Los pobres de Peña Nieto.

De: Francisco Ortiz Pinchetti.

Siempre me ha parecido injusto, trátese lo mismo de Felipe Calderón Hinojosa que de Enrique Peña Nieto, el atribuir por entero al Presidente la responsabilidad por las muertes de miles de mexicanos víctimas de las pugnas del crimen organizado. Pienso que es inexacto hablar de “los muertos de Calderón”, en referencia a los más de 110 mil fallecidos en esa guerra intestina durante su sexenio. De igual manera me parece desacertado referirse a “los muertos de Peña Nieto” en relación a los más de 60 mil que seguramente se han registrado ya en apenas la mitad de su sexenio. Considero que no se vale culparlos, ni al panista ni al priista, de una masacre que no obedece por supuesto a su voluntad, lo que no quiere decir de ninguna manera que los exoneremos de su obligación primaria de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Son dos cosas distintas.

En cambio, lo que sí es responsabilidad del mandatario en turno –independientemente de factores adversos incluso internacionales que escapan a su control– es la agudización de los índices de pobreza que afecta cuando menos a la mitad de los mexicanos y la inadmisible desigualdad que registra nuestra población. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) acaba de dar a conocer este jueves su medición de pobreza 2014 según la cual el número de pobres en nuestro país se incrementó justo en dos millones (al pasar de 53.3 a 55.3 millones) en los dos primeros años del actual sexenio. Eso sí son los pobres de Peña Nieto.

La evaluación del Coneval está basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) del Inegi. El Consejo evalúa el grado de cohesión social y seis carencias sociales: el acceso a salud, seguridad social, alimentación, vivienda, servicios básicos y rezago educativo. Además, analiza si el ingreso del hogar está por arriba de la línea de bienestar, es decir, del valor de la canasta alimentaria y no alimentaria. “Si bien las carencias bajaron, el porcentaje de la pobreza aumentó en su conjunto”, explicó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval.

El resultado es patético, en cuanto refleja el fracaso de las políticas sociales y de crecimiento económico del Gobierno actual, incluida la serie de reformas constitucionales que ahora pudo sacar adelante gracias al apoyo que le brindaron los partidos de supuesta oposición, el PAN y el PRD. En el marco de la presentación de los resultados, el investigador Fernando Cortés Cáceres confirmó que las cifras son en efecto el reflejo del comportamiento de la economía y de la política pública y del deterioro económico del país, debido a los altos índices de desempleo y subempleo, así como a la baja del poder adquisitivo de los salarios.

La evaluación realizada por Coneval, sin embargo, resulta tibia ante las cifras que arroja otro estudio, basado también en los resultados de la ENIGH del Inegi, pero que involucra a otros factores para una evaluación más certera y real. De acuerdo con el estudio “Evolución de la pobreza y estratificación social en México 2012-2014″, el total de población en pobreza pasó en los dos años peñistas de 83.08 a 84.30 por ciento, mientras que la clase media bajó de 8.14 a 6.78 por ciento. “De 2012 a 2014 ha ido aumentando el número de personas en pobreza, y ahora rompimos la marca de 100 millones de pobres”, precisó el doctor Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México, que dirigió la investigación “Es una vergüenza”.

Su método de medición tomó en cuenta 17 necesidades básicas, como acceso al alimento, energía eléctrica, vivienda, seguridad social, combustible, recreación y equipo doméstico. También consideró si el ingreso es suficiente para satisfacer las necesidades básicas, así como el tiempo que la persona dedica al trabajo. En una escala de 0 a 2, donde 2 representa el bienestar humano máximo que puede alcanzar una persona, 84.30 por ciento de la población mexicana se encuentra por debajo de 1. Imagínense. El investigador de Colmex dijo concreta y directamente que el programa Prospera de Peña Nieto (antes llamado Oportunidades), “falló en su objetivo de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza”. Precisó que al final del gobierno de Felipe Calderón eran 97.4 millones de pobres, “y en dos años de (Enrique) Peña Nieto rebasamos los 100 millones”. Si, una vergüenza.

Otro estudio arrojó luz sobre las causas profundas de esta deplorable situación: Menos del uno por ciento de la población en México, alrededor de un millón de personas, concentra el 43 por ciento de la riqueza del País, según el documento “Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político”, de Oxfam México. Además, el 10 por ciento de la población más rica del País concentra el 64.4 por ciento de la riqueza nacional, que se entiende como el valor de todos los activos de la nación como acciones, capital, el valor de las empresas, edificios y bonos.

La persistencia al alza de los índices de pobreza en un país con las carencias ancestrales que arrastra y las abismales desigualdades en el tema de la distribución del ingreso, configuran mejor que ningún otro indicador el fracaso no solamente de un gobierno o un sistema económico, sino de políticas públicas inoperantes que lejos de acercarnos a la tan anhelada justicia social nos colocan cada vez más en los parámetros de una sociedad fallida, incapaz de satisfacer las necesidades más elementales de sus integrantes. Eso, en el marco de un régimen de impunidad en el que prevalecen la corrupción, el despilfarro y los privilegios… que involucran al propio mandatario y a su círculo más cercano. Otros son por supuesto los pobres de Peña Nieto. Válgame.



Fuente: http://www.sinembargo.mx/opinion/24-07-2015/37232

La Sedena admite participación de militares en la desaparición de siete jóvenes.

 

De: Verónica Espinosa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que militares estuvieron involucrados en la desaparición de siete jóvenes en el municipio de Calera, el 7 de julio, y de los cuales al menos cuatro fueron encontrados días después muertos de un tiro en la nuca.

En un comunicado, la Sedena anunció: “Debido a que se identificaron indicios de una probable participación militar la Procuraduría de Justicia Militar remitirá el desglose de la averiguación iniciada por este caso a la PGR”.

La Sedena advirtió que es la primera interesada en que se sancione a aquellos elementos que actúen fuera de la ley, “sin importar jerarquía, cargo o comisión”.

Hasta el momento, los cuerpos de cuatro de los jóvenes desaparecidos ya fueron identificados por familiares, tras ser localizados en una casa en construcción en el municipio de Jerez, asesinados de un tiro en la nuca. La PGR y la Procuraduría del Estado realizan las pruebas de perfil genético para confirmar su identidad.

Otros tres cuerpos fueron hallados la tarde del sábado en otra comunidad de Jerez. Sin embargo, familiares de los jóvenes no pudieron verlos en el Servicio Forense, ni siquiera mediante fotografías, y se les pidió presentarse hasta este lunes para efectuar la toma de muestras de ADN para proceder a la comparación de identidad.

“Solamente nos preguntaron datos de ellos, como tatuajes o señas, y nos aseguraron que no son. Pero no los vimos, tampoco nos quisieron mostrar fotos, aunque de las otras cuatro personas sí les enseñaron fotografías a sus familiares”, dijo la hermana de uno de los desaparecidos.

Mientras los familiares esperaban todo el domingo en el Ministerio Público de Fresnillo para saber algo más sobre los últimos tres cuerpos localizados, alrededor de 80 personas acudieron a las puertas de las instalaciones del 97 batallón de infantería en una manifestación de apoyo, “para pedir que no se vaya el Ejército”.

Al lugar acudió el Comandante de la 11ª Zona Militar, el general Antelmo Rojas Yáñez.

Posteriormente, en un comunicado emitido anoche, la Sedena informó que la Procuraduría de Justicia Militar encontró “indicios” que apuntan a la participación de personal del batallón de infantería en la desaparición de los jóvenes.

Desde un principio, esto fue denunciado públicamente por los familiares, quienes incluso mencionaron al coronel Martín Pérez Reséndiz como quien encabezó el supuesto operativo bajo el cual los soldados ingresaron a la vivienda en Calera y se llevaron a los siete jóvenes, entre ellos un exmilitar que había formado parte del mismo batallón.

La Procuraduría militar “mantiene estrecha coordinación (con la PGR) al igual que con la Procuraduría general de justicia del estado”, señala el comunicado de la Sedena, que expresa el compromiso de cooperar con las instancias “a fin de que se esclarezcan los hechos”, además de que “reitera su compromiso con la sociedad mexicana, enfatizándole que de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes”.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=411045

Hallan muertos, con un tiro en la nuca, a 4 de los 7 jóvenes presuntamente desaparecidos por militares.

 

 De Verónica Espinosa.

 

Asesinados de un tiro en la nuca, los cuerpos de cuatro de los siete jóvenes desaparecidos en el municipio de Calera, presuntamente a manos de integrantes del 97º Batallón del Ejército con sede en Fresnillo, fueron encontrados en una vivienda en construcción en una comunidad de Jerez.

Los cuatro cuerpos, de tres hombres y una mujer –dos menores de edad– fueron hallados en la casa a un costado de la presa de la comunidad La Tesorera el jueves por la tarde, tras un reporte telefónico anónimo hecho a la Policía Municipal. Mostraban un avanzado estado de descomposición, informó la procuradora Leticia Soto.

En total son siete los jóvenes que desaparecieron de un domicilio en Calera, de donde según la denuncia de sus familiares, fueron sacados la madrugada del pasado martes 7 por elementos del Ejército al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, en un supuesto operativo para buscar drogas y armas.

De acuerdo con los primeros datos de identificación que efectuaron familiares, por lo menos dos de los cuerpos pudieron ser identificados por tatuajes que alcanzaron a ser apreciados a simple vista.

Según esta información, los familiares fueron notificados vía telefónica el viernes del hallazgo de los cuatro cadáveres, por lo que acudieron al Servicio Forense en Fresnillo –a donde fueron llevados los cadáveres– para identificarlos.

Los cuerpos corresponden a Germán Martín García González, exmilitar que formó parte del 97º Batallón de Infantería bajo el mando del coronel Pérez Reséndiz; Beatriz Hernández Hernández, y los menores Fernando José y Guillermo.

Vía telefónica, uno de los familiares mencionó que se dividieron para acudir al servicio forense y hospitales en varias ciudades del estado en busca de los siete desaparecidos,

“Estábamos en Zacatecas cuando nos avisaron que habían hallado a alguien en Jerez. Nos pidieron venir a Fresnillo. Las familias los reconocieron por la ropa y unos tatuajes, pero están batallando para que se los entreguen… están casi irreconocibles, algunos ya casi en los huesos, en muy mal estado ya”, señaló.

Recordó que siguen sin aparecer otros tres: María Alejandra Rocha Montes, Daniel Venegas Leaño y Víctor Hugo González Cisneros.

Daniel Venegas, de 17 años y originario de Fresnillo, vivía con una hermana en San Luis Potosí hasta hace unas tres semanas, cuando regresó a Zacatecas y comenzó a trabajar en diversos ranchos. Había llegado a Calera para laborar en un rancho unas horas antes de su desaparición junto con los otros seis jóvenes.

“Hemos oído comentarios de que a lo mejor andaban en malos pasos, que por eso se los llevaron los soldados… pero ¿a poco no tenían que ser llevados ante alguna autoridad si fuera cierto?; ahora encontraron a los otros muertos, ¿a poco les tenían que hacer eso si andaban mal? Ya no sé qué palabras usar para decirle cómo me siento”, dijo la hermana de uno de los desaparecidos.

Mientras que la procuradora de Justicia del estado, Leticia Soto Acosta, dijo a este medio que aunque la carpeta de investigación por la denuncia de los familiares está en manos de la delegación de la PGR, corresponderá a la dependencia a su cargo trabajar en la indagatoria por los homicidios de los cuatro hallados en Jerez, y corroborar plenamente la identidad de los mismos mediante los perfiles genéticos.

“Tuvimos contacto con dos familias; el hermano de la mujer y los padres de uno de los varones. Ellos nos señalan que por los tatuajes podrían ser sus familiares pero por el estado de los cadáveres y por la trascendencia del asunto, debemos realizar una identificación plena”, señaló.

Aunque negó que los cuerpos hallados mostraran huellas de tortura (como reportaron medios locales según informes iniciales), confirmó que los cuatro fueron asesinados de un tiro en la nuca.

Los jóvenes fueron sustraídos de Calera el martes 7, y habrían sido asesinados entre el 9 y el 11 de julio, según los resultados de la necropsia y otros exámenes periciales.

“Le damos seguimiento a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas a partir de las manifestaciones públicas que hicieron las familias”, señaló la procuradora Soto Acosta, y agregó que se colabora con la PGR en la búsqueda y se hará el desglose de lo relacionado con los cuatro asesinatos a la dependencia federal.

No obstante, al consultar la liga sobre personas desaparecidas del portal de la Procuraduría de Justicia, ésta se encuentra inhabilitada.

“No sé qué esté pasando –dijo la procuradora a la reportera en la entrevista telefónica–, qué bueno que me informa para hablar con mi gente y corregir esto”.

 

Proceso:  http://www.proceso.com.mx/?p=410963

Chapo KO a Peña; Osorio Chong pierde el 2018.

 De Martín Moreno.

 

+ Un gobierno burlado, devaluado, fallido…

+ Los tolucos quieren la cabeza de Osorio

Tres momentos han marcado, se quiera o no reconocer, al gobierno de Enrique Peña Nieto:

Primero: el escándalo de la Casa Blanca de la familia presidencial.

Segundo: el ajusticiamiento masivo de los 43 de Ayotzinapa, con las innegables fallas, omisiones e insensibilidades del Estado mexicano, incluido el Presidente.

Tercero: la fuga del Chapo Guzmán.

Así nos ve hoy el mundo: bajo las lupas de la corrupción, de la inseguridad y de la incompetencia.

¿Y las reformas, se preguntarán muchos?

Echemos un vistazo:

La Educativa, dando traspiés y atorada en tres estados claves: Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Mutilada.

La Fiscal, hundiendo a la economía. Calificada por empresarios y especialistas como la más dañina en la historia del país. Casi nada. Esa nos la debe Luis Videgaray, el “Vice-garay” del gabinete.

La de Telecomunicaciones, con algunos avances en cuanto al desmantelamiento del monopolio telefónico, aunque más orientada a preservar los privilegios del duopolio televisivo. Amañada.

La Energética, con más dudas que certezas, sin claridad y opacada por los infaltables lastres de Pemex: los contratos oscuros, la corrupción, la ineficacia burocrática, las ordeñas y súmele lo que quiera.

Allí están las reformas peñistas: diluidas, amorfas, inciertas.

Y justo cuando el dólar rebasaba la barrera de los 16 pesos – innegable devaluación galopante desde 2012-, que se les fuga El Chapo.

A la mitad del camino, Peña Nieto nos entrega un país desprestigiado, corrompido, devaluado.

Un gobierno fallido, sin duda.

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¿Por qué El Chapo Guzmán noquea a Peña Nieto? Por tres razones que el Presidente no podrá ni esconder ni minimizar:

1) Porque queda como un Presidente mentiroso: cuando en 2014 León Krauze le preguntó sobre la posibilidad de que El Chapo se volviera a fugar y Peña le respondió que eso sería “imperdonable”, el priista se exhibe no sólo como un incapaz al ser la cabeza de un gobierno para garantizar la permanencia de Guzmán en prisión, de paso, falsea su discurso al llevar al terreno de lo imposible otra fuga del Chapo. La realidad desmintió a Peña: no sólo se les escapó, sino que taladró – literal-, el emblema y símbolo de la seguridad nacional: el penal de “máxima seguridad” del Altiplano.

2) Hoy por hoy, con la fuga del “Señor de los Túneles”, la credibilidad, imagen y discurso del presidente de México, quedan reducidas a una sola palabra: desprestigio. Las reacciones de los principales medios del mundo- The New York Times, El País, entre muchos otros-, desnudan a Peña Nieto y lo exhiben como un Presidente debilitado y rebasado. Desde Washington hasta París, el mundo ve con desconfianza e irrespeto a Peña Nieto. Casi nada.

3) Y es precisamente esa debilidad institucional lo que marcará el segundo periodo de Peña Nieto, en sentido contrario a las manecillas del reloj de la historia que en sexenios anteriores marcaban, justo a la mitad del sexenio, una fortaleza cuasi absoluta del Presidente en turno. A diferencia de sus antecesores, Peña Nieto ni es un mandatario fortalecido ni mucho menos confiable. ¿Quitará de Hacienda al responsable directo del nulo crecimiento económico, su amigo Videgaray? No. ¿Investigará la grotesca corrupción que rodea a su mentor Montiel, al tamaulipeco Eugenio Hernández acusado desde EU, al paisano Eruviel Ávila por el escándalo de corrupción con OHL? No. ¿Venderá la Casa Blanca de la Gaviota? No. Entonces seguirá el discurso de la simulación. Del encubrimiento.

Lo dicho: con su fuga, El Chapo Guzmán parece haberle dado el tiro de gracia a Peña Nieto. Nada indica, al menos hasta ahora, lo contrario.

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¿Por qué el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya perdió el 2018? Por tres razones que ya no podrá revertir:

1) Porque inclusive si hoy recapturaran al Chapo Guzmán, Osorio Chong ya mostró una vulnerabilidad irreversible al permitir la fuga, como responsable directo de la seguridad nacional, del narcotraficante más poderoso de México y uno de los más poderosos del mundo. A Osorio se le ha perdido la confianza, y un secretario de Gobernación sin credibilidad, le estorba no sólo al Presidente, sino al país.

2) Porque la noche del lunes pasado, durante su conferencia de prensa, Osorio se mostró titubeante, impreciso, tartamudeando sus respuestas en señales inequívocas de que ha perdido el control del cargo. Dijo barbaridades como esa que quedará para la historia: “Si usted va al lugar se va a dar cuenta de que no había posibilidad de que alguien pudiera, tal vez, denunciar nada…estaban trabajando dentro de una casa , ahí hicieron la excavación grande, la cerraron para meter algunas cosas…”. O una de dos: Osorio Chong es tonto o mentiroso. A ver: estamos hablando de… ¡más de 3 mil toneladas de tierra que fueron retiradas! Y más: a Osorio se le olvida u omite la vigilancia de los guardias del Altiplano, las cámaras perimetrales, las cámaras internas que observan durante las 24 horas a cada uno de los reclusos. No, señor Osorio: el espectáculo que dio usted es vergonzante y lamentable. Si tuviera ética, ni siquiera se hubiera atrevido a rechazar su posible renuncia. Si hoy la volviera a presentar, seguramente, a diferencia de diciembre pasado, ahora sí se la aceptarían.

3) Porque con su ineptitud, el secretario de Gobernación se puso de a pechito en la mira del poderoso grupo compacto que rodea a Peña Nieto: los tolucos Videgaray y Luis Miranda, junto con el también cercano Aurelio Nuño. Es la oportunidad de oro que esperaban para centrar a Osorio Chong y darle directo al corazón: descarrilándolo de la candidatura presidencial del 2018. Los tolucos no desaprovecharán que Osorio está arrinconado en las cuerdas, y seguramente lo noquearán. Será uno menos en la competencia. Lo veremos.

Así, Osorio Chong podrá estar ya diciendo adiós al 2018.

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Insistimos: aun recapturando al Chapo, el Presidente, su imagen, su credibilidad, su estructura de seguridad nacional, y su secretario de Gobernación, han quedado vulnerados. El daño es irreversible.

El Chapo Guzmán, su captura en 2014 y el gran triunfo peñista.

El Chapo Guzmán, su fuga en 2015 y la gran derrota peñista.

Twitter: @_martinmoreno

FB /MartinMoreno

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/15-07-2015/36884

Acusan al Ejército de la desaparición de siete jóvenes en Zacatecas.

De Verónica Espinosa.

Elementos del Ejército se encuentran implicados en otro caso de desaparición: Las presuntas víctimas serían siete jornaleros –cinco hombres y dos mujeres— que se encuentran desaparecidos desde el pasado martes 7.

Familiares de los jóvenes señalan como responsables de los hechos a soldados del 97 Batallón de Infantería porque ese día irrumpieron en la vivienda donde pernoctaban luego de cumplir con su jornada laboral y se los llevaron.

Entre los desaparecidos hay cuatro menores de 18 años y un exmilitar que formó parte del referido batallón, y que renunció al Ejército hace más de un año.

Los jóvenes fueron sustraídos de una casa en la colonia Francisco I. Madero de Calera en la madrugada del 7 de julio, en un supuesto operativo en el que personal adscrito a este Batallón, bajo las órdenes de un coronel identificado con el nombre de Martín Pérez Reséndiz, buscaba armas y drogas.

Según la denuncia interpuesta por los familiares ante diversas instancias, incluidas las procuradurías general de la República (PGR) y la general de Justicia del Estado (PGJE), los soldados que tienen su sede en Fresnillo viajaron en varias unidades motoras, una de las cuales fue identificada con el número 0897, justo en la que viajaba el coronel en referencia.

En la protesta, los familiares colgaron dos mantas en puentes peatonales, en las que expusieron los hechos y reprodujeron las fotografías de los desaparecidos: Jorge David Venegas Leaños, María Alejandra Rocha Montes, Víctor Hugo González Cisneros, Beatriz Fernández Hernández, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Germán Martín García González (ex militar de 26 años) y Guillermo García Murrieta.

“Calera está de luto. A todas las autoridades, población y de derechos humanos”, escribieron en la manta, en la que se consignó lo siguiente:

“A todas las autoridades del estado de Zacatecas, especialmente al gobernador Miguel Alonso, fiscal, pero sobre todo y especialmente al gral. Salvador Cienfuegos Cepeda y general Antelmo Rojas Yáñez de la 11ª Zona Militar, les pedimos nos ayuden a resolver nuestros casos. Sólo queremos una explicación, nos digan dónde están nuestros familiares o de menos los cuerpos, ya que el martes 07 de julio del 2015 irrumpieron 4 unidades del Ejército Mexicano con la número 0897 alrededor de las 5:30 a.m., donde entraron a varios domicilios y se llevaron a varios de nuestros familiares, entre hombres y mujeres y un menor. Dicho batallón en Fresnillo, Zacatecas, al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, a quien hacemos responsable mientras no tengamos noticias de nuestros familiares.

“Exigimos apoyo, y no económico, sino al esclarecer el caso de nuestros familiares, fueron secuestrados por el Ejército Mexicano. Autoridades, ayúdenos a dar con ellos, para que usted, Mayor Roberto Muñoz Mejía, de Justicia Militar, nos brinde su apoyo ya que Justicia Militar tiene sus reglamentos y artículos a los que deben apegarse. Están para proteger y no para secuestrar y desaparecer gente. Aquí tienen las fotos de los desaparecidos por los militares”, concluye el mensaje publicado en las mantas, las cuales fueron bajadas unos minutos después por soldados.

A las puertas de la casa de la calle Francisco I. Madero de donde fueron sacados los jóvenes, varios de los familiares colgaron otra manta y reiteraron ante medios de comunicación su exigencia de saber dónde están.

En esa casa pernoctaban hasta su desaparición, mientras desempeñaban diversas labores como jornaleros. Trabajaban limpiando los barbechos en uno de los ranchos de Calera.

La hermana de uno de los desaparecidos –cuya identidad se reserva por motivos de seguridad- señaló que a raíz de que los testigos de la incursión del Ejército en la casa apuntaron al coronel Pérez Reséndiz, acudieron a las instalaciones del Batallón a buscarlo y se encontraron con evasivas y contradicciones sobre el mando militar.

“No nos da la cara y se contradicen: unos nos dicen que no lo conocen y otros que no está o que no se presentó ese día”.

Los jóvenes tampoco fueron puestos a disposición de autoridad ministerial alguna, según lo poco que han podido indagar.

La joven pidió constatar que los siete desaparecidos son jornaleros. “Su ropa está llena de lodo, pueden verla”.

Explicó que acudieron a interponer las denuncias en Calera, en Fresnillo y en la capital del estado.

“Hasta hoy vino gente (de la Procuraduría General de la República) a ver el lugar de donde se los llevaron… Ya fuimos a la morgue, nada. Al menos si ya no están vivos, que nos entreguen los cuerpos, saber algo…”.

Dirigió el reclamo de todas las familias al presidente Peña Nieto y al gobernador Miguel Alonso Reyes.

“Que nos ayuden, que eso no se quede impune como tantas otras muertes”, exigió.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=410780

Michoacán, el fracaso de Calderón y Peña.

De: José Gil Olmos.

Cuando Alfredo Castillo dejó de ser comisionado para el conflicto de Michoacán dijo que dejaba un estado tranquilo, alejado de la violencia del crimen organizado y sólo con algunos conflictos sociales. Pero más tardó en hablar que la realidad sacó a la luz sus falsedades, pues la violencia reapareció, los nuevos grupos criminales emergieron sustituyendo a los Caballeros Templarios y las autodefensas en la costa se expresaron dispuestas a defender con las armas los poblados amenazados por el narcotráfico.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, hizo de Michoacán el laboratorio para probar sus estrategias de combate al narcotráfico enviando más de 10 mil soldados y policías federales.

Ambos fracasaron, la entidad sigue siendo presa del crimen organizado que la utiliza no sólo como tierra de siembra, sino como trampolín para enviar toneladas de drogas sintéticas a Estados Unidos y hacer negocios con empresarios chinos dedicados a la industria del acero.

Michoacán es tierra de cárteles desde hace más de 20 años y los gobiernos del PRI, PAN y PRD se han topado con un galimatías que no han podido resolver porque han aplicado únicamente medidas de fuerza contra la población, dejando en total impunidad a la clase política y empresarios coludidos con las diferentes bandas criminales. El caso más claro es el exgobernador priista Fausto Vallejo que recibió dinero de los Caballeros Templarios sin que lo investigaran.

Hace poco, el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso abrogarse un triunfo en Michoacán cuando apresó al líder de los templarios, Servando Gómez La Tuta, asegurando que ya no habría más violencia ni presencia del crimen organizado en la entidad.

Con el paso de los días estas afirmaciones se fueron derrumbando, como lo fueron en su momento las acciones de Felipe Calderón con el famoso “michoacanazo” por el que detuvieron a presidentes municipales y funcionarios quienes, al cabo de los meses, salieron libres.

Entre nuevos nubarrones de violencia, con hombres ejecutados y colgados de puentes, de denuncias de extorsiones y cobros de piso a comerciantes y pobladores, está emergiendo una vez más en Michoacán la descomposición social y política que dejó el enviado del gobierno federal, Alfredo Castillo; el responsable de haber empoderado a miembros del crimen organizado a quienes convirtió en representantes de la policía rural.

Ante esta descomposición, en días pasados surgieron en dos puntos distintos del territorio michoacano dos expresiones sociales que preludian nuevos conflictos en el estado que será gobernado por el perredista Silvano Aureoles, quien anunció que no permitirá la existencia de autodefensas.

En el pueblo de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, un grupo de campesinos y pobladores decidieron formar su autodefensa como una expresión de hartazgo ante los grupos de secuestradores que los tienen azolados. Dos de estos delincuentes fueron muertos y colgados de un puente de la autopista Siglo XXI.

Del otro lado, en el municipio de Apatzingán, se dieron a conocer Los Blancos de Troya como presuntos autodefensas, aunque por las armas que exhibieron –lanzacohetes RPG y fusiles “mata policías”– y el rostro cubierto podrían parecer más un nuevo grupo del crimen organizado.

Así, mientras los gobiernos federal y estatal siguen experimentando con estrategias militares superficiales, los michoacanos continuarán sufriendo los embates del crimen organizado que sólo cambiará de nombre y de nuevos socios en el gobierno.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=410030

Las matanzas y Osorio Chong.

 De: Sanjuana Martínez.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong no ha escatimado recursos para proteger al Ejército, la Policía Federal o la Marina Armada de México, señalados como autores de las más terribles violaciones de derechos humanos.

Osorio Chong está empeñado en mantener “el buen nombre” de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Pero esas instituciones no le ayudan, al contrario, hacen todo lo posible para demostrar que son capaces de cometer las peores atrocidades.

Y obedecer al comandante en jefe, el señor Enrique Peña Nieto. La estructura vertical y autoritaria de estas instituciones no funciona bajo el libre albedrío. Sus mandos, obedecen estrictamente las órdenes de sus jefes, en este caso del señor que ocupa la Silla del Águila.

Osorio Chong ha intentado por todos los medios deslindar al Ejército de su responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No ha permitido que se investigue debidamente la participación de los militares en este crimen de Estado.

Y ahora intenta por todos los medios, proteger a los militares responsables de la matanza de Tlatlaya. Osorio Chong está obstruyendo la acción de la justicia, al igual que, el general Salvador Cienfuegos Zepedas, capaz de falsear la verdad a extremos absolutamente ridículos e inverosímiles.

Los intentos de proteger a los militares en el caso de Tlatlaya son verdaderamente escandalosos. La cadena de mando, dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh) en su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir, donde exhibe claramente que la orden del Ejército fue “abatir delincuentes”.

La cadena de mando impune aún, esta compuesta por el propio Cienfuegos, el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22/A Zona Militar, el general Francisco Ortega Luna, jefe de la comandancia de la 22/A, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102/0 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan, el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, firmante en la orden de Relevo por Ausencia temporal del Comandante del 102/0 Batallón de Infantería, el Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez del mando de personal de tropa.

Pero el general Cienfuegos sigue instalado en la negación. Dice que el caso ha sido tratado de manera “superficial”. Pues bien, el Prodh le ha demostrado que no es así y ha publicado un demoledor informe en donde desmonta una por una las posibilidades de eximir de responsabilidades a los militares que ejecutaron extrajudicialmente aquel 30 de junio de 2014, a un número indeterminado de los 22 jóvenes.

Tampoco la PGR o la CNDH han trato el caso de manera “superficial”. Por ejemplo, la PGR reconoce que de las 22 personas muertas en Tlatlaya, ocho fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) indica que entre 12 y 15 fueron víctimas de ejecución extrajudicial.

El impecable informe del Prodh es tan contundente, que hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, ha exigido al gobierno mexicano que considere las nuevas evidencias: “Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales. Deben consistir en arrestar y, solo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”, dijo.

Los responsables de la matanza de Tlatlaya siguen impunes. Peor aún, en un acto de cinismo los cuatro policías ministeriales apenas el pasado miércoles fueron recluidos en el penal de Santiaguito, en Almoloya, por su responsabilidad en el delito de tortura en el caso Tlatlaya, recuperaron su libertad unas horas después.

De manera surrealista, el juez de control del distrito judicial argumentó que en el Estado de México, la tortura no es considerada delito grave, aunque se estipulan sanciones de tres a doce años de prisión. Pero el juez les fijó una garantía económica de casi 60 mil pesos que fue cubierta de inmediato por los cuatro y a continuación los dejó en libertad.

Estos cuatro policías y otros tres, que el juez consideró que no había pruebas suficientes para arrestarlos, torturaron a las tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza de Tlatalaya. Pero claro, México es el paraíso de la tortura y es casi imposible llevar a un torturador a la cárcel. Este juez lo acaba de confirmar. Además no permitió difundir sus nombres por la “presunción de inocencia”.

Los que no gozaron de “presunción de inocencia” fueron los jóvenes abatidos a sangre fría, la mayoría de ellos, fusilados por los militares. La parcialidad de la justicia civil y militar para proteger a los militares y policías responsables de esta matanza, es escandalosa.

Y como el gobierno de Peña Nieto se queda sin argumentos, el señor Osorio Chong intenta distraer con discusiones lingüisticas para desviarse del verdadero tema y Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sale a decir que “abatir” no significa matar y que el término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario y ninguna es privar de la vida.

Sin embargo, es el propio jefe y amigo de Campa, el señor Peña Nieto, quien ha utilizado la palabra “abatir” para referirse a matar: “Se ha detenido o en algunos casos abatido a 93 de los 122 delincuentes más peligrosos”, dijo Peña Nieto el pasado desde 21 de abril.

Está claro que no solo el Ejecutivo usa el término abatir, también el propio Ejército que lo emplea como sinónimo de matar, al igual que la Marina o las otras instituciones de seguridad.

Osorio Chong pretende meter a las víctimas de las matanzas del Estado debajo de la alfombra. Así lo está haciendo el gobierno en el caso de la matanza de Apatzingán del pasado 6 de enero. El Estado lleva seis meses ocultando información, tapando los crímenes de la Policía Federal y desatendiendo a las víctimas. La PGR ni siquiera ha hecho su trabajo. Más bien ha preferido ignorar los testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la madrugada y mañana del 6 de enero enfrente del Palacio municipal y luego a las 7:40 de la mañana en la avenida Constitución. Decenas de testigos hablan de cómo los federales iban rematando gente.

Las matanzas se acumulan y allí está el caso de Tanhuato o Ecuandureo, Michoacán donde según la Policía Federal fueron “abatidos” 42 supuestos delincuentes, los testimonios hablan de ejecuciones extrajudiciales. Los familiares de las víctimas hablan de que les entregaron los ataudes sellados y quienes los abrieron se llevaron la sorpresa de su vida, pues los jóvenes presentaban huellas de tortura, con mutilación de genitales y hasta el tiro de gracia.

¿Para qué existe un departamento de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación? ¿Para que existe un departamento así en la Sedena? Está claro que no es para difundir la prevención y el respeto a los mismos, más bien, todo parece indicar, que su función es tapar los crímenes de Estado que el señor Osorio Chong y el General Cienfuegos, se niegan a asumir y atender.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/06-07-2015/36562

Crecen con Peña Nieto 65 por ciento las agresiones a comunicadores: Artículo 19.

La organización internacional Artículo 19 dio a conocer “Más violencia, más silencio, primer informe semestral de 2015”, en el que resalta la crisis de derechos humanos que se vive en el país y que impacta de forma grave a la libertad de expresión.

La organización “destaca el asesinato de seis periodistas en México, de enero de 2015 a la fecha: Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza, en Veracruz; Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, en Oaxaca; y Gerardo Nieto, en Guanajuato”, indica en su informe.

Artículo 19 señala que lamentablemente debido a la falta de inactividad del gobierno federal, la falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces, “se protege a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de impunidad en México”.

En su informe detalla que “en el primer semestre de 2015, se documentaron 227 agresiones contra la prensa, tan solo 99 por debajo de las 326 registradas el año pasado”.

El promedio de agresiones a comunicadores durante la gestión de Felipe Calderón en los mismos primeros seis meses, fue en promedio de 182, lo que implica un aumento de alrededor del 65 por ciento en la gestión de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, indica que la entidad con mayor número de reporte de agresiones es Guerrero con 38; le sigue el Distrito Federal, con 33 y Puebla con 29. Sin embargo, destaca a Veracruz como una de las regiones más peligrosas para la prensa en todo el mundo, con 18 homicidios desde el año 2000.

“Las cifras que reflejan la violencia contra la prensa durante el primer semestre de 2015 nos indican de manera categórica que la libertad de prensa está bajo contante ataque en nuestro país”, dice la ONG en su reporte.

“No son números lo que se busca plantear, son historias que nos deberían azorar y preocupar. La democracia no se celebra, se construye día a día”, señala Darío Ramírez, director de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.

Finalmente el informe hace hincapié en que las autoridades han sido omisas en su obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en México y que estas cifras evidencian no sólo una “situación grave”, sino la casi nula voluntad de los gobierno para que los mexicanos puedan acceder a la información “de toda índole” y “sean partícipes de los proceso democráticos”.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=409801

España condecora a Peña y guarda silencio sobre Ayotzinapa.

 

De Alejandro Gutierrez.

 

Transcurridos nueve meses desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado, ninguna instancia gubernamental o partido político en España ha hecho el más mínimo pronunciamiento sobre el caso, ni el más mínimo posicionamiento ante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por el contrario, en el mismo periodo desde esos trágicos hechos, España sólo se ha dedicado a otorgar sus más altos galardones a los miembros del gobierno de México. Así, aprobó conceder al presidente Peña Nieto el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, y la Gran Cruz de la misma orden a su esposa Angélica Rivera; otra condecoración oficial recibirá en breve el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido.

El 1 octubre pasado, cinco días después de la desaparición de estudiantes, le fue otorgada la Medalla de Plata en grado honorífico al comisionado de la Policía Federal, Francisco Enrique Galindo, quien viajó a España acompañado del mariachi de su institución. En una sesión casi secreta, el 5 de mayo, Ignacio Cosidó, director de la Policía Nacional española, impuso la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a la agregada legal de la PGR para Europa, Érica Cervantes, en una ceremonia que tuvo lugar la víspera de que llegara a Madrid la Euro-Caravana por los 43 estudiantes desaparecidos.

A su vez, el gobierno de Portugal autorizó concederle una de sus más altas distinciones al exprocurador Jesús Murillo Karam, primer responsable de la fallida investigación sobre el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Carta al Rey Felipe VI

En entrevista con Apro, Esteban Beltrán, director general de Amnistía Internacional-España (AI), califica este silencio de España como el “más brutal y vergonzante”.

Aprovechando la visita de Estado del rey Felipe VI a México, AI-España hizo llegar una carta al monarca en la que le pide interceder ante las autoridades mexicanas por los estudiantes desaparecidos, además de promover la liberación de Adrián Vázquez y Yesenia Armenta Graciano, ambos presos e inculpados mediante tortura.

La misiva pide también que el rey interceda para que se cumplan las recomendaciones del relator especial contra la tortura, se investigue el paradero de los migrantes centroamericanos desaparecidos y se apliquen los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

En el caso de Ayotzinapa, le pide interesarse por “las medidas efectivas para determinar el paradero de los 42 estudiantes de Ayotzinapa que continúan desaparecidos”, debido a que sólo un cadáver fue identificado.

Le demanda que “preste su pleno apoyo al grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), garantizando que pueda llevar a cabo su revisión sin obstáculos y comprometiéndose públicamente a cumplir sus recomendaciones”.

Amnistía Internacional solicita a Felipe VI que interceda para que se lleva a cabo una “investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso, y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia”.

En la entrevista con este medio, Esteban Beltrán critica que en la relación bilateral España y México centren “sus prioridades” sólo en “los temas comerciales” y la cooperación en el renglón de seguridad.

“Ese brutal y vergonzante silencio en la desaparición forzada de los estudiantes a manos del propio Estado mexicano, es un claro ejemplo de que los intereses económicos de corto plazo ignoran las graves violaciones a los derechos humanos en México”, acusa.

Complicidades

Román Hernández, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, uno de los tres integrantes de la Caravana que visitó Madrid y otras 16 ciudades europeas entre abril y mayo, dice en entrevista que en este viaje “hemos detectado que los gobiernos de la Unión Europea, como Francia, España y Portugal, están enfocados en galardonar o dar menciones honoríficas a funcionarios mexicanos, en especial a Peña Nieto, lo cual interpretamos como un acto de franca complicidad con las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país”.

“Es contradictorio que países que se presentan como la avanzada democrática del mundo, que presumen de las garantías sociales que dan a sus habitantes, hagan mutis y estén ayudando al Estado mexicano a limpiar su rostro manchado de sangre, a limpiar su imagen internacional en aras de fomentar las inversiones privadas de estos países en México”, dice.

No obstante, consideró alentador que las organizaciones civiles con las que se reunieron en su periplo europeo “ya se están manifestando en contra de esa complicidad de sus gobiernos con México. Actualmente en Francia existe una campaña para exigir a Francois Hollande que retire la invitación especial que hizo a Peña Nieto para asistir a la conmemoración de la revolución francesa el 14 de julio próximo”.

“Para nosotros es alentador que la sociedad civil europea esté tomando conciencia de la gravedad de los hechos que se viven en México, como el caso de Ayotzinapa, que esté dispuesta a denunciarlo aquí y se dé cuenta que tiene que exigir a sus gobiernos que dejen de ser cómplices de México y que exijan revisar su agenda bilateral en materia de derechos humanos por encima de la referente a las inversiones privadas”, apuntó.

La Caravana aclaró en todo momento que no tenía intención de reunirse con ninguna autoridad, ni española ni mexicana, sino con los organismos de la sociedad civil, con quienes enfocaron su agenda.

Sin embargo, sí fueron “monitoreados” por Juan Manuel Sánchez, titular del Cisen para Europa que, como en otras ocasiones, fotografió a los manifestantes. Los corresponsales mexicanos lo pudieron detectar, a unos 50 metros de la embajada mexicana, con una gorra para tratar de pasar desapercibido.

“No se debe ignorar”

En la entrevista con Apro, Beltrán, de Amnistía Internacional, dice que es muy grave el nivel de complicidad de los gobiernos europeos, como el español, porque “no es algo que en el terreno de las relaciones diplomáticas puedas o debas ignorar”.

“No se puede dejar de lado que la investigación gubernamental sobre la desaparición de los 43 normalistas adolece de los estándares internacionales; no se puede negar que la policía participó en la comisión de esa desaparición; que hay indicios de la participación de otras fuerzas del Estado en la desaparición de los jóvenes estudiantes; que los familiares de las víctimas no se fían de las prácticas forenses del Estado, por lo tanto, México no debería ser ignorado en materia de derechos humanos por parte del gobierno español o cualquier otro país europeo”, dice.

“No es ético ni democrático” mantener ese “brutal silencio” y que la política exterior de España ignore esas “graves violaciones de los derechos humanos del Estado mexicano, porque eso a la larga daña las relaciones bilaterales y las propias inversiones, que es el tema prioritario para los gobiernos”.

El responsable de AI en España denuncia que en los últimos años “la relación bilateral dio pasos atrás en la discusión de los derechos humanos”.

“Existe un retroceso en años recientes, porque antes existía un espacio común de discusión sobre temas de derechos humanos, tanto mexicanos y españoles, pero convenientemente ese espacio se eliminó precisamente cuando más se agrava la situación en México”.

“España mantiene silencio a pesar de que no sólo el narcotráfico o los grupos irregulares abusan de los derechos humanos. Muchos de los sucesos a gran escala registrados y documentados son perpetrados por parte del gobierno mexicano. ¿Y en España?—se pregunta y responde— … silencio sepulcral”.

Amnistía Internacional, recuerda, presentó en febrero su informe anual, que llamaron “el libro negro”, “porque 2014 fue un año negro para los derechos humanos en el mundo”.

En el apartado sobre México este informe confirma sus dichos, porque se documentaron “abundantes” desapariciones forzadas, tema en el que el gobierno peñista incurre en “declaraciones contradictorias” y nunca ofreció información sobre la metodología para arribar a la cifra de 22 mil 611desaparecidos hasta agosto pasado.

El informe critica la respuesta gubernamental al caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, al caso Tlatlaya y a la versión oficial que pretende minimizar los homicidios violentos. Existe un apartado sobre la tortura generalizada por parte de la policía, otro sobre sistema de justicia, sobre ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y periodistas.

En opinión de este activista, España y México tienen una ventaja por su estrecha relación bilateral. “Se podría entender que como gobiernos aliados les sea más fácil hablar de un tema incómodo como los derechos humanos”.

Lamentó que mejor el Parlamento alemán o el Europarlamento, en Bruselas, discutan el tema de Iguala, antes que España, donde se presume que existe una gran relación con México. “Lamentamos profundamente que aquí estos casos, el caso Ayotzinapa, sean temas ausentes de la agenda bilateral.

Y cuando se abordó el tema fue para dar el espaldarazo al gobierno de México. Como lo hizo la socialista española Elena Valenciano, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento europeo, quien el 2 de diciembre aseguró que el gobierno mexicano “está haciendo todo lo que puede para aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”.

En una declaración a la agencia de noticias EFE, Valenciano dijo que el gobierno de Peña Nieto “ha puesto muchos recursos en la investigación de los hechos, ha detenido a 73 personas, ha traído a equipos forenses prácticamente de todo el mundo, ha convocado a la OEA para que esté encima de ello, a las Naciones Unidas”. Su declaración indignó y en las redes sociales fue duramente criticada.

El líder de Podemos, el eurodiputado Pablo Iglesias, se hizo una fotografía de apoyo a la presentación de los 43 estudiantes, acompañando a un grupo de manifestantes en Bruselas.

La marca España

Luego de Estados Unidos, España es el mayor inversor en México y, a nivel de la Unión Europea, ocupa el primer sitio, según datos de la Secretaría de Economía en México, que registró en 2014 una Inversión Extranjera Directa (IED) de 22 mil 568 millones de dólares, de los cuales poco más de 4 mil millones son inversión española.

En México operan más de 5 mil empresas de origen español.

Esta es en buena medida la razón por la que “el tema comercial sea una de las prioridades, sobre todo en plena crisis económica en España”, dice en entrevista Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

En su más reciente libro Marca España. ¿A quién beneficia? (Icaria Editorial, 2014), sostiene que con el impulso de esta doctrina económica, la Marca España –que Peña Nieto ya copió como Marca País—, el gobierno español busca crear un relato de “la recuperación” ante la crisis, donde las empresas españolas son las protagonistas de esa narrativa que mezcla la “parafernalia de ser español” con una doctrina basada en “la expansión internacional de los negocios, donde las grandes beneficiarias son las élites empresariales”.

En entrevista, Ramiro sostiene que los derechos humanos no son un tema de atención en la política exterior española, porque existe un criterio empresarial de lo que conoce como la seguridad jurídica de las inversiones.

“Cuando España se refiere a la internacionalización de sus empresas, se habla de la seguridad jurídica, es como un mantra a la hora de justificar los contratos de estas compañías, y se convierte en una prioridad de gobierno para blindar la seguridad jurídica de los contratos de esas empresas”.

“Entienden el concepto de seguridad jurídica –puntualiza— como el derecho de las empresas por encima de cualquier cosa. Pero si abrimos el prisma y le damos el sentido más amplio al término, entonces México no sería un ejemplo de seguridad jurídica como hoy se repite, sino todo lo contrario, un país cuyo gobierno incurre en violaciones constantes a los derechos humanos. Y en muchos casos con corresponsabilidad directa o indirecta de grandes multinacionales”.

“Por eso el silencio de España ante las violaciones graves a los derechos humanos, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, reduce el concepto a un asunto meramente comercial”, acusa el coordinador de OMAL.

Por último, advierte que “los países latinoamericanos que más defienden esa idea de la seguridad jurídica son “los que tienen los gobiernos más neoliberales y los que siguen esta misma doctrina económica, especialmente México, Colombia, Chile o Perú, estoy hablando de los países que forman la Alianza del Pacífico, pero no sólo éstos”.