Las mentiras sobre la reforma educativa.

 

De Luis Hernández Navarro.
Martes 15 de enero de 2013.

El Pacto por México y el gobierno federal llevan a cabo una campaña en medios de comunicación para convencer a los maestros de México y a la opinión pública sobre las bondades de la reforma educativa recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

El 9 de enero se publicó un desplegado en 29 periódicos locales y cuatro de circulación nacional dirigido a los maestros de México, con el objetivo de compartir información acerca de las reformas que se están haciendo al artículo tercero constitucional. El comunicado califica a los docentes de apreciables.

Curiosamente, el documento no está firmado por el Congreso de la Unión, sino por el Pacto por México. Nadie en lo personal se responsabiliza de él. En el mensaje se explica por qué fue promovida la reforma, qué supuestos beneficios traerá, para qué se crea el Servicio Profesional Docente y por qué dar autonomía de gestión a las escuelas.

Ya encarrerado, el pacto difundió tres espots, copia y calca de los materiales producidos para divulgar las obras gubernamentales de moda desde el Pronasol de Carlos Salinas. Abundan en ellos idílicas imágenes de maestros, niños y escuelas con un mensaje central: la reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros.

Para remachar la campaña, el 10 de enero, Emilio Chuayffet reiteró que la educación no es propiedad de un grupo, sino de la sociedad, por lo que el Estado va a reasumir su rectoría. Al participar en el Foro México 2013, descartó que la reforma educativa sea privatizadora.

Advirtió que no habrá excepciones para nadie en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren necesarios para brindar una educación de calidad. Según él, la reforma no es antilaboral ni antimagisterial, sino que tiene por objeto dar certeza al maestro; certidumbre en su ingreso, en su promoción y desempeño como docente.

En plena demostración de su talante autoritario, aseguró que una vez que la reforma sea aprobada se efectuarán una consulta y una amplia campaña para darla a conocer. ¿De qué sirve una consulta cuando la reforma ya fue hecha? ¿Por qué se evadió cualquier debate en foros públicos?

Ni el desplegado ni los espots ni las declaraciones de los funcionarios explican cómo es que la reforma hará realidad todos los propósitos que anuncian. No puede ser de otra manera, pues la mayoría de las modificaciones que se hicieron van en sentido contrario de lo que el pacto asegura buscar.

La reforma educativa no tiene un proyecto educativo explícito. No hay en ella nada que esclarezca hacia dónde se quiere caminar en el terreno pedagógico ni cómo resolver los principales problemas del sector. Por ejemplo, no hay una sola idea que aclare cómo terminar con la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de personas.

Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al SNTE la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo.

No obstante afirmar que los resultados educativos son producto de múltiples factores y no dependen exclusivamente de los docentes, en el fondo sostiene que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Por eso, la reforma pone el acento en los mecanismos de control sobre el magisterio, no en los de su participación en la definición del proyecto educativo ni en su capacitación.

De manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a las escuelas con estímulos económicos, si los resultados son buenos, o castigarlos con el despido, si son malos.

La medicina recetada por la institución no deja lugar a dudas: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares (...) recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo.

El pacto afirma que el Servicio Profesional Docente fue creado para reconocer los méritos de los maestros y asegurar que accedan a las plazas docentes con base en su esfuerzo y desempeño personales. Señala que servirá para que los profesores, directores y supervisores tengan certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas en su promoción laboral. Habrá –dice– reglas claras, justas y transparentes que estimulen la profesionalización de los profesores, asegurando y promoviendo sus derechos.

La afirmación es falsa. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.

El Pacto por México asegura que la autonomía de gestión facilitará que los recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. Mentira: la legislación abre la puerta para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización.

Las expresiones de descontento entre el magisterio contra la reforma son cada día más evidentes. Los docentes no se tragan los cuentos que difunden las campañas publicitarias del pacto. Se anuncia ya la batalla por la legislación secundaria. Los próximos meses veremos cómo la inconformidad crece.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/15/opinion/017a1pol

Héctor Beltrán Leyva y sus nexos con Televisa.

De Jenaro Villamil.

Héctor Beltrán Leyva “El H” no sólo infiltró a la sociedad de Querétaro y de San Miguel de Allende, Guanajuato: También tuvo una especial relación con el mundo de la farándula y, especialmente, con Televisa.

El personaje clave de esta relación fue Guillermo Francisco Ocaña Prandal, mejor conocido como “Memo” Ocaña, a quien las autoridades mexicanas consignaron dos veces y las españolas también como presunto lavador de dinero de “El H” a través de empresas dedicadas al espectáculo.

Telenovelas de Televisa fueron grabadas en predios que “Memo” Ocaña le ofreció a la empresa de Emilio Azcárraga Jean y que eran propiedad del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Fue el caso del predio ubicado en Aureliano Rivera 17, en San Angel Inn, donde fueron detenidos 11 sicarios de los Beltrán en 2008. Ahí se grabó la telenovela Cadenas de Amargura. En 2009 se grabó la telenovela Rubí en el predio Farallón 304, de Jardines del Pedregal, justo donde vivió un sicario de los Beltrán, Ever Villafaña Martínez.

El vínculo entre “Memo” Ocaña, Beltrán Leyva y Televisa es digno de un guión de telenovela. Ante la SIEDO, el exconductor y actor declaró que en 1968 se inició como actor infantil y en 1990 trabajó en fotonovelas como Cita y Chicas. A mediados de los años 80 fue representante de Ricardo Montaner, con quien sostuvo un litigio legal.

Entre 1993 y 1994 –los años del ocaso salinista- el futuro de “Memo” Ocaña cambió. Conoció a la Miss Sonora, Clara Elena Laborín Archuleta. Ella era la pareja sentimental de Héctor Beltrán Leyva. En 1997 ella le propuso dirigir su empresa Rotcheh Noticias y Espectáculos. Quiso impulsar a sus cuatro sobrinos en un grupo musical de vida efímera que se llamó Tequila Cuatro.

La plataforma sería la revista Jeans de Laborín, de la cual sólo salieron 2 ediciones.
Los contactos de Ocaña con el mundo de la farándula y de Televisa le permitieron a Beltrán Leyva entrar a los espectáculos como representante de varias cantantes y celebridades, entre ellas Alejandra Guzmán, Juan Gabriel y Tania Libertad.

El periódico Reforma publicó que el 18 de junio de 2010 Ocaña organizó una gran fiesta con más de 600 invitados en Acapulco, en un spa propiedad de Laborín Archuleto para recaudar fondos para el combate contra el VIH. A pesar de que ya se sospechaba de su vínculo con los Beltrán, a esa fiesta acudieron celebridades, el embajador de Francia, productores y cantantes.

En 2002 Ocaña fue a vivir unos años a España. Ahí funcionó como hombre clave de la colocación de Monex como parte del engranaje de Los Beltrán Leyva y la creación de empresas fantasma. El reportero Humberto Padgett, citando fuentes diplomáticas españolas, afirmó que Ocaña fundó sociedades en Barcelona para “lavar” más de 78 millones de euros que luego se transferían a tres casas de cambio: Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam (Emequis, 29 julio 2012). Las mismas que fueron mencionadas en el Monexgate de las elecciones presidenciales.

Para lograr sus objetivos en España, Ocaña siguió el mismo modelo que en México: montó la empresa Tops Time Production, que también organizaba espectáculos.

A final de cuentas, todo es un gran montaje en el mundo de la narcocultura y los grandes negocios televisivos.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=383700

Un militar torturado por militares.

De: Arturo Rodríguez García.

El teniente Julián Castilla fue detenido en 2011 con base en una acusación realizada bajo tortura. Personal militar lo sometió a tratos inhumanos. De otras personas acusadas por el mismo presunto delito, los civiles ya están libres pero los militares no. Por temor a quedar expuestos, los mandos han alargado el juicio de Castilla y lo trasladaron recientemente a una prisión civil, con la amenaza de que otros reos lo atacarán ahí.

MÉXICO, DF (Proceso).- Al teniente de caballería Julián Castilla Flores se le acusa de delitos contra la salud. Mientras estuvo en la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila, recibió premios y reconocimientos, pero desde hace cuatro años enfrenta un juicio basado en declaraciones de un testigo protegido, que ya se retractó, pero entonces señaló que el oficial de caballería brindaba protección a Los Zetas cuando ya ni siquiera estaba en la zona militar.

El mencionado testigo protegido, igual que otros, ya denunciaron que fueron torturados para que firmaran declaraciones que incriminaron a varios servidores públicos, pero Castilla –quien ya comprobó la tortura– sigue preso, lo mismo que otros 14 militares, por el mismo asunto.

Interno en la prisión del Campo Militar Número 1 desde 2011, el pasado 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en el estado de Veracruz. Sus abogados y familiares no se enteraron, pues los días siguientes el oficial fue incomunicado. Por ese motivo, el 19 de octubre la sección alemana de la organización Amnistía Internacional emitió una alerta por el caso, donde se expresaba preocupación por la seguridad de Castilla.

En marzo de 2011, tres personas detenidas bajo el cargo de pertenecer a Los Zetas, convertidos en testigos protegidos, señalaron que numerosos servidores públicos de las áreas de seguridad en los tres órdenes de gobierno daban información y protegían a esa organización criminal, e incluso se encargaban de asesinatos y desapariciones ordenadas por los cabecillas.

La entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que el operativo, derivado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 –de la que este semanario tiene copia–, era “una acción sin precedentes” y que la dependencia a su cargo era la “primera en poner el ejemplo” en el combate a la corrupción.

Morales aludía a que, además de mandos policiacos locales –entre ellos militares en retiro–, policías federales y soldados, la PGR detuvo a una de sus propias subdelegadas, agentes del Ministerio Público federal y de la Agencia Federal de Investigación (Proceso 1843).

En un año se demostró que las condiciones de modo, tiempo y lugar que señalaron los testigos protegidos identificados como El Guacho, Sagitario, Serpico y El Pepillo, eran inconsistentes.

También hubo errores en la identificación de los supuestos sobornados, como ocurrió con Humberto Torres Charles, hermano de Jesús, el exprocurador de Coahuila cuya fotografía se incorporó al expediente. La imagen fue difundida, boletinada y colocada en la lista de más buscados, con la oferta de una recompensa millonaria. En realidad era la imagen del dirigente del PAN de Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, y no la de Torres Charles.

El fracaso de las pesquisas en la justicia civil no sirvió para el caso de los militares que aceptaron su participación en los ilícitos que se les imputaron. Más tarde, la aplicación del Protocolo de Estambul determinó que esos militares fueron torturados.

Fracaso ejemplar

De acuerdo al pliego de consignación elaborado por los oficiales del batallón, el 11 de marzo de 2011 dos pelotones del 33 Batallón de Infantería patrullaban en el sur-oriente de Saltillo, cuando detuvieron en la comunidad Los Silleres a un sujeto apodado El Picholo. Éste les dijo entre otras cosas que hacia el poniente Los Zetas tenían un terreno donde resguardaban tráileres con droga. Cuando se dirigieron allá, encontraron el predio en el bulevar Vito Alessio Robles, donde detuvieron a Pedro Toga Lara, El Guacho.

El documento establece que éste último confesó espontáneamente:

“Dijo que ya se le habían terminado las andanzas delictivas, a él y su hermano, el cual tenía poco tiempo de andar con él, pero que ya le había arruinado la vida, por lo que quería cooperar con las autoridades previo apoyo de parte de ellas”. Enseguida ofreció a sus captores una nómina de Los Zetas en la que venía el nombre del “teniente Castillo”.

Con esa información inició una pesquisa en el 69 Batallón de Infantería. Hasta entonces las declaraciones no mencionaban al teniente Julián Castilla, pero la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) fue por él a Juárez, Chiapas, donde se encontraba al frente de una Base de Operaciones.

A partir de datos aportados por Toga Lara se abrió la averiguación contra los militares, pero también con base en señalamientos de otros testigos protegidos se giraron órdenes de aprehensión contra funcionarios y mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno, incluso de la PGR: es lo que presumió la procuradora Morales.

En el expediente CP 279/2011, radicado en el Juzgado 1 Militar, adscrito al reclusorio del Campo Militar Número 1-A del Distrito Federal, en el que se conoce el caso del teniente Julián Castilla –y del que Proceso tiene copia–, se observan numerosas irregularidades.

Por ejemplo, el pliego de consignación no fue elaborado por los militares que lo firmaron, pues declararon ante el juzgado que se redactó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) muchas horas después de los hechos.

Otra falla grave es que la declaración de Pedro Toga Lara, exsargento de Transmisiones, incriminaba a un teniente de infantería Castillo, no al teniente de caballería Castilla, una diferencia que necesariamente conoce el testigo por su carrera militar y las funciones que desempeñó.

Además, los peritajes grafoscópicos concluyeron que alguien distinto a Toga Lara escribió la declaración que se suponía de su puño y letra, lo que por otra parte se observa a simple vista en la documentación. Tampoco coinciden los tiempos cuando Toga Lara llegó a Saltillo con aquellos en que Julián Castilla permaneció en la Sexta Zona Militar.

Las declaraciones de Toga Lara se robustecieron con la supuesta confesión de un integrante del 69 Batallón de Infantería, el sargento Sergio Treviño Ríos, hasta que, en una diligencia practicada en la causa de Castilla, declaró que no lo conocía y que había sido torturado y forzado a firmar declaraciones cuyo contenido desconocía.

Los 14 detenidos de ese batallón incriminados por Toga Lara dijeron que no conocían a Castilla.

Las acusaciones de tortura se reprodujeron en casi todos los casos, incluso en el del testigo principal, Toga Lara, cuyo desistimiento contribuyó al sobreseimiento de los casos de imputados civiles.

La descripción de la tortura a la que fue sometido es brutal: golpes, toques eléctricos, introducción de objetos, la amenaza de violación y asesinato de su familia. También afirmó que era forzado a tocar armas e imprimir sus huellas digitales en al menos dos paquetes de hojas blancas.

Retenido durante cinco meses, El Guacho denunció que en instalaciones de la SIEDO lo obligaban a hacer declaraciones. Añade: “Muchas ocasiones que yo me negaba a estudiar expedientes que se me ponían a la vista, los cuales yo no conocía en nada, los oficiales de la AFI, por órdenes de los fiscales, me bajaban al sótano y me golpeaban en repetidas ocasiones en el interior de los baños o en un cuarto oscuro”. También afirmó: “Me dejaban sin comer dos o tres días, teniendo yo que tomar agua del sanitario”.

Según Toga Lara, cuando por fin lo alimentaban, lo llevaban a una oficina donde debía estudiar los expedientes de aquellos a quienes había incriminado. Después simulaban estar en un juzgado y personal de la SIEDO actuaba para aleccionarlo sobre cómo comportarse ante el juez.

Amenaza cumplida

Un mes después de la captura de Toga Lara, el teniente Castilla fue detenido.

Las documentales del expediente son imprecisas sobre el día de marzo de 2011 en que esto sucedió: el oficio de consignación de la PJFM establece el 12 de marzo; en una promoción del juzgado, queda como fecha de detención el día 14; un informe de la 30 Zona Militar, afirma que el capitán responsable del operativo salió con el detenido a las 11:45 horas del 13 de marzo.

La Zona Militar informó que no había registros de detención ni presencia de PJFM el 14 de marzo. En todo caso, el día 15 lo presentaron a la SIEDO.

La aplicación del Protocolo de Estambul, el manual admitido por la comunidad internacional para investigación y documentación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, dictaminó que Julián Castilla fue torturado, con base en las pruebas practicadas y un dictamen médico elaborado durante su ingreso a la SIEDO.

Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional que practicaría el estudio al teniente Castilla los días 2 y 3 de marzo, cuando personal del órgano autónomo arribó a la prisión militar encontró trabas para trabajar: no le proporcionaron un lugar adecuado como se solicitó (el examen se aplicó en una jardinera) y no permitieron el ingreso de los equipos médicos necesarios para aplicar el Protocolo, por lo que éste sólo se basó en la descripción hecha por Castilla de la tortura, que coincidió con el dictamen médico del día de su ingreso a las instalaciones de la SIEDO.

De acuerdo con la narración de Castilla, asentada en el juicio y en el dictamen del Protocolo de Estambul, tras su detención en Chiapas fue torturado física y psicológicamente en el trayecto a la Ciudad de México. Con las manos esposadas, a veces al frente y otras a la espalda, sus captores le provocaron dolor intenso mientras le exigían que confesara. Le envolvieron la cabeza con una toalla que mojaban para provocarle asfixia.

Le aplicaron el tehuacanazo, consistente en introducirle agua mineral por la nariz, para luego envolverle la cabeza en la toalla mojada, hasta hacerlo perder el conocimiento y reanimarlo a cachetadas.

Mediante descargas eléctricas con un objeto metálico (la chicharra) le causaron quemaduras, mientras lo amenazaban de muerte a él y a su familia, asegurando que era por órdenes del secretario de Defensa, que en ese tiempo era el general Guillermo Galván.

El 15 de marzo de 2011, tras ser puesto a disposición de la SIEDO, fue encerrado en una casa de seguridad de la PGR, donde permaneció 80 días arraigado, y el 3 de junio siguiente ingresó a la prisión del Campo Militar Número1-A.

El pasado 22 de octubre, la agencia noticiosa Apro dio a conocer que, de acuerdo a la acción urgente emitida por el capítulo alemán de Amnistía Internacional, en los últimos meses Castilla padeció actos de intimidación de personal militar, como la amenaza de traslado a una prisión civil donde estaría expuesto a los ataques de otros presos por su condición de militar.

La amenaza se cumplió: el 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en Veracruz sin avisar a sus representantes legales ni a su familia.

En vista de los antecedentes de tortura, las irregularidades del expediente y el traslado a una prisión civil veracruzana, Amnistía Internacional alertó sobre posibles ataques o intimidación por parte de otros presos o de autoridades, y pidió al gobierno mexicano garantizar la integridad de Castilla, así como brindarle un juicio con todas las garantías y respeto al debido proceso.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=420007

Rompe PAN con estrategia de seguridad de Calderón… quiere al Ejército de regreso a los cuarteles.

De Álvaro Delgado.

El Partido Acción Nacional (PAN) propuso hoy una reingeniería a todo el sistema nacional de seguridad pública que, expresamente, rompe con el esquema creado por el gobierno de Felipe Calderón y, aun cuando “no funcionó”, fue continuado por Enrique Peña Nieto.

El “planteamiento de fondo” es que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, de donde las sacó Calderón en su estrategia de “guerra” contra el crimen organizado, y se cree el Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano regulador en la materia, que será constitucionalmente autónomo e integrado por expertos ajenos a los partidos políticos.

Fue el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Calderón Hinojosa, quien detalló la iniciativa de reforma constitucional que presentará el PAN sobre el órgano rector en la materia, que diseñará los mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno con base en criterios estrictamente técnicos.

“Este modelo es una respuesta muy clara a una mala idea presentada por el Ejecutivo federal”, subrayó Gil Zuarth, al aludir al decálogo formulado, hace un año, por Peña Nieto, pero sin aludir al esquema implementado por Calderón.

“En esa mala idea se planteaba desaparecer las policías municipales y sustituirlo por policías estatales, (pero) no hay orden de gobierno sin la capacidad coactiva, no hay orden de gobierno si no tiene la posibilidad de tener un aparato de fuerza para ordenar las conductas”, subrayó Gil.

“Nuestros país requiere policías municipales fuertes, pero sobre todo siempre vigiladas por una instancia mayor y, sobre todo, requiere que cuando no sea posible que ellos puedan prestar con regularidad el servicio, haya alguien más con mejores capacidades que lo pueda hacer por ellos y para ellos”.

En conferencia de prensa en la sede del PAN, encabezada por Ricardo Anaya, su presidente, el senador Gil Zuarth y el diputado federal Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana, detallaron el proyecto que se presentará con el respaldo de las bancadas en el Congreso.

En su intervención, Gil Zuarth destacó que esta propuesta del PAN “significa una etapa en el sistema constitucional de la seguridad pública” en la historia de México.

“De 1983 a 2008 el sistema pasó por dos grandes etapas: por un lado, una etapa de descentralización y, por el otro, la construcción de un modelo, de un sistema para coordinar a los distintos órdenes de gobierno que interactúan en la prestación del servicio de seguridad pública”.

Justo la construcción de ese “modelo” se produjo en 2008, en pleno gobierno de Calderón, con el que ahora el PAN critica y rompe.

“Ese modelo ha sido insuficiente, en efecto, y todas las policías del país tienen que prevenir, reaccionar e investigar los delitos, pero no todas tienen las mismas capacidades para hacerlo”.

Añadió: “Por el otro lado, el sistema de coordinación no tiene los suficientes incentivos, las capacidades de autoridad para poder alinear a los órdenes de gobierno y generar capacidades institucionales eficaces para prestar con absoluta certeza y efectividad y con carácter técnico el servicio de la seguridad pública”.

Y fue más allá al aludir a otra creación del gobierno de Calderón: El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

“Los objetivos están mal planteados. Un ejemplo concreto puede ser el fondo de Subsemun, en ese caso, los fondos se asignan en función de la incidencia delictiva, de tal suerte que un municipio que invierte fuerte en su seguridad y disminuye los índices de violencia y disminuye los índices delictivos pierde dinero en lugar de poder mantener el rumbo de inversión”.

Más aún, criticó Gil Zuarth: “El Sistema Nacional de Seguridad Pública está integrado por los propios responsables de la seguridad pública. Los propios gobernadores se sientan en una mesa, toman acuerdos y no tienen la capacidad de dictar recomendaciones, lineamientos, metas específicas, y sobre todo son ellos mismos los que se evalúan a sí mismos.”

Y rubricó: “Este modelo no ha funcionado y por eso estamos construyendo una tercera etapa en el sistema constitucional de seguridad pública”.

Según Gil, la propuesta del PAN no implica una mayor burocratización ni mayores recursos para el sistema nacional de seguridad pública, que además no cuenta con mecanismos de intervención ante el colapso de policías municipales y estatales.

“Por eso vimos el caso de Michoacán, en el que se tuvo que mandar un comisionado especial para que hiciera trabajos políticos o de colaboración de la Federación en esta entidad federativa”, subrayó el legislador.

“Lo que estamos inventando son esos mecanismos. Hoy no los tiene la Secretaría de Gobernación, no los tiene nadie, son mecanismos consensuales, son decisiones discrecionales, políticas del presidente de la República o bien del secretario de Gobernación cuando se trata de colaboración institucional, como hemos visto en los casos recientes de Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Juárez, Tijuana o Monterrey”.

–¿Esta iniciativa se podría considerar como el primer paso, en un cronograma mucho más amplio, para retirar al Ejército de las actividades de seguridad pública?

–Sí. ¿Por qué las fuerzas armadas están realizando tareas de seguridad pública o seguridad interior? Porque este país no tiene policías confiables, profesionales y eficientes. Hay más de 460 mil policías locales que les corresponde prevenir y perseguir nueve de cada diez delitos, pero ganan por debajo de 6 mil pesos el 80% de ellos. Y ese es un espacio para la corrupción, pero sobre todo es una explicación de la enorme debilidad institucional.

Gil Zuarth añadió que la única manera de que las Fuerzas Armadas regresen a su tarea constitucional es que se sustituyan con policías confiables en todos los órdenes de gobierno, desde la Federación hasta el último de los municipios.

“Y eso es justamente el planteamiento de fondo. Esta iniciativa pone el acento donde debe estar, no en la discusión binaria entre desaparecer las policías municipales o dejarlas, sino en la discusión de que las policías que existen en nuestro país, en el más de los aislados de los municipios, tenga las mismas capacidades institucionales que el más grandes y próspero de los municipios en el país”.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419920

Muerte sin fin: periodistas, mujeres, activistas…

De Álvaro Delgado.

Enrique Peña Nieto usó este domingo 1 su cuenta de Twitter para felicitar, en inglés y en español, a los pilotos, aficionados y organizadores de la carrera de Fórmula Uno, pero no tuvo ni una palabra para el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que este lunes se conmemoró en todo el mundo.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, imitó a su frívolo jefe. “Un emocionante domingo de carreras con el Gran Premio de México de Fórmula Uno. ¡Un evento de talla mundial para nuestro gran México!”, escribió el funcionario que dejó fugarse a Joaquín El Chapo Guzmán y que ambiciona ser presidente de México.

Ese silencio del jefe del Estado mexicano y de su segundo en la jerarquía gubernamental en un asunto tan sensible en el mundo, explica por qué México ocupa el primer lugar en el asesinato de periodistas en el Continente –uno de cada tres– y por qué hay 90% de impunidad en los crímenes que se cometen contra ellos.

A Peña no le importa que maten y agredan a periodistas. Tampoco le importó a Felipe Calderón. Ni a Vicente Fox.

En 15 años de los tres gobiernos han sido asesinados 107 periodistas, según el cómputo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el de Calderón –a quien ayer le llamaron “asesino” en el autódromo– ha sido el más cruento: Suman 47 los atentados a medios de comunicación desde 2006 y 20 periodistas desaparecidos.

En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en honor a los comunicadores asesinados en Mali, con el fin de comprometer a los Estados miembros a tomar acciones contra este fenómeno.

La Asamblea General de la ONU resolvió 18 de diciembre de 2013 convocar a los países integrantes a adoptar medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones, pero también los exhortó a promover un entorno propicio y seguro en que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.

Se trata, entonces, de un deber de los Estados, no de un capricho de los gobernantes, como parece ser en el caso de México. Tampoco se trata de que los periodistas tengan un fuero o un tratamiento especial, como suponen algunos en el gremio, sino de garantías básicas para el desempeño de la actividad informativa.

La abulia de Peña y Osorio Chong es contagiosa: Si a ellos no les importa honrar el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, a la procuradora general de la República, Arely Gómez, tampoco.

Sólo el fiscal para atender las agresiones contra periodistas, Ricardo Nájera –quien fue vocero de Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República (PGR)– rindió un burocrático informe sobre los cursos que ha impartido la dependencia a sus funcionarios para relacionarse con los trabajadores de los medios.

No existe, pues, ningún interés del gobierno de Peña –ya no digamos de los poderes del Estado– para la protección de los periodistas en México. Y la única certeza es que seguirá habiendo asesinatos en Veracruz y en donde sea.

Pero tampoco existe interés genuino desde el poder para cesar la matanza de mujeres, que alcanza niveles escalofriantes con una tendencia a la alza: Siete al día.

Ayer mismo en Cancún, Quintana Roo, y apenas horas después de que unas seis mil personas protestaron por el feminicidio de María Karen Carrasco Castilla, exalumna de la Universidad del Caribe, fue hallado el cuerpo de otra mujer asesinada a puñaladas. Fue la tercera víctima en octubre.

La ONU, que el 25 de noviembre conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considera alarmantes las cifras de feminicidios en México.

Cifras de ese organismo establecen que en 2007 se registraron mil 87 asesinatos de mujeres, pero cada año aumentaron, particularmente en 2011 (2 mil 712), 2012 (2 mil 752) y 2013 (2 mil 502).

En el Estado de México se decretó una alerta de género por 922 casos documentados de feminicidio entre 2005 y 2010, justo cuando Peña era gobernador, y en la Puebla del panista Rafael Moreno Valle se han acumulado, según el Observatorio Ciudadano de Justicia Social, 280 feminicidios y más de 400 mujeres desaparecidas.

Nadie puede ser indiferente ante estas infamias…

Apuntes

Sobrecoge la noticia: José Luis Rodríguez Muñiz, de 31 años de edad, subió a su cuenta de Facebook un video con duras críticas a las autoridades de Chihuahua, incluido el gobernador César Duarte. Horas después apareció muerto a balazos en Ciudad Juárez…

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419802