domingo, 25 de octubre de 2015

Lluvia sobre Peña Nieto.

De Pablo Gómez.

Nunca un presidente de la República había sido tan vapuleado desde los organismos de derechos humanos. Todos los comisionados que vinieron se fueron después de hacer fuertes reclamos. Otros recibieron al gobierno y a éste no le fue tampoco bien. Para completar el cuadro, el Departamento de Estado del vecino del norte ha dicho a las claras que no pudo acreditar ante el Congreso de su país que se estuviera mejorando el respeto a los derechos humanos en México, por lo cual no había podido obtener la autorización para ejercer unos cinco millones de dólares para el actual año fiscal estadunidense. El gobierno de México declaró que no admitía calificaciones extranjeras pero no explicó que ya las había aceptado cuando firmó la Iniciativa Mérida y después la mantuvo vigente. Nomás le falto a Peña que se le acercara un can con propósitos nada edificantes.

Más allá de las incomodidades del gobierno mexicano, la cuestión estriba en la situación de los derechos humanos en el país. Una sucesión de hechos indica que el gobierno no sólo viola tales derechos sino que deja de cumplir con sus obligaciones para proteger a la gente, las cuales son elementos básicos de toda función gubernamental.

Uno de los voceros del gobierno, Campa Cifrián, ha dicho que la Procuraduría General de la República es la encargada de todo lo relacionado con el caso Iguala. Lo dijo como una forma de no dar importancia al hecho de que la SEIDO ya no seguirá con las pesquisas sino otra subprocuraduría, justamente la que tiene a su cargo el respeto a los derechos humanos. Pero el punto no estriba en esto. Campa se equivoca. El problema es que la policía que depende de la Secretaría de Gobernación no es interlocutor de nada relacionado con la violencia ni la crisis de derechos humanos en el país, a pesar de que la Constitución le permite investigar los delitos. ¿Dónde está la policía? La verdad es que no existe sino para vigilar, para patrullar, para perseguir delitos en flagrancia. México no tiene policía, esa es la verdad.

En tanto esta situación siga igual,la PGR no podrá hacer nada pues carece de fuerza, sólo tiene unos abogados en funciones de fiscales y unos investigadores que jamás podrán abarcar la función policial en toda su dimensión.

Mientras que Peña es señalado dentro y fuera del país como un presidente incapaz de brindar garantías y proteger los derechos humanos de la población mexicana, la policía a su cargo directo se esconde, no da la cara, es como un turista que se pasea por la Costera de Acapulco pero es incapaz de averiguar los asesinatos, secuestros y extorsiones que ocurren a dos cuadras de su perímetro de vigilancia. Lo mismo ocurre en todas las ciudades y zonas rurales.

La Policía Federal ha sido un fracaso rotundo. Si se debe perseguir al ‘Chapo’ Guzmán, es la DEA la que le localiza y la Armada la que le persigue sin éxito, quizá porque alguien le avisó antes. La policía federal y el comisionado de seguridad ni siquiera sabían que el tal Guzmán Loera era perseguido cuando la prensa de Estados Unidos ya había informado al mundo, no sólo de la persecución sino de la nueva evasión y de las lesiones del perseguido. Todo es una vergüenza.

Por todo esto y más se ha producido una “lluvia” de acusaciones y reclamaciones contra Peña Nieto en todo el ámbito de la lucha a favor de los derechos humanos. Por eso también mucha gente dentro de México espera alguna definición gubernamental al respecto. Pero nada. No hay ningún plan nuevo sino un seguir en las inercias y justificaciones. Cuando se le pregunta al gobierno mexicano cuándo retirará al Ejército y la Armada de la lucha contra los narcotraficantes, la respuesta es sencillamente que nunca porque no se le ve final a la crisis de violencia que azota al país. Pero Peña Nieto no intenta una explicación al respecto. En realidad, en lugar de tratar de dar alguna satisfacción a sus interlocutores en Washington y Nueva York, lo que tampoco hace bien, Peña debería ofrecer exactos razonamientos a los mexicanos y mexicanas que, dígase lo que se diga, viven la crisis de violencia como si la sintieran en carne propia por la sencilla circunstancia de que cualquiera puede ser víctima.

Sí, le ha llovido a Peña. El mayor problema sin embargo es que él ni siquiera lo siente. Sigue exactamente igual que antes.
 
Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419010

viernes, 23 de octubre de 2015

Revelación de Mexicoleaks: la mentira del general Antúnez.

De: Luciano Campos Garza.

Hace cinco años y medio fueron asesinados a balazos dentro del campus central del Tecnológico de Monterrey los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo sin que hasta ahora se les haga justicia.

Ambos eran estudiantes de esa institución, según admitió el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa; incluso se les rindió tributo con un minuto de silencio en el Congreso de la Unión.

A contracorriente, el general Cuauh­témoc Antúnez Pérez, comandante de la Séptima Zona Militar en ese tiempo, redactó un informe obtenido por el grupo de periodistas de la plataforma Mexicoleaks, de la que forma parte Proceso, según el cual Jorge Antonio y Javier Francisco cayeron durante “un enfrentamiento del Ejército con delincuentes” la madrugada del 19 de marzo de 2010.

Hoy, ese militar es secretario de Seguridad Pública estatal en la administración de Jaime Rodríguez, El Bronco. Organismos civiles de la región protestaron al enterarse de su designación y señalaron sus implicaciones en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura que nunca fueron aclarados y cuyas víctimas no recibieron justicia (Proceso 2032).

Según la versión del documento extraurgente que el general Antúnez Pérez dirigió “a la superioridad” en papel membretado de la Secretaría de la Defensa Nacional el 5 de abril de 2010 (folio 08739), varias personas dispararon a las tropas desde una camioneta Yukón aquella madrugada de marzo.

Del vehículo “descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”, escribió el militar.

Antúnez Pérez escribió su reporte interno luego de recibir el mensaje numerado como DH-IV-3665 fechado el 29 de marzo de ese año en el que se le informa que el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, abrió de oficio la queja CNDH/2/2010/1508/Q “en agravio de los extintos Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso”.

El propósito del militar fue reforzar la versión emitida por el mando territorial de la Séptima Zona Militar, con sede en el municipio metropolitano de General Escobedo, el 19 de marzo de ese año en un boletín en el que asentó:

“Una persona se acercó para manifestar (a las tropas) que en la avenida Garza Sada cruce con avenida Jesús Elizondo (sic) de dicho municipio se encontraban varias personas a bordo de diferentes vehículos con armas largas y en actitud sospechosa.

“De este evento resultaron muertos dos individuos que hasta el momento no han sido identificados… Cabe hacer mención que durante el enfrentamiento resultó herido un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención médica, encontrándose estable.”

En su informe del 5 de abril, Antúnez Pérez expuso: “Por lo anterior, se desprende que el personal militar actuó repeliendo una agresión real, inminente, violenta y sin derecho, actuando en legítima defensa, resguardando su integridad personal, adecuando su conducta al marco de la legalidad establecido en nuestra legislación interna, protegiendo los intereses de la sociedad al enfrentar a miembros de la delincuencia organizada”.

Meses después, en agosto de 2010, el ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva emitió la recomendación 45/2010 y concluyó que el Ejército disparó a los estudiantes y que la escena del crimen fue manipulada para sembrarles armas.

La recomendación 45/2010 de la CNDH concluyó: “Esta Comisión Nacional observó que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso no portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada, como de manera inconducente sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en el informe que rindió ante este organismo nacional.

“Además, Jorge Antonio Mercado Alonso presentó seis heridas producidas por proyectil de arma de fuego, dos de las cuales fueron realizadas a corta distancia, en tanto que Javier Francisco Arredondo Verdugo presentó siete heridas generadas por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el acta de fe ministerial e inspección cadavérica.”

El ómbudsman pidió también que se limpiara el nombre de los dos estudiantes: “Resulta necesario aclarar con toda energía que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso eran estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, no viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares, no portaban armas ni eran miembros de la delincuencia organizada”.

Confusión, solapamiento e
impunidad

El 22 de marzo de 2010, tres días después del presunto ataque a los militares, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, viajó a esta ciudad donde se entrevistó con el gobernador Rodrigo Medina, y funcionarios del tec de Monterrey. Se comprometió a esclarecer la muerte de Jorge Antonio y Javier Francisco.

“Reconozco que los dos estudiantes estuvieron en la línea de fuego del lado donde los soldados eran agredidos por criminales –dijo el funcionario calderonista en conferencia de prensa–. Ofrezco que se profundizará una investigación que saque a todos la verdad y deje a todos un aprendizaje sobre esta triste tragedia para evitar este tipo de situaciones en el futuro, sin menguar en nada el ánimo de la autoridad para proteger a la gente.”

A su vez, el rector del tec, Rafael Rangel Sostmann, admitió que, inicialmente, los guardias del campus se confundieron en identificar a las personas abatidas, lo que dificultó el reconocimiento de los cadáveres. Reveló también que su error fue confiar en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, encabezada por Alejandro Garza, que le entregó información errónea que él divulgó.

El 20 de marzo, el presidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala dieron sus condolencias a los familiares de los estudiantes en un comunicado; Gobernación emitió un comunicado en torno al incidente, ocurrido “en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el que desafortunadamente perdieron la vida los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo”.

El boletín no señaló cómo murieron los estudiantes. Sólo menciona que una vez controlada la situación, “arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC, personal de peritos en balística y del Semefo para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos”.

Cinco años y medio después de aquel supuesto “enfrentamiento de tropas del Ejército con delincuentes”, luego de las aclaraciones de las autoridades estatales y federales, de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las protestas de organizaciones civiles de Nuevo León, no se ha hecho justicia a las víctimas. Y el general que emitió un reporte interno a “la superioridad” en el cual, según el ómbudsman nacional, alternó los hechos, es parte del gabinete del controvertido gobernador independiente Jaime Rodríguez, El Bronco.
 
Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=418857

martes, 13 de octubre de 2015

Nestora y la CIDH.

De: Marta Lamas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA visitó México para escuchar las denuncias y testimonios de propia voz de las personas violentadas. Hace mucho que la CIDH no había viajado a México en una misión oficial, y la expectativa que despertó su llegada es símbolo de la creciente preocupación en nuestro país por las constantes violaciones de todo tipo a los derechos humanos. El lunes 28 de septiembre se efectuó la sesión sobre “Situación de Periodistas y Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y el Mecanismo Nacional de Protección”. Asistió la comisionada Tracy Robinson, una destacada abogada jamaiquina que preside la Comisión desde enero de 2012, y Edison Lanza, el relator especial para la Libertad de Expresión, un periodista y abogado uruguayo, experto en temas de libertad de expresión y derecho a la información.

Programada para realizarse entre las 15 y las 16:15 hrs en una sala del Hotel Fiesta Americana, la afluencia de personas y organizaciones que asistieron para hacer oír sus denuncias fue tal que se tuvo que reducir la participación a intervenciones de tres minutos. Las denuncias giraron sobre los temas de siempre: la impunidad, el despojo, el hostigamiento y las agresiones, muchas mortales, a los defensores y a los periodistas –todo ello en un contexto de simulación por parte de muchas autoridades gubernamentales. Y como “El Estado hace como que cumple, pero no cumple”, la reiterada solicitud a la CIDH fue no solamente la de que intervenga para que se establezcan protocolos más claros de protección, sino para que se logre una mayor supervisión de las acciones de gobierno, y en especial, para que compruebe que éste hace lo que dice hacer.

Entre quienes se habían inscrito para hablar estaba Grisel Rodríguez, una de las hijas de Nestora Salgado, quien, junto con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, me invitaron a estar en la sesión y decir unas palabras. Grisel hizo una muy emotiva intervención sobre el dolor que le ha causado la injusta detención de su madre, y sobre la forma en que esto ha afectado a toda su familia. Mi intervención se centró en señalar que aunque desde septiembre del año pasado Nestora está incluida dentro del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno, esto no ha hecho una diferencia en su injusta privación de la libertad. A los absurdos cargos que se le imputan (tiene seis procesos penales abiertos por secuestro, robo y homicidio) y a la grave ausencia de debido proceso, se suma el hecho de que ninguno de quienes la acusan se ha presentado a testificar y el de que luego de dos años en prisión sigue sin sentencia. Al oír esto, la comisionada Robinson dudó de lo que estaba escuchando y pidió que se lo repitiera. Lo hice, señalando que Nestora ya ha pasado dos años presa y sigue sin que se le dicte sentencia. A pesar de que el gobierno federal ya levantó los cargos, la Fiscalía de Guerrero los sostiene, y me parece que tal actitud del fiscal Miguel Ángel Godínez proviene de que está amenazado o de que está comprado.

No tuve tiempo de decir que también creo que en lo que le ocurrió a Nestora hay una buena carga de machismo. Nestora, a quien le dolía la exclusión y pobreza de las comunidades indígenas y le preocupaba la situación de subordinación de las mujeres, asumió el compromiso de ser una comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá para abordar esas cuestiones. Cobrar conciencia de la situación en que se encontraba su comunidad produjo una significativa transformación en su praxis, con efectos, tanto positivos como negativos, entre sus paisanos. En el ominoso proceso de descomposición en que se halla inmerso Guerrero, la actitud de Nestora de enfrentarse a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos causó asombro y orgullo entre muchas personas, pero también enfureció a los varones que vieron afectados sus sucios negocios e ilegales prácticas. Pero además la valiente actitud de Nestora no sólo afectó oscuros intereses, sino que además puso en cuestión un elemento fundante del machismo: “los hombres mandan”. “¡Cómo que una mujer se atreve a detener a un síndico y a encarcelarlo en la Casa de Justicia! ¡Qué se cree esa pinche vieja! Hay que darle una lección de quién manda aquí”.

Cuando Nestora trató de detener el comercio de la droga e intentó hacer justicia, también puso en cuestión el poder de una virilidad machista. Así, los gobernantes corruptos y los voraces empresarios que se aprovechaban de las condiciones de vulnerabilidad de la gente no sólo se vieron amenazados en sus transas, sino también en su virilidad. ¡Demasiado para esos individuos! Había que frenarla a toda costa y así dar una lección para que ninguna otra mujer se ande saliendo del huacal. Y como ellos mismos andan en la ilegalidad, la manera de hacerlo fue igual: mintiendo, haciendo trampas, tergiversando hechos.

Nestora Salgado, una luchadora social que puso en evidencia el Estado fallido y la inseguridad que mantiene un gobierno local, representa una alternativa de justicia comunitaria indígena, una gestión policiaca comunitaria efectiva, y una nueva forma de asumirse mujer. Y esto a los machos los saca de sus casillas.
Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=417779

jueves, 8 de octubre de 2015

El “Complot Mongol” contra Peña Nieto.


De: Jenaro Villamil.

Seguramente el habitante actual de Los Pinos y sus principales asesores desconocen la novela de Rafael Bernal, El Complot Mongol, que relata una serie de intrigas tan fascinantes como irreales en el corazón del Barrio Chino de la Ciudad de México, en plena calle de Dolores, donde el matón Filiberto García desentrañará un complot contra la paz mundial, con la ayuda del FBI y de la KGB, al mismo tiempo.

Ahora, en plena crisis de credibilidad del gobierno federal, hay un mejor complot que el inventado por Bernal. Este nuevo complot tiene como objetivo derrumbar a las instituciones mexicanas, vulnerar al Ejército y su prestigio nacional, utilizar a las víctimas de las masacres de Tlatlaya, Iguala y Ayotzinapa –más las que se acumulen– en un juego de poder comandado por el multimillonario norteamericano George Soros y “fuerzas oscuras” internacionales, radicadas en Estados Unidos.

Por más delirante que parezca, el nuevo “complot mongol” contra Peña Nieto no lo encabeza ni el populismo de Andrés Manuel López Obrador, que adquirió estatura internacional gracias a los discursos del hijo predilecto de Atlacomulco en Palacio Nacional y ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas.

No es el populismo del dos veces candidato presidencial, exjefe de Gobierno capitalino y líder del nuevo partido Morena, el auténtico “peligro” para México, sino una conjura que se armó en las oficinas del excéntrico multimillonario George Soros, quien seguramente dio la orden hasta la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, para mandar al matadero a decenas de jóvenes estudiantes y crearle un problema de Estado al pobre Peña Nieto, con tal de quedarse con nuestro petróleo.

Según las versiones que comienzan a correr entre el club del nado sincronizado que cobra en Los Pinos y publica en columnas y blogs de autoconsumo de la clase política, la matanza de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala son un montaje y una conjura para debilitar al Estado mexicano a través de organismos no gubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro ProDH, y el gran paraguas financiero de George Soros, a través de su “brazo desestabilizador”: la fundación Open Society.

Así lo redactó Ricardo Alemán, columnista de El Universal, quien no necesita documentar ni sustentar ninguna de sus sentencias porque todo es una revelación divina, como le sucedió a Moisés cuando le dieron las diez tablas de la ley hace ya varios cientos de años:

“Hoy es posible probar que detrás del montaje de Tlatlaya están las mismas organizaciones no gubernamentales que tripulan el caso de Los 43 de Iguala. Y si lo dudan basta echar una mirada al informe parcial, nada serio, tramposo y hasta chabacano que el 2 de julio de 2015 emitió el CentroProDH; organización propiedad de Emilio Álvarez Icaza, que engañó con el cuento de que los efectivos militares habían recibido la orden de exterminar de noche a los integrantes del crimen organizado.

“El Centro ProDH es el mismo que tripula y mantiene secuestrados a los padres de Los 43 de Iguala; el mismo que controla la información sobre el caso de los normalistas, el mismo que ‘pastorea’ a los dizque expertos de la CIDH y el mismo que recibe jugosos dividendos de organizaciones extranjeras interesadas en desestabilizar gobiernos democráticos, como la Open Society Foundations, del magnate interesado en el petróleo mexicano, George Soros.

“El Centro ProDH es el brazo operativo de Emilio Álvarez Icaza, a quien Soros impulsó en la CIDH. Y el Centro ProDH es la organización que cooptó, financió e instruyó a las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Tlatlaya –que casualmente no fueron asesinadas–, pero que de manera repentina acusaron a los militares de haber ejecutado a los integrantes de una banda del crimen organizado a la que pertenecían”.

Bajo la lógica de este redactor de complots, seguramente la periodista Carmen Aristegui –quien anunció que llevará su litigio contra MVS y el Estado mexicano a la CIDH–, forma parte del complot de George Soros. La misma revista Proceso que entrevistó a Emilio Álvarez Icaza, los miles que han marchado demandando justicia en el caso Ayotzinapa, los reporteros de Squire y de AP que revelaron detalles de la matanza de Tlatlaya y hasta quienes se han reunido con los integrantes de la CIDH forman parte de la nómina de George Soros.

Es más, hasta el mismo Joaquín El Chapo Guzmán se escapó del penal del Altiplano por órdenes de Soros y de Emilio Álvarez Icaza y, en el colmo del delirio, los cinco jóvenes ejecutados en la colonia Narvarte de la Ciudad de México seguramente fueron asesinados por sicarios de la CIDH para “manchar” la trayectoria de este gran amigo de los opinólogos pagados por el erario de Veracruz, Javier Duarte.

Los delirios serían un caso excepcional si no estuviéramos ante una intensa campaña de medios de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de su titular Salvador Cienfuegos, para negar cualquier responsabilidad “por comisión u omisión” en estos casos y, sobre todo, para advertir que las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen por qué rendir cuentas ante ningún grupo de expertos ni ante ninguna instancia internacional.

La “entrevista” de Cienfuegos en el Canal 2 de Televisa, más la reacción visceral de funcionarios, columnistas y hasta defensores oficiales de derechos humanos al informe de la CIDH sobre la situación de graves violaciones a garantías individuales en México, apuntan a que un espíritu peor que el del Complot Mongol comienza a permear en el gobierno federal: es el Gustavo Díaz Ordaz que se siente felizmente incomprendido por haber caído en la trampa de su propia paranoia.
 
Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=417451