en su discurso de toma de posesión: “¡Se les acabó la fiesta a los bandidos!” Y anunció: “Desde ahora mismo instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias, que se revise cada papel y cada cajón. Vamos a investigar, sin afán de venganza, pero con sed de justicia. Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le responda a la ley, sea quien sea”.
Ante las demandas de los medios de comunicación y diversas organizaciones sociales que le exigían presentar denuncias contra altos funcionarios de la administración anterior, el 3 de diciembre señaló en Toluca, Estado de México, en la reunión de la Conago, que el lunes 7 de diciembre daría a conocer 100 casos de corrupción. Ese día anunció la creación de la Subprocuraduría Anticorrupción y dio a conocer que abriría al menos 100 averiguaciones previas por supuestos daños al erario. Señaló que en diciembre se integrarían las averiguaciones y en enero se realizaría una proyección jurídica para agendar las denuncias, las cuales serían presentadas a finales de febrero.
Nada se sabe de la integración de los expedientes. Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia contra ningún exfuncionario público de los primeros niveles del anterior gobierno. Pero el gobierno sí presumía que todas las licitaciones se podían presenciar a través de Periscope, lo que transparentaba su actuación y redundaría en importantes ahorros para el erario.
Sin embargo, el pasado lunes 8, antes de que se pudiera presentar la primera denuncia o se dieran a conocer cifras de los ahorros, el diario local El Norte denunció que el gobierno de Rodríguez Calderón compró 200 mil cobijas por un monto total de 28.9 millones de pesos con un sobreprecio de hasta 167% del disponible en el mercado.
Pero la licitación presenta, entre otras irregularidades, el hecho de que las cobijas se empezaron a repartir un día antes de que se adjudicara el contrato al único concursante y cinco días previos a la firma de éste; además, las cobijas que entregó el proveedor no cumplen con las especificaciones de pesar dos kilogramos y medir de 1.65 a 1.70 metros de ancho y de 2 a 2.10 metros de largo. Por si todo esto fuera poco, el único participante es una empresa que, de acuerdo con el padrón de proveedores del estado, lo mismo presta servicios de cómputo y capacitación que asesorías y construye, da mantenimiento a edificios e instalaciones, realiza labores de jardinería y vende carnes, tamales y artículos de limpieza.
Tampoco se ha podido localizar a los dueños anotados en el Registro Público de la Propiedad ni a la misma empresa, pues ésta no se encuentra ubicada en la dirección señalada como domicilio. El dueño de la vivienda que se localiza ahí declaró que la tiene desde hace 40 años.
Así que muy probablemente la primera denuncia que presente la Subprocuraduría Anticorrupción y la primera sanción administrativa que imponga la Contraloría del Estado serán contra funcionarios de este gobierno y no del anterior, como prometió El Bronco.
Pero los primeros meses de este gobierno también muestran malos resultados en materia de seguridad: recién nombrado director de la Agencia Estatal de Investigación, el contralmirante Augusto Cruz Morales tuvo que renunciar al cargo (aunque continúa operando) porque la ley señala que para ocuparlo debe ser licenciado en derecho. Los problemas no tienen que ver sólo con las formas, ya que a partir del cambio de gobierno se incrementaron los índices delictivos.
En enero del presente año las ejecuciones aumentaron en 74% en relación con enero de 2015, y en 154% contra diciembre del mismo año; los 33 asesinatos ligados al narco fueron la cifra más alta desde las 43 muertes de junio de 2015; pero también subieron los asaltos a camiones del transporte público, con 14, y a bancos, con cuatro. Si bien no todo es atribuible al actual gobierno, pues tomó posesión el 4 de octubre del 2015, las denuncias por extorsiones en el 2015 alcanzaron la cifra récord de 509, lo que implica una tasa de 9 por cada 100 mil habitantes, que sitúa a Nuevo León en el segundo lugar en este delito a nivel nacional.
Pero los peores augurios se centraban en los penales, asunto respecto del cual desde la primera reunión del equipo de transición los funcionarios del anterior gobierno advirtieron al entonces encargado del área de Procuración de Justicia, Roberto Flores Treviño, que había una sobrepoblación de 40% y carencia de custodios. Los precedentes no dejaban lugar a dudas: el 26 de septiembre de 2011 fueron asesinados dos reos en el Penal del Topo Chico; el 19 de febrero de 2012 un motín en el Cereso de Apodaca llevó al asesinato de 44 internos, todos ligados al crimen organizado, y a la fuga de otros 37, de los cuales 11 todavía están prófugos; el 27 de enero del 2013 los presos bloquearon las cámaras de vigilancia en el Penal del Topo Chico, y el 5 de junio de 2015 una riña dejó un saldo de dos heridos en el mismo centro penitenciario.
A esta secuencia de hechos violentos se suma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que advertía sobre la ingobernabilidad y las precarias condiciones de las cárceles. El documento colocaba a Nuevo León entre los 10 estados con peores condiciones en la materia y otorgaba una calificación de 5.7 (en una escala de 0 a 10) al de Topo Chico; de 5.5 al de Apodaca y de 6.53 al de Cadereyta. No había duda: los penales eran una bomba de tiempo que el actual gobierno no desactivó.
La masacre del pasado miércoles 10 es la segunda peor de la historia de Nuevo León, únicamente superada por las 52 víctimas del incendio del Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011.
Después de cuatro meses de gobierno los únicos resultados tangibles son malos y desalentadores, pero además desnudan las limitaciones del actual gobierno para operar una administración eficaz y eficiente. Como declaró Marco González, líder de la fracción parlamentaria del PRI (casualmente el partido del exgobernador Rodrigo Medina), “la gente no quiere gobiernos como los gobiernos salientes municipales o estatales; quiere algo diferente y estamos viendo que este gobierno no es diferente. Es más de lo mismo…”
Muy rápidamente la realidad evidenció la gran diferencia entre criticar y prometer como candidato opositor a un puesto de elección popular, y gobernar una vez que se gana la elección. Rodríguez Calderón exclamó en su discurso de toma de posesión: “¡Se les acabó la fiesta a los bandidos!” Y anunció: “Desde ahora mismo instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias, que se revise cada papel y cada cajón. Vamos a investigar, sin afán de venganza, pero con sed de justicia. Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le responda a la ley, sea quien sea”.
Ante las demandas de los medios de comunicación y diversas organizaciones sociales que le exigían presentar denuncias contra altos funcionarios de la administración anterior, el 3 de diciembre señaló en Toluca, Estado de México, en la reunión de la Conago, que el lunes 7 de diciembre daría a conocer 100 casos de corrupción. Ese día anunció la creación de la Subprocuraduría Anticorrupción y dio a conocer que abriría al menos 100 averiguaciones previas por supuestos daños al erario. Señaló que en diciembre se integrarían las averiguaciones y en enero se realizaría una proyección jurídica para agendar las denuncias, las cuales serían presentadas a finales de febrero.
Nada se sabe de la integración de los expedientes. Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia contra ningún exfuncionario público de los primeros niveles del anterior gobierno. Pero el gobierno sí presumía que todas las licitaciones se podían presenciar a través de Periscope, lo que transparentaba su actuación y redundaría en importantes ahorros para el erario.
Sin embargo, el pasado lunes 8, antes de que se pudiera presentar la primera denuncia o se dieran a conocer cifras de los ahorros, el diario local El Norte denunció que el gobierno de Rodríguez Calderón compró 200 mil cobijas por un monto total de 28.9 millones de pesos con un sobreprecio de hasta 167% del disponible en el mercado.
Pero la licitación presenta, entre otras irregularidades, el hecho de que las cobijas se empezaron a repartir un día antes de que se adjudicara el contrato al único concursante y cinco días previos a la firma de éste; además, las cobijas que entregó el proveedor no cumplen con las especificaciones de pesar dos kilogramos y medir de 1.65 a 1.70 metros de ancho y de 2 a 2.10 metros de largo. Por si todo esto fuera poco, el único participante es una empresa que, de acuerdo con el padrón de proveedores del estado, lo mismo presta servicios de cómputo y capacitación que asesorías y construye, da mantenimiento a edificios e instalaciones, realiza labores de jardinería y vende carnes, tamales y artículos de limpieza.
Tampoco se ha podido localizar a los dueños anotados en el Registro Público de la Propiedad ni a la misma empresa, pues ésta no se encuentra ubicada en la dirección señalada como domicilio. El dueño de la vivienda que se localiza ahí declaró que la tiene desde hace 40 años.
Así que muy probablemente la primera denuncia que presente la Subprocuraduría Anticorrupción y la primera sanción administrativa que imponga la Contraloría del Estado serán contra funcionarios de este gobierno y no del anterior, como prometió El Bronco.
Pero los primeros meses de este gobierno también muestran malos resultados en materia de seguridad: recién nombrado director de la Agencia Estatal de Investigación, el contralmirante Augusto Cruz Morales tuvo que renunciar al cargo (aunque continúa operando) porque la ley señala que para ocuparlo debe ser licenciado en derecho. Los problemas no tienen que ver sólo con las formas, ya que a partir del cambio de gobierno se incrementaron los índices delictivos.
En enero del presente año las ejecuciones aumentaron en 74% en relación con enero de 2015, y en 154% contra diciembre del mismo año; los 33 asesinatos ligados al narco fueron la cifra más alta desde las 43 muertes de junio de 2015; pero también subieron los asaltos a camiones del transporte público, con 14, y a bancos, con cuatro. Si bien no todo es atribuible al actual gobierno, pues tomó posesión el 4 de octubre del 2015, las denuncias por extorsiones en el 2015 alcanzaron la cifra récord de 509, lo que implica una tasa de 9 por cada 100 mil habitantes, que sitúa a Nuevo León en el segundo lugar en este delito a nivel nacional.
Pero los peores augurios se centraban en los penales, asunto respecto del cual desde la primera reunión del equipo de transición los funcionarios del anterior gobierno advirtieron al entonces encargado del área de Procuración de Justicia, Roberto Flores Treviño, que había una sobrepoblación de 40% y carencia de custodios. Los precedentes no dejaban lugar a dudas: el 26 de septiembre de 2011 fueron asesinados dos reos en el Penal del Topo Chico; el 19 de febrero de 2012 un motín en el Cereso de Apodaca llevó al asesinato de 44 internos, todos ligados al crimen organizado, y a la fuga de otros 37, de los cuales 11 todavía están prófugos; el 27 de enero del 2013 los presos bloquearon las cámaras de vigilancia en el Penal del Topo Chico, y el 5 de junio de 2015 una riña dejó un saldo de dos heridos en el mismo centro penitenciario.
A esta secuencia de hechos violentos se suma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que advertía sobre la ingobernabilidad y las precarias condiciones de las cárceles. El documento colocaba a Nuevo León entre los 10 estados con peores condiciones en la materia y otorgaba una calificación de 5.7 (en una escala de 0 a 10) al de Topo Chico; de 5.5 al de Apodaca y de 6.53 al de Cadereyta. No había duda: los penales eran una bomba de tiempo que el actual gobierno no desactivó.
La masacre del pasado miércoles 10 es la segunda peor de la historia de Nuevo León, únicamente superada por las 52 víctimas del incendio del Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011.
Después de cuatro meses de gobierno los únicos resultados tangibles son malos y desalentadores, pero además desnudan las limitaciones del actual gobierno para operar una administración eficaz y eficiente. Como declaró Marco González, líder de la fracción parlamentaria del PRI (casualmente el partido del exgobernador Rodrigo Medina), “la gente no quiere gobiernos como los gobiernos salientes municipales o estatales; quiere algo diferente y estamos viendo que este gobierno no es diferente. Es más de lo mismo…”
Fuente: http://www.proceso.com.mx/430539/los-primeros-escandalos-de-el-bronco
