Ayotzinapa y el surgimiento del narco Estado.

 De: José Gil Olmos.
El caso de Ayotzinapa es más que un dolor de muelas para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos lo comparan con la matanza de 1968 que marcó al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por ordenar la represión de los estudiantes en Tlatelolco.

La comparación, sin embargo, no es válida pues a diferencia de esta última, en la que participó el Ejército y la policía, en el caso de los estudiantes de la Normal Superior de Guerrero, la desaparición forzada fue una acción concertada entre distintos actores de gobierno y el crimen organizado, dejando a la luz pública lo que no se quiere reconocer en los niveles más altos del gobierno mexicano: el surgimiento del Narco Estado.

A punto de cumplirse un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, lo que más les cuesta creer a los distintos actores políticos y representantes del gobierno federal es que el Narco Estado o el cogobierno del crimen organizado en México ya es una realidad.

Los casos de Guerrero y Michoacán son los ejemplos más claros de la fusión del poder político con el de las bandas del crimen organizado y de cómo este último ha avanzado hasta llegar a controlar zonas del territorio nacional donde no hay otra ley que la voluntad del jefe de la plaza que puede ser el gobernador o el jefe de la policía.

En estas dos entidades hay revelaciones de los grupos criminales que afirman haber entregado a los gobernadores en turno grandes cantidades de dinero para que ganaran las elecciones hace cuatro años.

Sidronio Casarrubias, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, reveló hace tiempo que la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero fue financiada por la familia Pineda Villa, de la cual era parte María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala y operadora de ese mismo grupo criminal.

Por su parte, Servando Gómez La Tuta aseguró que Los Caballeros Templarios hicieron una campaña de inhibición con gente armada en contra de los otros candidatos del PAN y del PRD, así como haber entregado 300 millones pesos a Jesús Reyna para que ganara el priista Fausto Vallejo.

Tanto en Michoacán como en Guerrero se perfiló con claridad la existencia del Narco Estado con sus respectivas características similares:

El control de territorio por parte de los grupos criminales; la imposición de jefes policiacos a la voluntad del crimen organizado; la corrupción de las autoridades civiles y militares; el cogobierno; la economía local en manos de industria criminal; el cobro de impuestos como el derecho de piso y la instauración del terror como principal instrumento de control y dominio social.

A un año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto no tiene una investigación profunda, seria y creíble. Lo único claro es que detrás de todo está la manifestación poderosa del Narco Estado como la forma de gobierno en Guerrero.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=416222

Pierden tres años cuerpo de joven hallada 2 días después de asesinada.

 

De:  Eirinet Gómez.

Cristina Hernández Montero interrumpe el llanto para despedirse: Yo siempre te busqué, hija, aquí está la prueba. Para que todos puedan verla, frente al cortejo fúnebre extiende con las dos manos la hoja de búsqueda que se elaboró cuando hizo el reporte de desaparición de su hija.

Los asistentes al cementerio Bosques de Xalapa, la mayoría familiares e integrantes del Colectivo por la Paz, hacen un silencio, interrumpido sólo por sollozos y las maniobras de los sepultureros que inhuman los restos de Anayeli Jiménez Hernández, de 31 años.

El 25 de febrero de 2012 Anayeli perdió contacto con su familia. Dos días después, sus restos fueron localizados en Barranca Grande, municipio de Cosautlán. Sin embargo, pese a que su ma- dre hizo el reporte de la desapa- rición (Ausente AF/1689/2012), las autoridades no le reportaron el hallazgo, hasta hace apenas una semana, después de tres años de búsqueda y una labor dramática que incluyó buscar a su hija entre álbumes fotográficos de personas muertas.

Cristina miró miles de fotos, lo hicimos juntas. Las autoridades ponían un proyector y nos pasaban foto por foto. Sale una de ahí con dolor de cabeza, mareada y con ganas de vomitar de tanto muerto desconocido que ve, relata una madre integrante del Colectivo por la Paz Xalapa, que acompañó a Cristina en la lucha por la búsqueda de su hija.

Después de 36 meses de observar fotografías de fallecidos, de reuniones con autoridades, de participar en manifestaciones para exigir agilidad en las investigaciones, hace una semana, las autoridades se comunicaron con Cristina Hernández.

La directora general de investigaciones ministeriales, Rosario Zamora González, la citó en la Fiscalía de Justicia del Estado, y le pidió ir acompañada de un familiar. Ahí le mostraron un álbum de fotos en las que aparecían seis personas, entre ellas su hija. Las facciones, la ropa y un lunar coincidían.

Entre el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, y el Colectivo por la Paz Xalapa, se han tomado acuerdos para identificar a personas desaparecidas.

Uno consiste en que cuando el cuerpo de una persona desaparecida es identificado a partir de una foto, a los restos se les debe practicar una prueba de ADN que confirme el hallazgo y dé certidumbre total a los familiares de la víctima.

Tanto la busqué; estaba cerquita

Este no fue el caso de Anayeli. A sus familiares se les sugirió aceptar el cuerpo sin realizar la prueba de ADN, con la condición de enterrarlo de inmediato. Ni pensar en velarlo. Agotada por la larga búsqueda, Cristina Hernández aceptó el cuerpo y le dio sepultura. A una de sus compañeras del Colectivo por la Paz le comentó: Tanto que la busqué, tanto, y ella tan cerquita que estaba. Todo este tiempo, los restos de su hija, estuvieron en la fosa común de Teocelo, cerca de la capital del estado.

El caso de Anayeli Jiménez provocó indignación entre familiares de personas desaparecidas. Tanto el Colectivo por la Paz Xalapa como El Solecito de Veracruz criticaron la actuación mediocre, insensible e inhumana de la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado, el colectivo El Solecito de Veracruz, firmado por Lucía de los Ángeles Díaz, acusó a la fiscalía de ocultar los restos humanos que son tirados en lotes baldíos, arroyos y fosas clandestinas, así como de entregar restos humanos sin ser identificados debidamente.

Como ejemplo del ocultamiento de cadáveres, el colectivo recordó el caso de las fosas en el bar Mi Gente y un predio ubicado en la zona norte del puerto de Veracruz, ubicadas en abril pasado. Subrayó que esa ocasión el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras dijo que pese a una exhaustiva búsqueda no habían encontrado restos humanos, sólo un esqueleto canino.

No obstante, dos días después, en un operativo de elementos de la Policía Federal y Marina Armada de México, coordinado por la Procuraduría General de la República, se descubrieron en el mismo sitio restos humanos.

Ángeles Díaz afirmó que el personal de la fiscalía general del estado ha demostrado su incapacidad y deshumanización. Aseveró que la gestión de Bravo Contreras, al frente de la dependencia, se puede resumir en una palabra: fracaso. Desgraciadamente para las familias, un fracaso insoportablemente doloroso.

Fuente La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/21/estados/030n1est

Investigaciones para encubrir.

 

De: Jesús Cantú.

La característica distintiva de la Procuraduría General de la República en este sexenio es la elaboración de investigaciones que inculpen y exculpen de acuerdo con su conveniencia. Esa justamente ha sido la tónica en todas las ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos en casi todos los casos –Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, entre los más relevantes–, y son los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil los que han aportado elementos incontrovertibles que los obligan a revisar su “verdad jurídica”.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa tuvo características peculiares, distintas a los otros tres casos citados, porque lo primero que se conoció fue la agresión contra el autobús en el que viajaba el equipo de futbol Los Avispones; luego, la denuncia de la desaparición de los estudiantes, que se pretendió desacreditar de inmediato porque aparecieron algunos de los presuntamente desaparecidos; y finalmente construyeron la versión que les permitiera liberar de cualquier responsabilidad a la Policía Federal y al Ejército, así como decretar la culpabilidad del alcalde de Iguala y su señora, lo mismo que de las policías municipales de Iguala y Cocula.

Para sustentar dicha versión tuvieron que inventar (como hoy queda ya demostrado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –GIEI– de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que el Ejército y la Policía Federal fueron totalmente ajenos a los hechos, que ni siquiera supieron de los mismos en el momento en que estaban ocurriendo; y, desde luego, lo más inverosímil, que los cuerpos de los 43 normalistas habían sido cremados en una pira en el basurero de Cocula.

Dicha especie era el fundamento para que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara sus 10 medidas contra la inseguridad, en las que incluyó la ­desaparición de las policías municipales y el establecimiento del mando único estatal; pero también para salvaguardar la imagen de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal y evitar que la desaparición afectara al presidente, al gobierno federal y al mismo PRI que, cobijado por la “verdad histórica”, logró recuperar el gobierno de Guerrero.

En este caso, el escándalo nacional e internacional era tal que el gobierno tuvo que convocar al GIEI, pensando que la PGR había elaborado una versión sustentable e integrado un expediente presentable; pero el GIEI echó por tierra la versión y despedazó la averiguación previa. Dos de los tres principales señalamientos ya habían sido ventilados en los medios de comunicación masiva con elementos muy sólidos: el conocimiento en tiempo real de los acontecimientos por parte del Ejército y la Policía Federal (Proceso 1978, 1989, 1990, 1992, 2015 y 2027); la imposibilidad de que los cuerpos hubiesen sido incinerados en el basurero (Proceso 1985 y 1990); y la existencia de un quinto autobús, que eventualmente transportaba droga y que los estudiantes secuestraron sin saberlo, hecho que despertó la reacción de la delincuencia organizada –el único aspecto que no había sido analizado profundamente.

En el caso Tlatlaya la PGR tuvo que modificar su versión inicial y aceptar que los presuntos delincuentes sí fueron ejecutados; pero todavía hoy se empeñan en exculpar a los mandos superiores, a pesar del devastador informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en relación con que la instrucción de ejecutar a los presuntos delincuentes viene de la cúspide de la cadena de mando, es decir, desde el mismo secretario de la Defensa Nacional. Si hoy una comisión de expertos revisara dicho expediente y pudiera emprender pesquisas como las efectuadas por la GIEI en el caso Ayotzinapa, seguramente también destrozaría dicho expediente. En el caso de las matanzas de Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, el asunto es todavía peor, pues ni siquiera han aceptado que no fueron enfrentamientos, sino ejecución extrajudicial de víctimas desarmadas.

La gran diferencia en estos cuatro casos es que únicamente en el de Ayotzinapa, por la presión pública nacional e internacional, el gobierno tuvo que abrirse a un escrutinio externo, y éste confirmó lo que ya había sido denunciado por expertos y los medios nacionales; pero en los cuatro, la supuesta verdad jurídica de la PGR es insostenible.

En estos momentos las únicas consecuencias de dicho informe son sobre la opinión pública, y obligaron de inmediato a Peña Nieto a ordenar atender el informe; sin embargo, las autoridades responsables de las investigaciones de inmediato respaldaron su versión. Primero fue Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, quien el mismo lunes por la mañana afirmó en una entrevista en Radio Fórmula que los cuerpos sí fueron cremados en el basurero; y, posteriormente, el miércoles 9 de septiembre, altos mandos de la Comisión Nacional de Seguridad consultados por Reforma señalaron que “la Policía Federal no tiene acreditada la intercepción por parte de elementos de dicha corporación” del quinto autobús, según publicó el diario en su edición del jueves 10 de septiembre.

Así que todo indica que, a pesar de la existencia de un informe pormenorizado de un grupo de expertos internacionales, la PGR y las distintas corporaciones de seguridad involucradas sostendrán su versión por inverosímil que resulte.

No obstante, las consecuencias internacionales para el Estado mexicano serán funestas, tanto por el impacto en la opinión pública y sus efectos devastadores en el ámbito económico –lo han venido expresando con toda claridad diversos analistas– como en las cortes internacionales, pues es un hecho que si no hay una modificación radical de la “verdad oficial” el asunto terminará en los tribunales internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Internacional de Justicia de La Haya), los que sí tomarán muy en cuenta el informe del GIEI.

El informe de este grupo de expertos internacionales no tendrá hoy en México el impacto que tuvo en Guatemala la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque sus atribuciones son muy diferentes (en el país centroamericano la Comisión puede querellarse directamente ante las instancias del Poder Judicial, y aquí el GIEI simplemente emite una opinión sin ninguna consecuencia jurídica inmediata); pero en el mediano y largo plazos las repercusiones para México pueden ser muy graves, por el empecinamiento y el cinismo del presidente y su gabinete de integrar investigaciones amañadas pese a las contundentes evidencias que las desmienten.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=415656

Es la corrupción, estúpido.

De Jorge Zepeda Patterson.

No, no es la economía lo que causa el desamor de los mexicanos por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, como sentenciaba para Estados Unidos la famosa frase de Bill Clinton (It’s the economy, stupid). Es la corrupción. Los niveles de aprobación son los más bajos que un presidente mexicano haya tenido en décadas y siguen desplomándose no porque las tasas de economía sean más bajas que las esperadas, sino porque un caso de corrupción tras otro ha terminado por convertirse en la reiteración semanal del desencanto y la exasperación.

Las infamias de esta semana son como para comenzar a ver a Guatemala con admiración, luego de que la indignación popular terminó por echar al presidente de palacio en aquel país. Véase si no.

Hace dos días pudimos ver el vídeo en el que un policía siembra un arma en el auto de Paulo Díez, el abogado de la empresa Infraiber, con el objeto de fincarle cargos con el obvio propósito de castigarle. Infraiber es la empresa que demandó ante los tribunales a la constructora OHL por sus escandalosos y cuantiosos arreglos con el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de México. Lejos de proceder en contra de los funcionarios que han sido captados en audios ofreciendo apoyo ilegal para que la constructora se haga de licitaciones ventajosas o amplíe sus márgenes de ganancia, la justicia se ceba en contra de los que se han atrevido a denunciar la corrupción. Días antes, los mexicanos pudieron observar a Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo Higa, entre las filas de invitados especiales al informe del presidente; se trata de la empresa que construyó las casas obtenidas por la primera dama y por el secretario de Hacienda en condiciones sospechosas, por decir lo menos. El planteamiento del presidente fue claro: “Es mi amigo, y qué”. Acosar al abogado de Infraiber o exhibir la amistad con el empresario cuestionado por conflicto de intereses parecerían actos destinados a enviar un mensaje.

De otra manera, no podría entenderse la designación de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito en la secretaría de Gobernación hace unos días. Poco menos que colocar al borracho a cargo del bar. No sólo porque su perfil no tiene nada que ver con el puesto, salvo que cometer delitos ayude a prevenirlos. Escobar, exsenador y alto dirigente del Partido Verde, ha estado envuelto en varios escándalos de lavado de dinero: uno, por un maletín con más de un millón de pesos que portaba en condiciones oscuras el día previo a una jornada electoral; otro, por la subcontratación de empresas familiares con dinero del partido. Pero sobre todo, Escobar ha sido operador de algunas de las triquiñuelas orquestadas por el Verde para violentar las leyes electorales. Por lo demás, la subsecretaría ahora a su cargo fue creada, entre otras razones, para establecer un puente con la sociedad civil capaz de construir condiciones para que los jóvenes tengan otras alternativas distintas a la delincuencia. Esto implica trabajar con ONGs, activistas, líderes de barrio, autoridades locales; es decir, un universo de actores que cuestiona las prácticas fraudulentas del Verde para distorsionar el voto popular.

¿Qué está detrás de la persecución del abogado de Infraiber, o de la designación inexplicable de Escobar en la subsecretaría destinada a prevenir el delito, o de la invitación especial al empresario acusado de ser protegido por el gobierno? La primera impresión es que se trata de una acumulación de errores: torpeza, indiferencia, desaseo. Pero es tal la reincidencia y son tan inexplicables algunas de ellas, que llevan a pensar que se trata de otra cosa. ¿Una provocación? ¿Una burla? ¿Un mensaje? O quizá obedezca a que están tan inmersos en la corrupción que simplemente han dejado de verla; respiran en ella, se nutren de ella; y como el aire, se ha vuelto invisible. Salvo para el resto de los mexicanos, claro
Fuente: El País.

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442434139_755597.html

El informe del GIEI.

De: Carlos Fazio.

Fue el Estado. Con base en las actuaciones judiciales oficiales, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, viene a confirmar la configuración de delitos tipificados graves y considerados crímenes de Estado por el derecho internacional humanitario, y que en ellos participaron por acción u omisión al menos cinco corporaciones de seguridad: el Ejército, las policías federal, estatal y ministerial de Guerrero y municipales de Iguala y Cocula.

2. Seis personas fueron ejecutadas de forma extrajudicial, tres de ellas estudiantes de la normal de Ayotzinapa, dos con disparos a quemarropa, es decir, a menos de 15 centímetros de distancia (Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez), y otro fue previamente torturado y pudo ser ultimado con un tiro en el rostro (Julio César Mondragón); 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos de manera forzada, seguido del ocultamiento de su paradero y de las pruebas que puedan incriminar a los autores, con la finalidad de generar confusión y ambigüedad como una forma de evitar la investigación, el conocimiento real de los hechos y sustraer a las víctimas de la protección legal. Además, 40 personas fueron heridas, algunas de suma gravedad, y una se encuentra en coma y/o estado de estupor (el estudiante Aldo Gutiérrez).

Según el GIEI, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, el patrón de actuación de los perpetradores muestra dos momentos y perfiles distintos. En un primer momento, se trata de un ataque masivo e indiscriminado (disparos contra estudiantes y civiles desarmados y en actitud de huida) y además progresivo (persecución, disparos al aire, bloqueo, golpizas, disparos a matar y a quemarropa, preparación de emboscadas), en el que los autores no ocultaron su identidad: con o sin capuchas, fueron policías municipales (agentes del Estado) que actuaron frente a numerosos testigos sabedores de su impunidad y con base en miedo y terror paralizantes de la población de Iguala, construido con anterioridad.

Según la versión de la PGR, en un segundo momento existe una presunta desconexión entre el operativo de los agentes del Estado y la desaparición de los estudiantes, atribuida oficialmente a un grupo delincuencial ( Guerreros Unidos). Sin embargo, para los expertos ambos momentos forman parte de una misma acción. Es decir, la "decisión" sobre la desaparición "tuvo continuidad con la acción desarrollada desde el inicio", pero no se tomó de manera inmediata, ya que tuvo que prepararse la "infraestructura" necesaria para ocultar el destino de un grupo tan numeroso de personas; lo que además requirió de una gran capacidad de coordinación con otros autores intelectuales o materiales. El sofisticado modus operandi de los perpetradores: "convertir en cenizas" a los normalistas para que no pudieran ser identificados con pruebas de ADN (similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio) no se corresponde por el utilizado previamente por el grupo criminal aludido, además de que el informe muestra la imposibilidad de que hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

3. El nivel de los ataques masivos y sostenidos en nueve momentos y escenarios diferentes por más de tres horas, así como la intervención de distintos cuerpos policiales (federal, estatal, ministerial y municipal) y agentes de inteligencia militar (OBI, de civil), oficiales y soldados del 27 batallón de infantería del Ejército en Iguala −incluido su comandante, el coronel José Rodríguez Pérez, quien estuvo en contacto permanente con el mando de la 35 Zona Militar, general Alejandro Saavedra−, dan cuenta de una "coordinación central" u "operativa" de las fuerzas de seguridad del Estado, y de un "mando" que dio las "órdenes" hasta llegar a la desaparición de los 43 estudiantes.

Aparte de que no hubo un uso adecuado, necesario, racional ni proporcionado de la fuerza del Estado, para los expertos la acción de los perpetradores estuvo motivada por el hecho de que los normalistas afectaron "intereses de alto nivel". El hallazgo de un "quinto autobús" (desaparecido por la PGR en su investigación) podría ser un elemento clave para dilucidar los hechos; pero no explica las actuaciones de la Policía Federal y del Ejército, según obra en los expedientes y en documentos desclasificados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como se adelantó en este espacio en octubre de 2014, a través del sistema del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), las fuerzas armadas (Ejército y Marina), la Policía Federal, el Cisen y distintas estructuras de seguridad de Guerrero siguieron y monitorearon en tiempo real a los estudiantes desde su salida de la normal rural en Tixtla. Lo novedoso es que la Sedena manejó la información del C-4 de "manera restringida" cuando se estaban dando los ataques contra los normalistas: entre las 22:11 y las 23:26 (una hora y 15 minutos) y entre las 23:26 y las 2:21 (casi tres horas). La pregunta obvia, es, ¿por qué?

Tampoco es clara la actuación de los soldados del 27 batallón, que al mando de un capitán Crespo interrogaron estudiantes y dejaron desangrar a Édgar Andrés Vargas en el hospital Cristina, ni la del médico que arribó al nosocomio después de que los uniformados se retiraran. El médico testimonió que fue llamado al 27 batallón porque el "general Saavedra" quería que platicara con "unas personas de justicia militar", y el capitán Crespo pidió que no lo anotaran en el libro de entrada porque "es invitado de mi general". En tales condiciones, el galeno aceptó que firmó y puso su huella en una declaración rendida en el cuartel, lo que agrega más irregularidades a la actuación de la Sedena. De allí la necesidad que se autorice al GIEI entrevistar a los soldados del 27 batallón, y de paso inspeccionen si existen indicios de que hasta hace pocos meses pudo existir en ese cuartel o el de la 35 Zona Militar un horno crematorio.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/14/opinion/021a1pol

Otra mentira histórica.

De: José Gil Olmos.

La historia oficial mexicana está llena de mentiras que tarde o temprano han salido a relucir. No hace mucho en Tlatlaya dijeron que había habido un enfrentamiento en la muerte de 22 personas, pero resultó que fue una ejecución militar. Casi al mismo tiempo en Apatzingán dijeron algo parecido con 11 muertos y se descubrió que fue una masacre de policías federales. Igual fue en Ecuandureo con 43 ejecutados por policías o el caso de la colonia Narvarte donde dijeron que a las cuatro mujeres y al fotoperiodista Rubén Espinoza los mataron por libertinos.

Hoy la versión oficial de la supuesta quema y desaparición de 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa está derrumbándose con el informe de los peritos asignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes determinaron que no hay pruebas científicas que sostengan la versión oficial de la incineración de los jóvenes que fueron secuestrados por agentes de la policía del municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014.

El caso de Ayotzinapa se parece a muchos otros en los que la versión oficial carece de toda credibilidad como las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, el asesinato de Colosio, los 72 cadáveres de las fosas de San Fernando, Cadereyta y antes la masacre de Tlatelolco.

Y no porque ya no exista la confianza en el gobierno, sino porque constan pruebas palpables de que se trató de una acción, en este caso de una desaparición forzada, en la que participaron agentes del gobierno –policías y soldados—en contubernio con el crimen organizado.

El informe de la comisión de expertos de la CIDH es similar a la que presentaron con anterioridad los peritos argentinos y que ponían en duda la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los normalistas habrían sido incinerados en un tiradero de basura del pueblo de Cocula, Guerrero, por personajes pertenecientes a una banda del crimen organizado.

El informe no sólo desmiente esta versión oficial sino que ofrece pruebas científicas de la imposibilidad de una incineración como lo argumentó la PGR, usando llantas, trozos de madera, basura y unos cuantos litros de combustible. Además proporciona indicios de que hubo participación del Ejército y las policías estatal, municipal y ministerial quienes se enteraron del ataque a los estudiantes y, al menos no hicieron nada para evitar su secuestro.

La investigación de los peritos asignados por la CIDH también aporta elementos de que el gobierno mexicano no informó de la existencia de un quinto autobús que, de acuerdo con información periodística, podría haber estado cargado de droga pues el cártel de los Guerrero Unidos utilizaba precisamente autobuses de pasajeros para sacar de la zona serrana heroína con destino el mercado de consumo de Estados Unidos.

Frente a dichas pruebas contenidas en el amplio informe de más de 500 páginas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes elaborado en seis meses, Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), rechazó que Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, haya mentido.

El gobierno mexicano, con una imagen internacional depauperada, ha intentado defenderse como gato bocarriba, pero en cada movimiento se hunde más en un pantano de desconfianza que habrá de repercutirle en el futuro electoral.

La versión oficial del caso Ayotzinapa está hecha añicos y todo esfuerzo del gobierno de Enrique Peña Nieto por recomponerla fracasará. Sólo una investigación profunda y ajena a los intereses del propio gobierno dará una versión más cercana a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre cuando fueron secuestrados y desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa por manos del crimen institucionalizado.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=414936

¿Es culpable el Presidente?

 De: Ramiro Padilla Atondo.

En realidad y todos lo sabemos, se ha convertido en el deporte nacional reírse a costa de Peña Nieto. Pero quisiera ir un poco más allá. Yo mismo en innumerables columnas he expuesto el grado de ignorancia que lo aqueja, y que al parecer no lo hace sentir incómodo.

Las redes sociales se inundan cada vez que comete una burrada o habla de un país idílico que solo existe en la mente de los políticos. Pero, ¿qué tan culpable es? De manera simplista podríamos decir que mucho, que él es el culpable de todos los males que aquejan al país. Pero, ¿Y nosotros?

Los mexicanos vivimos el clásico ejemplo del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El sistema o nosotros? ¿La corrupción o la ignorancia? Estos temas concatenados hacen el vacío perfecto para que la corrupción avance rampante sin ningún obstáculo.

Ahora, ¿qué tan culpables somos nosotros de que alguien como él haya llegado? Lo digo sin afán de estar jodiendo. Los mexicanos somos tan poco proclives a la autocrítica que reflexionar sobre esto no nos hace ningún daño.

El Presidente se ha convertido en el perfecto pararrayos de todo un sistema que busca perpetuarse en el poder, y no descansa un solo día para conseguirlo.

Nuestra memoria se parece a la de aquella película con Adam Sandler y Drew Barrymore, donde la protagonista olvida todo en un día. Somos de memoria cortísima.

Peña Nieto es culpable de haber llegado sin las habilidades necesarias para un cargo tan importante en un país complejo. Es culpable de creer que se puede gobernar al estilo Atlacomulco, sin contrapesos. Pero de allí a que sea todopoderoso hay un mar de distancia.

Parte de las estrategias de manipulación mediática consisten en eso. Mientras nos la pasemos maldiciendo al Presidente, pero sigamos conformes con el sistema no podemos cambiar nada.

La clase política en general sabe que la culpa se difumina de manera rápida, su cinismo no tiene límite. La mediofagia nos tiene con una diabetes mediática incontrolable, incapaces de entender que consumir sistemas chatarra solo lleva a la enfermedad.

Es como culpar a la botella de coca cola. Y puede ser una analogía acertada. Todos culpamos al refresco sin entender que las estrategias acertadas de publicidad la han posicionado al grado de considerarla parte de los alimentos.

Así también con nuestro sistema. EPN fue posicionado mediáticamente y muchos millones de mexicanos se la tragaron. Lo de la casa blanca y demás lindezas no son sino ejemplos de cómo los privilegiados del presupuesto ven el poder.

Al presidente no le provocan un conflicto ético porque así fue educado. Somos culpables todos por ser clientela electoral, por tener pocas opciones y porque aceptamos que este mismo sistema nos las proporcione.

Tundirle al presidente todos los días puede ser catártico pero poco práctico. ¿Usted conoce a su diputado, a su regidor, a su senador, a su presidente municipal, a sus funcionarios? Mientras tiremos las piedras a lo lejos, serán poco efectivas. Pedir la cabeza del Presidente es poco práctico también, porque está visto que el sistema tiene demasiados controles para evitarlo. En un país medianamente democrático ya lo hubieran echado a patadas, aun los guatemaltecos lo han logrado.

EPN es culpable de muchas cosas, la credibilidad la perdió hace tiempo y no habrá fuerza que lo haga recuperarla. Pero nosotros también somos culpables por aceptar el status quo y negarnos a pasar de los tuits y los posts en el Facebook, a la acción.

El sistema no se cambia burlándose del Presidente. Él solo está de paso. El mal se extrae de raíz, a eso debemos de avocarnos. Y para eso debemos re educarnos. Allí está el quid del asunto. En fin.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/07-09-2015/38886

Beltrones, fascinación por un capo.

Por Álvaro Delgado:

¿Quién es Manlio Fabio Beltrones, el nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impuesto con todo el ritual rancio del autoritarismo y cuyo arranque de facto de su campaña presidencial fascina a los grupos de poder y motiva el vasallaje de periodistas y medios de comunicación?

Es un político tradicional que, alternando su presencia en las dos cámaras del Congreso, ha sido indispensable para Felipe Calderón –sin cuya intervención no habría tomado posesión en 2006– y Enrique Peña Nieto para aprobar reformas que, en uno y otro sexenio, sólo han generado crecimiento cero.

Beltrones es, además del principal arquitecto del andamiaje jurídico en México, el personaje clave también en la integración de las instituciones de los tres poderes del Estado e “independientes”, como el INE, la CNDH y el INAI, en cada una de las cuales ha sembrado a sus personeros y creado así una extensa red de complicidades.

Es el artífice de la reforma para que el presidente de la República pueda crear un gobierno de coalición con dos o más partidos políticos, cuyo estreno se proyecta para el 2018 –con él a la cabeza– y cuyo ensayo fue “de facto”, según expresión de él mismo, el Pacto por México entre priistas, panistas y perredistas.

Astuto y cautivador, Beltrones ha seducido a la oposición de derecha e izquierda y, en los hechos, la ha disuelto: Al PRD le dio la gubernatura de Michoacán, al PAN, en específico a Ricardo Anaya, lo dotó de 30 millones de pesos vinculados a su campaña por la presidencia de su partido.

Beltrones es, en ese sentido, un capo. Así se le llama en Sudamérica a la “persona con poder y prestigio o muy entendida en una determinada materia”, como refiere la Real Academia Española (RAE).

Pero es Beltrones, también, el temible operador de las “cañerías” del sistema desde que lo adoptó como su secretario particular Fernando Gutiérrez Barrios, en sustitución de José Antonio Zorrilla Pérez, condenado por el asesinato del periodista Manuel Buendía, en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la siniestra policía política del priato.

Es Beltrones –quién lo duda– personaje leal a Carlos Salinas de Gortari y a su hermano Raúl, quien horas después del asesinato de Luis Donaldo Colosio ya lo promovía como el candidato sustituto, que no lo fue no porque no quisieran los tres, sino porque estaba impedido por la Constitución.

Es justamente la intervención de Beltrones en el caso Colosio uno de los episodios más turbios en su biografía, no sólo por haber sacado, ilegalmente, a Mario Aburto de las instalaciones de la PGR en Tijuana para torturarlo y aun generando la sospecha de que el asesino fue sustituido, sino por toda su red de relaciones en Baja California, que incluía a su hermano Alcide como director del aeropuerto, quien era jefe de Othón Cortés –absuelto como el segundo tirador–, y a Jorge Hank Rhon…

Turbio es, también, el involucramiento de Beltrones en el narcotráfico desde que fue gobernador de Sonora, entre 1991 y 1997, de acuerdo con información de la DEA, base del reportaje de Craig Pyes y San Dillon publicado en The New York Times. Aunque la PGR de Calderón lo defendió, la sospecha prevalece.

Enfurecen a Beltrones las referencias a estos episodios turbios de su biografía, las atribuye a “la canalla”, que ni siquiera es capaz de definir, y lo único que exhibe es su vena intolerante.

“La canalla existe en muchos lugares y hay a quienes les gusta ejercerla. Vean, a veces hasta amparados en el anonimato de las redes, tan importantes hoy en día para la comunicación, aparece la canalla a la que hay que combatir”, le dijo al reportero José Gil Olmos. ¿Cómo va combatir esa “canalla”? No lo sabemos, pero no augura nada bueno.

Hasta ahora, Beltrones ha sido funcional para los grupos de poder en México y de Estados Unidos, sobre todo por las reformas que han estado en la agenda trasnacional –como la privatización energética–, pero nadie puede descartar que en su travesía hacia la Presidencia de la República surjan, desde aquel país y desde sus malquerientes priistas, filtraciones para descarrilarlo.

Por lo pronto, por cobardía o interés, a Beltrones le sobran los zalameros en los medios. El dedazo, el tapadismo, la imposición, el saqueo es tan normal como ver llover…

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/414215/2015/08/31/beltrones-fascinacion-por-un-capo/d