Tlatlaya, Apatzingán, Allende, San Fernando… “la impunidad reina” en México: esglobal.org

 

La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre del año pasado no fue un suceso aislado en la historia reciente de México. Existen cuatro casos de asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales en los que, a la violencia del crimen organizado se suma la complicidad directa o indirecta de autoridades políticas, policiales o militares. Ninguno de ellos ha sido aún resuelto judicialmente, planteó un artículo publicado en el diario digital español esglobal.org.

El diario, que es editado por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), expone en el artículo “México: las matanzas continúan, la impunidad reina”, publicado por el periodista Lino González Veiguela, una radiografía de casos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; la irrupción de un comando al pueblo de Allende, Coahuila, en 2011; las 22 personas ejecutadas en Tlatlaya, Estado de México, en junio del año pasado y la matanza de Apatzingán, Michoacán, en enero de este año.

LA MASACRE DE 72 MIGRANTES EN SAN FERNANDO

El 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Sudamérica.

La masacre fue conocida gracias a la denuncia de un migrante ecuatoriano que logró huir, a pesar de que le dispararon, y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.

“Las autoridades mexicanas atribuyeron la matanzas a miembros del cártel de Los Zetas, fundado por ex militares mexicanos –entre sus efectivos se cuentan también ex militares kaibiles guatemaltecos– que comenzaron a mostrar su brutalidad como brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse como organización criminal”, refiere el texto.

Meses después, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cadáveres –tanto de mexicanos como de migrantes centro y sudamericanos– pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a los Estados Unidos.

La versión oficial: los culpables habían sido de nuevo Los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel.

Desde 2010, destaca la publicación, organizaciones como Amnistía Internacional pidieron en reiteradas ocasiones que se hicieran públicos los documentos de la investigación, incluidos los expedientes abiertos contra esos policías detenidos. La Fiscalía se negó aduciendo que esa documentación era secreta, y que lo sería durante 12 años.

A finales de 2013, narra el periodista González Veiguela, la organización National Security Archive (NSA) consiguió que el Gobierno estadounidense desclasificara cables diplomáticos enviados por algunos de sus funcionarios desde México.

“En ellos, y con base en las fuentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), se apuntaban nuevos posibles datos sobre la situación de Tamaulipas. Desde las maniobras de las autoridades mexicanas para reducir en las versiones oficiales del número de muertos encontrados, hasta la posible implicación directa de la policía municipal, que habrían detenido a los autobuses con los migrantes y que luego entregaron a los grupos del crimen organizado”, detalló esglobal.org.

El pasado 20 de mayo, durante el Foro Nacional sobre Migrantes Centroamericanos en Desaparición Forzada realizado en la Ciudad de México y del cual SinEmbargo documentó en una nota, diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusaron al Estado mexicano de ser “omiso” para atender el problema de las desapariciones de migrantes.

A pesar de que el Gobierno federal no cuenta con registros oficiales sobre las desapariciones, algunas organizaciones aportan algunos datos, como es el caso del Servicio Jesuita a Migrantes, que de 2007 a 2014 ha registrado 361 casos de migrantes desaparecidos en México, siendo la mayoría de ellos connacionales (113 casos) y hondureños (99 casos). Sólo 77 han sido localizados.

Otra cifra para dimensionar el problema es la de 21 mil 91 migrantes que fueron secuestrados en dos semestres, de los que dan cuenta los informes especiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre secuestro de migrantes publicados en 2009 y 2011.

IRRUPCIÓN DE UN COMANDO AL PUEBLO DE ALLENDE

Otro caso que documenta el diario es el de la irrupción de un comando en el pueblo de Allende en el estado de Coahuila. El viernes 18 de marzo de 2011, entre 40 y 50 camionetas estilo pickup cargadas de hombres armados, entraron al poblado.

“Comenzaba en ese momento uno de los capítulos más terribles y significativos de la impunidad con la que los grupos criminales pueden actuar en México. La historia no se conocería hasta comienzos de 2014, ocultada por autoridades de todos los niveles”, destacó la publicación.

Durante varios días un grupo de hombres armados pertenecientes a Los Zetas, entraron a diversas casas del poblado y secuestraron a decenas de personas, también se llevaron los bienes de más valor que encontraron, dejando el resto a merced de los saqueadores locales, incluidos los policías municipales.

“Los saqueos y secuestros continuaron durante varios días sin que las autoridades locales, estatales ni federales hiciesen nada para impedirlo, a pesar de que algunas de ellas habrían tenido conocimiento de los hechos”, refiere el medio. Desaparecieron entre 200 y 300 personas, muchas de ellas familiares de dos ex miembros de Los Zetas que, según los testigos, habían traicionado al grupo criminal, pasándose al otro lado para colaborar con la DEA.

Pasaron casi tres años en los que no se habló del caso, aunque rumores llegaron hasta las redacciones de algunos periódicos locales. “Las autoridades que no actuaron durante la masacre, tampoco cumplieron con su obligación de investigar”, expuso González.

No sería hasta enero de 2014 que se descubriría una fosa clandestina en las inmediaciones con los restos de unas 300 personas. El hallazgo forzó el inicio de una investigación que, hasta la fecha, no ha conseguido remediar la impunidad, ni aclarar si todos los desaparecidos fueron asesinados.

En febrero de este 2015, familiares de víctimas de desaparición forzada en Coahuila viajaron a la Ciudad de México para denunciar sus casos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH ante la total inactividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En rueda de prensa, Ana María Sandoval Carrizales, de 51 años, narró que a su hijo menor lo desaparecieron en Allende, pero no sólo integrantes de la agrupación criminal conocida como Los Zetas. Los delincuentes del pueblo, de acuerdo con el relato de la mujer, el cual publicó SinEmbargo, contaron con la ayuda de elementos de la Policía Municipal que les abrieron la puerta de la celda en la que estaba su hijo Willivaldo Martín Sandoval –de 24 años y detenido por beber en la vía pública– y los dejaron golpearlo, sacarlo de la Comandancia y llevárselo para que trabajara como “halcón” del crimen organizado.

LOS 22 EJECUTADOS EN TLATLAYA

El pasado 30 de junio de 2014, en el pueblo de San Pedro Limón, Estado de México, efectivos militares se vieron obligados a repeler un ataque de miembros del crimen organizado. Tras un prolongado intercambio de disparos, las víctimas mortales ascendieron a 22, 21 hombres y una menor de edad, todos delincuentes, de acuerdo con la versión oficial.

La primera versión de las autoridades señaló que dos soldados resultaron heridos. Ningún delincuente haría quedado con vida. En la operación se decomisaron 38 armas cortas y largas y una granada de fragmentación. También se liberó a tres mujeres secuestradas.

Sin embargo, ocho días después de que se produjesen los hechos, la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó una nota en la que afirmó que la versión oficial no se sostenía, contradecía tanto por las evidencias como por los testigos de los hechos.

En la nave industrial en la que se había producido el enfrentamiento entre militares y criminales, no había signos de ese largo intercambio de disparos. Sólo indicios –confirmados por algunos testigos– de que se podría haber tratado de un fusilamiento extrajudicial, al menos en el caso de algunos de los fallecidos. En septiembre del año pasado, la edición mexicana de la revista Esquire, publicaba un reportaje, firmado por el periodista español Pablo Ferri, con un testimonio que contradecían igualmente la versión oficial: “19 de las 22 muertes habrían sido ejecuciones extrajudiciales a sangre fría, incluida la chica de 14 años, herida en un pierna durante el tiroteo y posteriormente rematada por un soldado a sangre fría”.

“A pesar de este testimonio y de las evidencias de fusilamientos en una de las paredes de la nave reportadas por la agencia AP, las autoridades contactadas por el periodista que se prestaron a comentar el caso –que no fueron todas– afirmaron que en la investigación en curso no se habían encontrado evidencias que desmintieran la primera versión oficial”, señaló el artículo.

Las informaciones publicadas desde entonces señalan que los supuestos responsables de las ejecuciones habrían sido tres militares pertenecientes al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, estacionados en San Miguel Ixtapan, Estado de México. No era la primera vez que los militares de esa zona eran acusados de cometer delitos, puntualizó esglobal.org.

El pasado 14 de mayo, SinEmbargo retomó una nota publicada en el diario estadounidense Los Angeles Times, en la que revelaba que un grupo de derechos humanos que trabajan para el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) realizó un informe en el que indicó que “el macabro descubrimiento de más cadáveres y restos humanos en las montañas de Guerrero, así como las ejecuciones extrajudiciales, como la de Tlatlaya, plantean preguntas alarmantes sobre el carácter generalizado de la violencia de los cárteles de la región y el nivel de la complicidad del Gobierno”.

El informe de Northcom señaló que tras los hechos ocurridos en junio del año pasado en Tlatlaya, el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos suspendió la ayuda militar (que ellos llaman “asistencia para la cooperación en seguridad”) para todo una zona militar y los 10 mil soldados que en ella laboran, en espera de los resultados de las investigaciones.

Tres de los detenidos por estos hechos -un sargento y dos soldados- ya han sido acusados. El informe Northcom se refierió a estas muertes como “ejecuciones extrajudiciales”, y agregó que “a medida que más hechos salgan a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército estaba involucrado en actos ilícitos”.

LA MATANZA DE APATZINGÁN

El artículo publicado por esglobal.org también da cuenta de la matanza ocurrida la madrugada del 6 de enero en el municipio de Apatzingán, Michoacán,

De acuerdo con uno de los testigos, efectivos de la Policía Federal habrían abierto fuego sin motivo contra los manifestantes que pasaban esa noche ocupando el Palacio Municipal de la ciudad. Protestaban contra la disolución de uno de los grupos de autodefensas que habían sido legalizados meses antes para patrullar por las áreas rurales de los alrededores con la misión de perseguir a los miembros del cártel de Los Caballeros Templarios.

La versión oficial: no se había producido ningún muerto en el operativo policial por balas procedentes de armas federales. Sólo se habría registrado un atropello y ocho muertos horas más tarde, poco antes de las ocho de la mañana, cuando los federales trasladaban fuera de la ciudad a las decenas de detenidos. El convoy que trasladaba a los detenidos habría sido asaltado por civiles armados que querían liberar a los detenidos. Los muertos se habrían producido por las balas de las armas que portaban esos asaltantes.

Como parte de esa versión, se señaló además que entre los ocupantes del Palacio Municipal se encontraban miembros del grupo de Los Viagra.

Sin embargo, señala la publicación, el pasado 19 de abril, la periodista Laura Castellanos publicó un artículo divulgado en diversos medios en el que resumía las versiones de los hechos que había obtenido tras 39 entrevistas realizadas sobre el terreno.

“También consiguió documentos, fotos e imágenes de cámaras de grabación que parecían probar que, además de haber causado al menos varias de las muertes, los federales habían recurrido a diversos medios para ocultar las pruebas de lo que había ocurrido: desde mover cadáveres hasta, supuestamente, dejar armas largas junto a los cuerpos de los asesinados”, destacó el artículo.

Los cuatro casos retomados por esglobal.org tienen un común denominador: la complicidad de las autoridades mexicanas en los asesinatos.

Durante estos días México ha sido portada en la prensa del extranjero, sobre todo en aquellos titulares donde predominaron las palabras: inseguridad, corrupción, violencia, fracaso y economía.

Hechos como la desaparición de los 73 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, Tlatlaya, Apatzingán, San Fernando, Allende y recientemente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han puesto al país en los ojos del mundo y no precisamente por las mejores razones.

De SinEmbargo: http://www.sinembargo.mx/23-05-2015/1353222

Acarreados semos todos.

 

De: Francisco Ortíz Pinchetti.

Al leer hace unos días la nota sobre el regaño que un candidato a diputado federal del PRI en Zacatecas dio a los escasos asistentes a su mitin, porque no habían sido capaces de acarrear ni siquiera s sus familias, recordé una anécdota que me contó allá por los noventa el brillante ideólogo panista y yucateco Carlos Castillo Peraza, ya lamentablemente desaparecido. Me platicó muy serio que en plena campaña por la gubernatura del estado tuvo lugar un mitin del PRI en la Plaza Grande de Mérida, a cuyas inmediaciones y sin mayor discreción arribaban uno tras otro los autobuses que transportaban a los acarreados desde diferentes pueblos de todos los rumbos de la península. Uno de los vehículos se estacionó en una de las calles adyacentes a la plaza. El chofer abrió la puerta y ante el azoro y enojo del coordinador priista que libreta en mano llevaba el control de los contingentes llegados de cada lugar bajaron únicamente ocho personas, todos de aspecto campesino y seguramente mayas. “¿Cómo?”, increpó al chofer, furioso. “¡Sólo vienen ocho!”. Sin afligirse, el manejador respondió con su dejo yucateco: “Vaya: si ocho subieron, ocho bajan”.

Castillo Peraza usaba la gracejada para ilustrar el deterioro sufrido por el PRI en su estado natal, que se reflejaba en una cada vez mayor dificultad para acarrear a las huestes de partidarios del otrora invencible partido tricolor. Algo similar demuestra el caso del candidato zacatecano Benjamín Medrano Quezada, del Distrito I Federal de aquella entidad, que después de reprocharles a los asistentes a su deslucido mitin por haber fallado con el acarreo, el priista les pidió comprometerse con el partido político que lo postula y llevar más gente para sus próximos eventos. El candidato llegó al grado de champarles a sus oyentes que su partido facilitó a la comunidad apoyos como pavimentación de calles, agua potable y drenaje. “Y así le pagan, carajo”, espetó. “Pero voy a volver, voy a regresar”, advirtió, “y quiero comprometerlos a que entonces sí traigan a su familia porque creo que debemos comprometernos con el partido que hoy en día gobierna. No sé si es muy temprano, no sé si es muy tarde, no sé si es un día en el que no debimos haber venido, pero creo que sí debemos ponernos de acuerdo con quienes organicen la siguiente vez”. Y remató, visiblemente indignado: “Estoy verdaderamente decepcionado”, les dijo. “O sea, ¡ni a su familia trajeron!”.

El acarreo forma parte esencial de la cultura política priista. Es elemento infaltable en las campañas electorales, pero también en los eventos públicos de los funcionarios, desde el Presidente de la República para abajo. Todavía hoy, luego de la segunda “alternancia”, podemos constatar cómo los eventos presididos por Enrique Peña Nieto en diversos rumbos del país son nutridos con legiones de entusiastas ciudadanos que son llevados hasta el lugar en autobuses alquilados y que generalmente reciben alguna compensación por su valioso apoyo, incluido un merecido refrigerio. Los medios dan cuenta con frecuencia del registro de asistentes con el famoso pase de lista a los actos públicos por parte de dirigentes sindicales o caciques políticos, aunque cada vez el tema es menos relevante, por desgastado. Todo mundo sabe que las multitudes que aclaman a los candidatos o apoyan los discursos de los funcionarios son pagadas, por lo que su entusiasta adhesión, sus aplausos y sus vivas resultan totalmente artificiales, falsos.

Durante mucho tiempo, la oposición política mexicana criticó semejante práctica priista, en especial el reparto de dádivas entre los asistentes a las concentraciones políticas en las zonas rurales más pobres. Era una infamia medrar así con la necesidad de la gente, dispuesta a ponerse la camiseta de cualquier candidato sin siquiera conocer su nombre a cambio de que le regalaran la prenda. Eso cambió. Hoy, todos los partidos emplean esos métodos de cohecho para atraer parroquianos a los actos de campaña.

Recuerdo cómo en la primera campaña de Vicente Fox por la gubernatura de Guanajuato, en 1991, el propio candidato promovió ante su escaso poder de convocatoria que el PAN entregara “obsequios” a los feligreses. “Si no les damos, no vienen”, me confió en una paupérrima comunidad del municipio de San Felipe mientras los integrantes de la brigada que lo acompañaba repartían nieves, refrescos y camisetas entre los pobladores. “Es una realidad que no podemos ocultar”, reconoció el grandote. Y, en efecto, a partir de entonces la campaña fue in crescendo en cuanto a la concurrencia registrada en sus mítines, marchas y saludos de paso en pueblos y caminos de Guanajuato. El PRD, a su vez, llevaba en camionetas de la UCD grupos itinerantes de manifestantes (algunos de ellos acarreados desde Michoacán, que entonces gobernaba ese partido) para engrosar las concurrencia a los mítines de campaña en las giras de Porfirio Muñoz Ledo por la entidad guanajuatense. Las mismas caras, con las mismas pancartas, podían verse sucesivamente en las plazas de Celaya, Silao, Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel Allende.

Precisamente por ser producto de una estrategia electoral, es un hecho que la concurrencia a las concentraciones públicas durante las campañas no tiene una correspondencia con un incremento en la intención del voto de los ciudadanos. Tal vez haya casos de gente agradecida que por haber recibido un regalo de algún partido o candidato le otorgue su voto el día de la elección. En la mayoría de los casos no ocurre así: los asistentes, acarreados o atraídos por los regalos, aceptan la dádiva, aplauden al candidato y se ven como si nada en espera de que venga otro aspirante, de cualquier partido, al que volverán a dar su aplauso a cambio de alguna dádiva. Sin embargo, los acarreados son los que le dan sabor a las campañas, sobre todo a las que todavía se realizan al viejo estilo, de pueblo en pueblo, en las zonas rurales. En realidad, el objetivo de tales actos es meramente mediático. Una buena concurrencia en una plaza es un buen motivo para una foto que informativa o publicitariamente de cuenta del arrastre de un candidato. Hay toda una técnica para sacar provecho gráficamente, con recursos visuales, a las concurrencias e los mítines, de modo de magnificarlas y dar idea de grandes concentraciones. La altura donde se emplaza la cámara, por ejemplo, es clave. El PRI desarrolló toda una cultura en este tema, sobre todo para justificar sus triunfos electorales ante las impugnaciones de fraude esgrimidas por los partidos opositores.

Es indudable que a pesar de casos como los del candidato zacatecano, la cultura del acarreo se ha sofisticado. Hoy adquiere formas mucho menos rupestres que la torta o la camiseta, pero que son sin duda más eficaces. Algunas son tan sutiles que ni siquiera alcanzamos a percatarnos de que somos presa de ellas. Digamos que somos acarreados sin siquiera darnos cuenta o, peor, a pesar de que nos resistimos a formar parte del rebaño y presumimos el ejercicio de nuestra plena libertad. Válgame.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/08-05-2015/34405

México tiene 45 mil niños desaparecidos y su fin es explotación sexual o tráfico de órganos, alerta fundación.

De: Shaila Rosagel.

En México existen 45 mil niños desaparecidos y una lista oficial de 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio, que son sustraídos para explotación sexual, venta y tráfico de órganos, denunció Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos.

Las bandas de secuestradores operan con mayor intensidad en el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y en las zona fronterizas del norte y sur del país, gracias a la indolencia e impunidad de las autoridades mexicanas.

“Hay oficialmente en el último año y medio 3 mil casos de robo de niños y 45 mil que se consideran como desaparecidos, ausentes o que se fueron por su propia voluntad. No hay datos precisos de cuántos de ellos son para tráfico de órganos o explotación sexual, simplemente porque al gobierno mexicano no le interesa. Nosotros venimos luchando desde hace más de 10 años para que se cree el Centro Nacional Especializado para la Búsqueda Niños Robados, pero no pasa nada y eso les da luz verde a los secuestradores para que sigan llevándose a los niños”, dijo.

Prácticamente en todo el país se roban menores de cualquier edad a través de personas que operan solitarias, por su cuenta, por bandas pequeñas que se los venden a los traficantes de órganos y de explotación sexual y por el crimen organizado que sacan a sus víctimas del país con pasaportes y credenciales.

De acuerdo con Gutiérrez Romero, no existe un dato exacto de cuántas bandas de secuestradores de niños operan en el territorio mexicano, debido a la falta de interés de las autoridades. “En México los casos de desaparición de niños los lleva la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR [Procuraduría General de la República], que tiene funcionarios ahí que son ineficientes, que no saben lo que están haciendo”, dijo.

El crimen organizado opera a través de toda una red que incluye señuelos que atrapan a sus víctimas, principalmente adolescentes, a través de las redes sociales.

“Estas bandas utilizan jóvenes atractivos para llegar a sus víctimas. Muchos de ellos son para la explotación sexual”, indicó.

El tráfico de niños y de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa cerca de los 32 millones de dólares anuales, explicó.

“El número de niñas y niños que son desaparecidos cada año a nivel mundial para la trata es de un millón 2000 mil de acuerdo con la UNICEF”, dijo.

Aunque en México se desconoce la cifra exacta de cuántos de los niños que son robados se destinan al tráfico de órganos, autoridades de Estados Unidos y de Francia tienen identificado perfectamente el modus operandi de las bandas delictivas.

“Los órganos de los niños no se los llevan de México en contenedores o hieleras, eso es ciencia ficción. Se los llevan vivos a Estados Unidos, estando allá hay clínicas y médicos corruptos que por miles de dólares los operan y les extraen todos los órganos. La prueba de que existe el tráfico de órganos, es que muchos de los niños robados, nunca aparecen”, explicó.

Guillermo Gutiérrez planteó que las autoridades estadounidenses y francesas aseguran que los restos de un niño que es intervenido quirúrgicamente para la extracción de sus órganos en alguna clínica clandestina es desaparecido de la forma más atroz.

“Yo he hablado con estas autoridades de alto nivel de Estados Unidos y Francia. Ellos dicen que nunca se va a encontrar a un niño abierto en canal, porque lo que hacen estas bandas es que los restos de las víctimas son echados a unas grandes trituradoras de carne. Como carne molida, se los echan a los perros”, dijo. “Es verdaderamente algo de horror”, añadió.

En cuanto al perfil de los niños robados que son ideales para el tráfico de órganos, las edades oscilan entre los siete y 10 años de edad. Los bebés hasta cinco años, son sustraídos generalmente para venderlos a parejas que no pueden tener hijos.

“Los recién nacidos son para el satanismo; para adopciones por parejas que no pueden tener hijos, son de cero a tres, cuatro y hasta cinco años”, explicó.

Los infantes, aunque en menor medida, también desaparecen en pequeños poblados y comunidades indígenas, pero de ellos en ocasiones no existe ni siquiera una averiguación previa.

El problema del tráfico de órganos de niños mexicanos hacia Estados Unidos ha cobrado visibilidad durante la última semana cuando fue denunciado por El Vaticano en el editorial del diario L”Osservatore Romano.

La autora del artículo, Lucetta Scaraffia, denunció que existe “un constante aumento” de tráfico de niños migrantes indocumentados entre el territorio mexicano y el estadounidense.

El negocio del tráfico de órganos también fue denunciado por un reportaje de Julia Preston en The New York Times, donde afirma que las familias y los menores se han vuelto un negocio de altas utilidades y bajo riesgo para los líderes de los cárteles mexicanos de la droga que se han apoderado del control del tráfico humano en el Río Bravo.

Ahora ofrecen paquetes familiares, cobrando hasta 7 mil 500 dólares por llevar desde América Central hasta el lado estadounidense del río a un menor solo o a una madre con hijos señalan agentes de la Patrulla Fronteriza y testimonios de migrantes.

Pero en México cualquier niño robado puede ser trasladado a Estados Unidos para venderlo y extirparle sus órganos, por lo que Guillermo Gutiérrez dio algunas de recomendaciones para evitar el robo de un menor.

“No dejarlos solos en ningún momento, inculcarles que deben rechazar cualquier regalo que provenga de un extraño, avisar a sus papás cualquier situación extraña y no contestar los teléfonos en sus hogares cuando están solos.

La Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos realiza una campaña de prevención del robo de infantes en las escuelas del Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Puebla, pero está abierta para llevarla a cualquier plantel público o privado que lo requiera.

“La campaña es gratuita, hacemos el trabajo que no está haciendo el gobierno. Vamos a las escuelas y hablamos con los niños y con los papás”, dijo Guillermo Gutiérrez.

Los números de la fundación para solicitar información son: 01 (55) 5760 8979 y 6548 3709.

En redes sociales a través de Facebook y Twitter se le da seguimiento a la Alerta Amber y a información relevante para la prevención del robo de niños.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/28-06-2014/1039967

Dan sólo 40 pesos diarios como incentivo a militares que combaten el crimen.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorga un incentivo de 40 pesos al día a los soldados que realizan patrullajes de seguridad contra el crimen en zonas con altos índices de violencia.

De acuerdo con el diario Reforma, desde 2014, la Sedena decidió dar dicho incentivo por su desempeño a las tropas que resguardan instalaciones estratégicas de Pemex, Conagua, CFE y minas hasta ciudades con altos índices violentos.

“En lo que se refiere a los soldados que realizan patrullajes, durante 2014 se les cubrió con un incentivo por un monto de 40 pesos diarios”, explicó la Sedena en respuesta a una solicitud de información del periódico.

El tabulador de la Sedena indica que en la tropa un soldado percibe unos 9 mil 700 pesos mensuales, un cabo 10 mil 200 y un sargento primero 11 mil 300 pesos.

Por ejemplo, un teniente tiene un salario de 16 mil 600 pesos y un capitán primero gana 29 mil 400 pesos al mes.

Respecto a los mandos superiores, un coronel gana 63 mil 300 pesos mensuales y un general de División, el grado más alto en la Sedena, percibe 121 mil pesos mensuales.

Según la Sedena, los salarios asignados no son distintos entre personal militar que realiza labores de oficina y aquellos que son enviados a estados como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Jalisco, etc.

Un elemento militar entrevistado por el diario dijo que los soldados que salen a misiones fuera de las ciudades donde viven, enfrentan demasiados problemas ya que no pasan mucho tiempo con sus familias, e incluso en ocasiones cuando muere algún pariente no han podido acudir a los servicios funerales.

Agregó que los militares cuentan con apoyo del gobierno en vivienda, becas, seguros médicos y gastos para fallecimiento de familiares.

El soldado opinó que a los militares que arriesgan su vida se les debería considerar otro tipo de pago.



Fuente: Proceso.

El papel de las elecciones en el capitalismo.

En los regímenes capitalistas constitucionales las elecciones periódicas sirven a las clases dominantes para elegir cuál sector de ellas gobernará, para seleccionar y renovar el personal gobernante y para medir la temperatura política, es decir, el nivel de conciencia, organización y decisión de los sectores populares. Dado el control por el capitalismo y sus agentes de los instrumentos de mediación –medios de comunicación, academia, escuelas, jerarquías eclesiásticas conservadoras, justicia electoral–, esas elecciones supuestamente democráticas están viciadas desde su origen mismo porque los sectores populares están en ellas en condiciones de inferioridad. Si pese a eso desde finales del siglo XIX los trabajadores han luchado por el voto universal o por elecciones libres es porque intentan siempre luchar incluso en terreno adversario, en condiciones desfavorables, disputar centímetro a centímetro las condiciones de dominación y explotación capitalistas, resistir y defenderse por todos los medios.

Incluso en el caso de ganar las elecciones, como mostró el Partido Comunista Italiano que, con más de 33 por ciento de los votos en 1976 se derrumbó en poco tiempo, o como demuestra hoy el caso de Syriza en Grecia, un mayor peso en las instituciones capitalistas no modifica las relaciones de fuerzas entre las clases ni reduce el poder de los financistas, banqueros, hacendados, empresarios monopolistas, trasnacionales, ni de sus fuerzas represivas. Los termómetros –las elecciones lo son– nunca modifican la situación del paciente y, a lo sumo, lo animan o lo desaniman. Los enormes daños y desastres causados por el capitalismo sólo desaparecerán con éste, con la creación de otro poder y de otro tipo de relaciones sociales.

Para los pobres, discriminados, explotados y oprimidos el participar o no en las elecciones organizadas por el capitalismo allí donde ellos residen es sólo una cuestión de táctica. En Venezuela, frente a la mitad de la población dirigida por una derecha golpista, las elecciones deben servir para educar y separar del frente reaccionario con argumentos fraternos a los que son simplemente conservadores e ignorantes y aislar a los fascistas y agentes extranjeros. En otros países donde aún hay cierta legalidad y donde los sectores anticapitalistas y progresistas son minoritarios –como en Argentina, Paraguay o Perú, o en los países de Europa meridional– las elecciones deben ser utilizadas también para educar y organizar, demostrando la posibilidad de una alternativa al capitalismo, para hacer contracultura. Si, de paso, se obtuviese alguna posición electoral, ésta debe ser utilizada también como tribuna, como si uno hablase parado en una caja de Coca Cola, para denunciar, para organizar, apoyar las luchas sociales y proponer leyes favorables a las mayorías.

No existe la vía electoral al poder ni mucho menos la posibilidad de construir poder popular desde las instituciones capitalistas. Por eso, por ejemplo, es erróneo el sesgo electoralista que le imprimió el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en Argentina a su campaña. Ese electoralismo sólo le permitió tener unos pocos votos y diputados más, pero es insuficiente para hacer frente al hecho de que la inmensa mayoría de la población apoya a partidos derechistas y reaccionarios y acepta como natural la ideología capitalista.

Será siempre mala, para la izquierda, una elección en la que no se explique qué sucede en escala mundial, qué repercusiones tendrán esos hechos en el país, el lazo entre las luchas locales y la resistencia antimperialista en otros lugares del continente y la necesidad y posibilidad de romper los lazos de dependencia y de explotación construyendo una fuerza alternativa anticapitalista. Es ceguera sectaria alegrarse por aumentar un punto el propio porcentaje cuando más de 90 por ciento del país y la inmensa mayoría de los asalariados votan aún por diversas facciones capitalistas de derecha.

En países, en cambio, como México, donde no existe un estado de derecho y la dictadura del capital es cada vez más feroz y sangrienta, las elecciones sirven para recomponer el frente maltrecho de la oligarquía y lograr la apariencia de legalidad a la camarilla que dirige ilegítima e ilegalmente ese semiestado. Si en algún estado de la República, como en Guerrero, es posible imponer el boicot a esa maniobra y anular las elecciones mismas, demostrando así el aislamiento del régimen, participar en la farsa electoral equivale a respaldar a quienes desde el gobierno, y en nombre del poder capitalista, están destruyendo las bases mismas de la entidad nacional. Si, en cambio, la relación de fuerzas en otros estados no permitiese el boicot, podría ser una alternativa el abstencionismo con relación a las urnas tramposas junto con el activismo en la realización de asambleas, huelgas parciales, manifestaciones, todo desarrollando la conciencia de la necesidad de construir órganos de democracia directa, como las policías comunitarias, los grupos reales de autodefensa, antinarco y contra la violencia estatal, gobiernos autónomos por voto asambleario y revocación también asamblearia de los mandatos.

El objetivo, en un periodo de elecciones que debería ser de consulta popular, pero es en cambio de reorganización del poder de las clases dominantes, debe ser educar a los sectores populares para la alternativa, mostrar que ésta es posible, organizarla, darle cuerpo en realidades locales o regionales, golpeando así la conciencia de los trabajadores y oprimidos de otras regiones menos organizadas del país e, incluso, ayudando a los que en Estados Unidos mismo –en el terreno de los patrones del gobierno mexicano– hoy se sublevan no contra una u otra injusticia sino contra el Estado y el régimen racista, como en Baltimore. 

 

De: Guillermo Almeyra. 

Miedo a no votar.

Las condiciones para boicotear las elecciones, con el voto nulo o la no asistencia a las urnas, están dadas. Nunca como ahora, en la historia del México moderno, la simbiosis entre política y crimen, y la ausencia, por lo mismo, de una verdadera oferta política que termine con la inseguridad, la corrupción, la miseria, el crimen y la impunidad, han puesto en evidencia no sólo la ausencia del Estado, sino de un verdadero suelo democrático. No obstante, algunos sectores de la sociedad se empeñan en ir a las urnas este próximo 7 de junio.

Fuera de quienes irán por razones no ciudadanas, es decir, por las razones que han destruido la vida política: la coacción, la corrupción y el clientelismo –eso que se define como “el voto duro”–, los verdaderos ciudadanos que votarán lo harán por miedo al vacío, es decir, por el terror a aceptar que no haya nada y que debemos empezar de otra manera, casi desde cero.

No es para menos. Tomar conciencia de una realidad que es la negación del mundo estable que imaginamos, es difícil. Nunca sucede de golpe. Sino poco a poco, a pesar de los estragos. Nos cuesta trabajo aceptar que el amigo nos traicionó, que la mujer amada se acuesta con otro, que las ideas libertarias a las que un día nos entregamos eran la máscara de la tiranía, que el hijo amado no volverá a casa. También nos cuesta aceptar que nuestro país está absolutamente destrozado, que la idea que nos hicimos de la democracia –por las que tantas generaciones lucharon y entregaron sus vidas– es una simulación, y que ir a votar no es otra cosa que llevar al poder a criminales que usan nuestra ilusiones para robarnos, vender la tierra y el agua, permitir que se lleven a nuestros hijos y mantenernos sometidos a las fuerzas del miedo, la impunidad y el horror. Muy pocos se atreven a soportarlo. No bien llegan las elecciones inmediatamente, bajo los pretextos más superficiales del pensamiento político –va a ganar el voto duro del PRI, estos son menos malos que los otros, si no votamos dejaremos el poder a los peores, ¿qué va a suceder si no votamos?–, se dirigen a las urnas para, a los pocos meses, encontrase con el ahondamiento del horror.

Lo que el miedo, que construye esta ilusión democrática, no los deja ver es lo sistémico del problema: el PRI no es un partido. Es, por el contrario, una cultura delincuencial que corroyó el esqueleto político y moral de todos los partidos y de una buena parte de la nación. Cambiar a unos por otros –no hemos dejado de vivirlo sexenio tras sexenio– es repetir ese cultura sistémica y ahondar en el horror de su corrupción. Donde quiera que volvamos el rostro, los partidos políticos, sean de cualquier color, aumentan los crímenes, la impunidad, la corrupción, la represión, las mentiras, las simulaciones y los vínculos con los grupos del crimen organizado.

Sin embargo, en la ilusión, las urnas, que hacen posible esa realidad (cada atrocidad sucedida en este país desde la inexistente transición democrática ha sido sostenida y avalada por la ilusión del voto), vuelven a borrar en la imaginación los estragos, relativizándolos y reduciéndolos a un asunto que la magia de los elegidos borrará. El miedo a aceptar la realidad entrampa a la imaginación en las zonas de confort de lo ilusorio y, como todo miedo, contribuye a legitimar lo inconcebible.

Pese a eso, la realidad se repite una y otra vez. Las noticias con las que a diario nos topamos –la compra del voto, los pleitos entre partidos, los dispendios del dinero público y del crimen organizado en campañas sucias como las del Partido Verde, los asesinados y desaparecidos de todos los días, las violaciones a los derechos humanos, la incompetencia del INE, la ausencia de sentido político de los candidatos y los gobiernos, la inseguridad de cada día, los conflictos de interés, la impunidad, los colusiones de funcionarios públicos con el crimen organizado, el silenciamiento a la libertad de expresión y a la protesta, etcétera– son pruebas de la existencia de la realidad y revelaciones de la irrealidad democrática. Aceptarlo es doloroso. Pero es la única manera de rehacer el país y la vida. La democracia electoral no está en crisis. Murió hace mucho. Sólo existe en la ilusión y el miedo que se refrendan en los comicios electorales y permiten que la realidad de la devastación continúe su espantosa marcha. Ir a las urnas es volverle a entregar un cheque en blanco a esta barbarie y prolongarla en el tiempo de formas cada vez más inauditas.

La política y su fuente democrática necesitan otro lenguaje y otra forma de actuar. Pero eso sólo puede nacer de quienes han aceptado la realidad y comprenden que el lenguaje de las urnas y de las partidocracias es un idioma que perdió sus significados y sólo produce –es la ausencia del sentido– corrupción, caos y muerte. Esta experiencia es la de todos en México. Muchos, sin embargo, por miedo a aceptarla, intoxicados de ilusión, incapacitados para ver que asistimos al desmoronamiento de un mundo que necesita pensarse y rehacerse desde sus cimientos, continuarán creyendo en las elecciones como un dogma de fe e irán a ellas a votar. Entonces, como lo dijeron los zapatistas, la tormenta y la catástrofe que llegarán serán todavía peores.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, boicotear las elecciones, y devolverle su programa a Carmen Aristegui.

De Javier Sicilia.