Peña y Apatzingán: un gobierno manchado de sangre.

“Fue una masacre”, tituló el semanario Proceso el reportaje de su corresponsal en Michoacán, Francisco Castellanos, quien informó con puntualidad y rigor sobre el asesinato a balazos de civiles desarmados por parte de agentes de la Policía Federal, el 6 de enero, en Apatzingán.

Esta matanza, una más en el ya sangriento gobierno de Enrique Peña Nieto, pronto se diluyó por las urgencias y complicidades del poder, incluyendo las mediáticas.

Y, pese a las mentiras del comisionado Alfredo Castillo para encubrir los hechos –acreditados por Paco Castellanos en la edición 1994 del semanario del pasado 18 de enero–, la impunidad terminó por sepultar este otro crimen de lesa humanidad.

Pero tras el reportaje de la colega Laura Castellanos, que amplía detalles de la masacre –y que ha sido difundido de manera conjunta por este semanario, el sitio de Internet de Carmen Aristegui y la televisora estadunidense Univisión–, los homicidas de la Policía Federal, Castillo y sus jefes deben recibir un castigo del tamaño del crimen.

Castillo, quien apenas el viernes 17 asumió el cargo de director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) –una verdadera bofetada al sector–, debe renunciar de inmediato.

No sólo eso: Debe ser sujeto de una investigación y sometido a proceso por alterar con sus mentiras el escenario del crimen y eventualmente por ordenar a los mandos de la Policía Federal asesinar a balazos a los 16 civiles desarmados, muchos de ellos ejecutados por la espalda cuando ya estaban sometidos y de rodillas.

Y si no fue Castillo el que impartió la orden a los homicidas de la Policía Federal, porque por lo visto tenía esa prerrogativa inconstitucional como virrey en Michoacán, la investigación debe acreditar si la disposición fue del comisionado de la corporación, Monte Alejandro Rubido, o del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Más aún: Si en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el gobierno federal niega toda culpa y en la matanza de Tlatlaya acusa que los autores son sólo un grupo de soldados, en la masacre de Apatzingán la responsabilidad recae directamente en Peña Nieto.

En lo formal, el superior jerárquico de Castillo era Osorio Chong –como ahora en la Conade lo es Emilio Chuayffet–, pero es sabido de todos que ha sido procurador de Justicia del Estado de México, subprocurador de la PGR, procurador del Consumidor y comisionado en Michoacán por decisión de un solo individuo: Peña Nieto.

Y si Castillo tiene sangre en las manos por la masacre de Apatzingán, esa sangre ha manchado ya a Peña.

 

De: @alvaro_delgado.

El jacalito donde vive Osorio Chong.

Osorio Chong es pobre: “depa” de 12 metros cuadrados

El patrimonio inmobiliario del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consta oficialmente de cuatro terrenos y un departamento de 12 metros cuadrados. ¿Doce metros cuadrados? Sí: Es lo que informa él mismo en sus declaraciones patrimoniales desde que asumió el cargo.

Lo más probable es que la superficie de ese “departamento” sea una errata en la información que él mismo capturó en sus declaraciones oficiales, pero si no la ha corregido en dos años, en 2013 y 2014, significa que efectivamente posee una vivienda de tres por cuatro metros –el tamaño de una recamarita– o que miente.

Y a juzgar por las dos fabulosas mansiones de Las Lomas de Chapultepec en las que ha vivido y vive en la Ciudad de México desde 2011 –que demuestran que lo suyo no es la austeridad–, es más lo segundo que lo primero.

El semanario Proceso publica esta semana una maciza investigación periodística de Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa sobre las dos residencias que ha habitado Osorio Chong y su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, servidora pública también como directora general del DIF y amiga íntima de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

En el reportaje queda acreditado que, para establecer su residencia en la capital del país, Osorio Chong usó la misma fórmula de Peña Nieto, su jefe: Mansión a todo lujo en Las Lomas de Chapultepec, esposa adquiriente y el proveedor su contratista consentido como gobernador.

En efecto, los Osorio Chong habitaron, desde 2011, una residencia de mil 379 metros cuadrados de construcción en Bosque de Manzanos 333, colonia Bosques de las Lomas, que tendría un valor comercial estimado en 60 millones de pesos. La propiedad perteneció a una hija de Miguel Alemán, expresidente emblema de la alta corrupción.

A partir de julio del año pasado, el secretario de Gobernación se mudó con su familia a Paseo de las Palmas 1380, Lomas de Chapultepec, una mansión valuada en 52 millones de pesos, cuyo trámite de compra inició su esposa, en mayo de 2014, en una cantidad no especificada, según documentos del Registro Público de la Propiedad que exhiben los reporteros, que incluyen la solicitud de un crédito hipotecario a Banorte.

Un dato clave en esta trama es que, como en el caso de Peña Nieto-Rivera, se configura al menos conflicto de interés, porque el propietario de ambas mansiones es Carlos Aniano Sosa Velasco, un contratista que de la nada se convirtió en el predilecto de Osorio Chong como gobernador de Hidalgo, de 2005 a 2011, y que en sólo dos años ha recibido casi mil millones en contratos del gobierno federal.

Proceso consultó a Osorio Chong sobre las dos mansiones y su respuesta fue que no es dueño de ninguna, como se consigna en el mismo reportaje, pero desde ayer domingo el funcionario inició, con una carta, una campaña para ocultar la información contundente del semanario.

La carta de Osorio Chong, que ha sido reproducida como desmentido por el periodismo mezquino y servil que al mismo tiempo oculta la información que falsamente se desmiente, tiene una lógica política que lo hace aparecer como víctima del semanario.

Recuerda que, en abril de 2010, Proceso “pretendió involucrarme con el crimen organizado sin prueba alguna” y luego, en mayo de 2012, “publicó otro artículo calumniando a mi familia, sin prueba alguna”, y ahora, dice, “me señala como propietario de dos viviendas”.
Pero no aclara el funcionario, uno de los prospectos del priismo para la candidatura presidencial en 2018, el proceso de compra-venta que inició el año pasado su esposa, servidora pública que mantiene en secreto sus bienes, de la casa de 834 metros cuadrados, en las Lomas de Chapultepec.

Igual que Peña Nieto en su momento, Osorio Chong no aclara tampoco cuánto pagaba de renta en la mansión de Bosques de las Lomas, de 2011 a 2014, propiedad también de Sosa Velasco, un símil del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Higa, que “vendió” mansiones a La Gaviota y a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda…

El asunto da para más, aunque oficialmente Osorio Chong es dueño de sólo un departamentito de 12 metros cuadrados. Es pobre…

 

Fuente: Proceso.  http://www.proceso.com.mx/?p=401116

  @alvaro_delgado

Duarte deja en bancarrota a Veracruz.

 Durante 52 meses el gobernador de Veracruz –el priista Javier Duarte– mostró un gran talento para no ver la realidad. Aseveró que en su estado, uno de los más golpeados por el narco, sólo se robaban Frutsis y Pingüinos; que los Juegos Centroamericanos de 2014 –en los que ni siquiera se construyeron villas para los atletas– fueron los mejores de la historia, y que Veracruz es seguro para los periodistas, pese a que ahí abundan los asesinatos de comunicadores… Lo que ya no pudo negar es el desastre financiero de la entidad, fomentado por el despilfarro y las deficientes políticas públicas. Ahora que los pasivos pueden alcanzar los 98 mil millones de pesos y la insolvencia es cotidiana, lanza un “plan de ajuste”.
Aunque el gobierno de Javier Duarte lo minimiza, las finanzas públicas de Veracruz son un desastre. En el diagnóstico coinciden políticos del PAN, PT y PRD, y bajo anonimato lo admiten funcionarios estatales y empleados priistas.

Las evidencias son numerosas. Una semana antes de que arrancara la Cumbre Tajín (realizada del jueves 19 al domingo 22), el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa, aceptó que el espectáculo estelar de dicho festival –con un costo de 14 millones de pesos– fue cancelado por falta de presupuesto. Para atemperar las críticas en medios nacionales, la oficina de prensa de Duarte envió 11 boletines alusivos al encuentro dos días antes de que iniciara el festejo.

Otra: el martes 17 y en plenas semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), los jugadores del equipo Halcones Rojos –subsidiado en su totalidad por el DIF estatal– decidieron abandonar el entrenamiento porque no les han pagado.

En esa misma coyuntura, los extrabajadores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC, justa catalogada por Duarte como la mejor de la historia) continúan reclamando el pago de cuatro quincenas y la segunda parte del aguinaldo, pese a que el certamen deportivo concluyó hace 120 días.

La última protesta fue apenas el martes 17, cuando un grupo de empleados decidió cerrar un carril de la calle ubicada frente a Palacio de Gobierno. Inicialmente los inconformes pensaban trasladar su manifestación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero cancelaron el movimiento por una amenaza que, aseguran, recibieron de directivos de esa dependencia: “Entre más protesten, menos les vamos a pagar”.

En el gobierno de Duarte, mandos medios y enlaces de prensa de varias dependencias admiten que hay una especie de “inanición gubernamental” por la falta de recursos: denuncian infraestructura pública paralizada, operaciones quirúrgicas o subsidios médicos detenidos y entrega a cuentagotas de apoyos en municipios afectados por el clima.

El colmo: empleados del Comité Estatal del PRI aseveran que sus sueldos sufren retrasos de más de una semana, pues las prerrogativas que debería canalizar mes con mes el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) llegan con retraso por culpa de la Sefiplan.

La demora de pagos también llegó al sindicato de la Universidad Veracruzana, a los estudiantes inscritos en el Programa Nacional de Becas (Pronabes), a organizaciones campesinas y al sindicato de trabajadores del Poder Judicial.

En la iniciativa privada, líderes de cámaras empresariales, como la CMIC, la Canaco y la Coparmex, en ruedas de prensa realizadas mes con mes, conminan al gobierno de Duarte a “reiniciar” los pagos por construcción, proveeduría y otros servicios.

En diciembre pasado, el extitular de la Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo, admitió que el pasivo oficial de Veracruz rebasa los mil 492 millones de pesos. De esa cantidad, 643 millones 668 mil pesos son deuda contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a contratistas se les debe poco más de 849 millones. De diciembre a marzo esa cifra aumentó, pero el gobierno no ha dicho cuánto.

El grupo transportista ADO sí hizo público su caso. En el suplemento Cancha, del diario Reforma, se quejó de un adeudo de 21 millones de pesos por la renta de 186 autobuses de lujo y 35 camionetas Mercedes Benz, que operaron en Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Tuxpan. Ya presentó una denuncia civil.

Así, presidentes del PT, PAN y PRD repudiaron –en vísperas de las campañas electorales– la situación financiera provocada por la actual y las pasadas administraciones priistas. Fidel Robles, dirigente estatal y diputado local petista, anunció que solicitará un juicio político contra Duarte por malversación de fondos públicos y la conformación de una estratosférica deuda pública, la cual asciende a 98 mil millones de pesos, según “datos recabados”, expresa, en la Cuenta Pública Consolidada 2013:

“Sabemos que no se liberaron recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) en todo el sexenio de Duarte. Además, ciudadanos de todos los estratos sociales han recurrido a mí para denunciar omisiones graves en entes públicos, obras mal hechas, inconclusas o etiquetadas y no terminadas. Estamos ante un desastroso sexenio de Duarte y sus desleales colaboradores.”

La cifra mencionada por Robles incluye el débito reportado ante la Secretaría de Hacienda, que ronda los 40 mil millones de pesos; créditos bancarios; pasivo circulante, que está en los mil 500 millones de pesos; cuentas pendientes por pagar a ayuntamientos, como aportaciones federales, partidas del Fonden, programas de obra estatal y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), entre otros; más los retrasos y deudas vinculados a los órganos públicos desconcentrados y autónomos.

En el PAN asientan que el gobierno de Duarte es indiferente a los reclamos por la quiebra financiera y el desvío de recursos. De hecho, aseguran, aplica la frase del expresidente Carlos Salinas: “Ni los veo ni los oigo”.

El diputado local Julen Rementería cifra en 3 mil millones de pesos las irregularidades en la Sefiplan, que se concentran en los rubros relativos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH). Los números que difunde la Tesorería, dice, no cuadran con los reportados ante el Órgano de Fiscalización (Orfis), ente auditor calificado por Rementería como “ciego, inepto, obeso y vago”.

Pese a ello, continúa, la administración priista –confabulada con su bancada y la Junta de Coordinación Política en el Congreso local– se niega a exigir la comparecencia de los titulares de la Tesorería, Orfis y la contraloría estatal.

Tan sólo en el informe de la cuenta pública 2013, la Sefiplan reportó ingresos tributarios por mil 960 millones de pesos, mientras que el Orfis sólo apuntó 669 millones. Es decir, existe una diferencia de mil 200 millones que nadie explica.

“Claro que es dinero que jinetearon, robaron, se fue para campañas, lo desviaron… ¿Con qué ánimos el ciudadano, el empresario va a querer pagar impuestos? A mí me ha reclamado Lorenzo Portilla (auditor del Orfis) que por qué no le creo, que hace bien su trabajo. Ya le dije que no quiero creerle, sino que me lo demuestre.”

Alcaldes del PRD, por su parte, han cerrado en diversas ocasiones el centro de la ciudad y tomado las instalaciones de la Sefiplan para exigir que se liberen los recursos adscritos al Fondo Social de Infraestructura Municipal (FSIM) y que se “corrijan errores administrativos” cometidos por el gobierno de Javier Duarte a la hora de asignar esas partidas.

Con maestría en derecho, economía y políticas públicas por la Fundación José Ortega y Gasset, de Madrid, y con un doctorado en economía por la Universidad Complutense, también de la capital española, Javier Duarte esperó hasta el mes 52 de su gobierno –cuando las críticas de la oposición y de los empresarios eran unánimes– para hacer un cambio en las finanzas de su gobierno, problema que en estos días se convirtió en el mayor motivo de preocupación entre los veracruzanos, superando a la ola de delincuencia –otro sello de su administración.

Duarte anunció un Plan de Ajuste al Gasto Público (PAG), cuyo punto medular es prohibir erogaciones que durante los primeros cuatro años de su gobierno fueron solapados o incluso fomentados. Además, removió a su quinto tesorero, Mauricio Audirac, y en su lugar nombró al administrativo educativo, Antonio Gómez Pelegrin.

Antes de Audirac, por la Sefiplan desfilaron el exlíder nacional de Nueva Alianza, Tomás Ruiz, hoy en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; Salvador Manzur, actualmente delegado nacional de Banobras y famoso a escala nacional por ser parte de la red de mapaches electorales detectados en la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol); Carlos Aguirre, quien sólo fungió como encargado de despacho, y Fernando Charleston, quien estuvo un año en el cargo y prefirió renunciar para regresar a su curul en San Lázaro.

El PAG ordena, entre otras cosas, “restringir los servicios de seguridad personal” entre los mandos medios y superiores; reducir el número de “asesores y personal de apoyo”, y limitar la contratación de “asesoría y estudios”.

El documento de 10 puntos contempla también la “reducción al mínimo” de los apoyos otorgados mediante “subsidios” y la revisión de “compatibilidades laborales” para evitar que el personal “cobre en dos o más lugares”. Paralelamente, las dependencias que están arrendando inmuebles presentarán un “programa real” de reducción de espacios que permita pagar menos.

Ante su gabinete y sin la presencia de reporteros –sólo fotógrafos y camarógrafos–, Duarte explicó que Veracruz “no está ajeno” a la crisis económica que se deriva, resumió, de la caída de los precios del petróleo y el incremento en las tasas de interés estadunidenses.

“De forma oportuna y responsable el gobierno del estado se suma a este esfuerzo para enfrentar este entorno. La premisa de la acción siempre ha sido la responsabilidad, que obliga a pensar sólo en el bienestar duradero de los veracruzanos”, dijo en su mensaje, para justificar la “profunda reingeniería” en la gestión pública estatal.

Vivir con los demonios.

 De Jorge Carrasco Araizaga.

 

Aunque el gobierno de Peña Nieto llegue al extremo de confrontar y descalificar a Naciones Unidas, como lo hizo con el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, nada impide que el mundo conozca la dimensión de la crisis de derechos humanos en México.

El reconocido semanario The New Yorker acaba de dar a conocer un video sobre los 43 normalistas desaparecidos hace medio año en Iguala, Guerrero.

http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/video-the-monster-in-the-mountains

Financiado con una beca del Centro Pulitzer –dedicado a promover la cobertura periodística de asuntos de trascendencia global–, el documento muestra al mundo el drama de los desaparecidos en ese estado, más allá de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, a manos de policías municipales ante los ojos del Ejército.

Los normalistas son los nuevos desaparecidos en Guerrero, pero no los únicos. Son cientos de cadáveres que han sido encontrados en fosas clandestinas desde que los papás de los normalistas emprendieron la búsqueda de sus hijos.

Aunque se presume que muchos son víctimas de la guerra contra las drogas emprendida el sexenio pasado, nada garantiza que se sepa la verdad. “Ya no buscamos justicia, sólo queremos encontrar los cuerpos”, dicen algunas familias de las víctimas.

Eso explica que recurran a la propia delincuencia organizada para saber qué pasó con los suyos, luego de que el gobierno federal les dijera que ya no existen ni sus cenizas.

Tampoco Guerrero es el único estado con inhumaciones extrajudiciales. Tal y como ocurrió en Chile al término de la dictadura de Pinochet, cuando empezaron a surgir fosas clandestinas en todo el país, el territorio mexicano también está marcado por esa expresión de crímenes contra la humanidad.

Guerrero, sin embargo, es ahora un infierno para las víctimas, como lo sintetiza Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Por eso los autores y los editores del New Yorker le pusieron al video el título de “El Monstruo en las Montañas”.

Es un monstruo que apareció también en los años de la guerra sucia, en la década de los 60 y 70, con Guerrero como uno de sus principales escenarios. Las cifras oficiales hablan de más de 500 desaparecidos, atribuidos al régimen del PRI de entonces, con sus cuerpos policiales y militares y sus guardias blancas, integradas por civiles y militares.

No hubo castigo y la impunidad garantizó que se repitiera la tragedia. Vicente Fox sólo simuló una investigación y Felipe Calderón quiso echar a la basura ese pasado. Ambos garantizaron las desapariciones de ahora.

Los desaparecidos de entonces fueron víctimas de una persecución ideológica. Los de ahora, de la violencia de la delincuencia organizada amalgamada con la autoridad.

El caso Radilla es un emblema de la lucha de los familiares para sancionar a los responsables de tales crímenes. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, en Atoyac, en 1974, a manos del Ejército, no alcanzó sin embargo para el castigo de los responsables, pues los jefes políticos y militares de la época ya estaban muertos para cuando el Estado mexicano fue sentenciado, en 2009.

El gobierno de Peña Nieto se resiste a aceptar que lo ocurrido con los 43 normalistas es un caso de desaparición forzada y lo quiere reducir a un asunto delictivo. La desaparición forzada es una cara más del monstruo que describe The New Yorker.

No es la primera vez que el semanario se refiere a la violencia en México. Desde que el país empezó a padecer las consecuencias de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón, ha presentado a sus lectores distintos trabajos para tratar de explicar las caras del monstruo de la violencia.

Los burócratas del gobierno de Peña Nieto no pueden hacer nada para evitarlo. Sólo les queda emprender vergonzosas peleas con los investigadores especiales de Naciones Unidas que documentan las graves violaciones a los derechos humanos en México. Pero al hacerlo, lo único que logran es exhibirse a sí mismos y atraer más la atención internacional hacia lo que pasa en el país.

@jorgecarrascoa