Desaparecidos: Noche, niebla y dolor en México.

SANTIAGO A. CANTON
"Quisiera saber dónde estás para ir corriendo y salvar tu vida, no importando quitarme la mía". Esas palabras nacen del dolor de María Micaela Hernández, madre de Abel, estudiante desparecido en Ayotzinapa. Es el mismo dolor de millones de madres. La tristeza sin fin de los familiares de desaparecidos es parte de la estrategia diseñada para imponer el terror y la angustia y someter a las personas a la voluntad arbitraria del poder.

En la historia de la humanidad abundan los ejemplos de la brutal capacidad del ser humano para crear el infierno en la tierra. El holocausto no sólo desnudó al animal salvaje y su fuerza asesina, sino también a la frialdad para diseñarlo. El 12 de diciembre de 1941, en la carta de presentación del decreto firmado por Hitler, Noche y Niebla, que reglamentó la práctica sistemática de las desapariciones, Wilhelm Keitel, Comandante Supremo del Ejercito alemán, explica el objetivo del decreto: "Una intimidación eficiente y duradera sólo se logrará con la pena capital, o con acciones que no permitan a los familiares del criminal y a la población conocer su destino".

Décadas después, el objetivo de las desapariciones se mantiene incólume: destruir a la persona y a la sociedad que lo rodea. En el siglo XX la hiedra de las desapariciones avanzó sobre decenas de países. América Latina puso su dolorosa cuota y le dio un nuevo significado a esa palabra. Hace 41 años, el 29 de Marzo de 1974, el Comité Pro Paz chileno presentó un recurso de amparo masivo por el arresto y desaparición de 131 personas. Ese día, la palabra desaparecido tuvo su bautismo jurídico, y "Nunca Más" significaría lo mismo.

En México, lamentablemente, en la última década la palabra "desaparecido" se ha transformado en un aullido interminable para la sociedad mexicana. El 11 de diciembre del 2006, 11 días después de haber asumido la presidencia, el presidente Calderón anunció el envío de más de 5.000 militares y policías a Michoacán para combatir el narcotráfico y "fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias". El apoyo político, la ausencia de control civil y la impunidad en la justicia militar, crearon la tormenta perfecta para que la lista de desaparecidos se multiplique. Desde ese día, nada fue igual para los mexicanos y sus familias. Según datos oficiales, en México hay más de 25.000 desaparecidos.

Al igual que sucedió en otros países, la cifra puede ser mayor. El hallazgo más impactante del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, fue descubrir que el número de víctimas era mucho mayor al inicialmente estimado. Las causas de ese incremento son trasladables a la realidad mexicana: "...si consideramos dónde y a quiénes afectó principalmente el conflicto armado interno (las zonas rurales, campesinas, pobres y culturalmente más distantes del mundo "occidental" peruano), no resulta inverosímil que tantos ciudadanos de "ése" Perú hayan perecido ante la indiferencia o desconocimiento del país "oficial", "moderno" u "occidental". Considerando que un porcentaje elevado de las desapariciones registradas por las organizaciones de la sociedad civil no figuran en el registro oficial, es razonable asumir que la cifra oficial debería ser mayor.

Si bien no existe certeza sobre cuántas desapariciones ocurrieron por el accionar de agentes del Estado, según la poca información oficial se puede concluir que, por lo menos, son varios miles los desaparecidos como consecuencia de la participación directa o indirecta de militares o policías mexicanos. El caso de los 43 estudiantes es la rendija por donde observamos los distintos componentes de las desapariciones que conforman la alarmante realidad mexicana.

Una investigación de la revista Proceso, revela que el Gobierno mexicano, local y federal, participó en la planeación, implementación y encubrimiento de los asesinatos y desapariciones. Los estudiantes fueron monitoreados con anticipación, y la información era compartida entre la policía local, federal y el Ejército. Asimismo, los estudiantes no fueron elegidos de forma aleatoria, ya que por lo menos once formaban parte de organizaciones políticas estudiantiles. Luego de las desapariciones y ejecuciones, el gobierno puso en funcionamiento un plan para entorpecer la investigación y encubrir los hechos, al mismo tiempo que impulsaba un relato oficial, creado en base a torturas, presiones y mentiras.

El Presidente Peña Nieto puede ponerle fin a las desapariciones. El primer paso consiste en el reconocimiento de la existencia y gravedad de la situación. Sin embargo, a juzgar por la irracional reacción del Gobierno contra el informe del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, pareciera que la voluntad para ponerle fin a este flagelo es una simple máscara. Luego de que Juan Méndez, miembro del podio de los defensores de derechos humanos más experimentados, respetados y profesionales, hiciera público su informe denunciando una práctica generalizada de tortura e impunidad, el gobierno optó por acusarlo de falta de ética y profesionalismo y le retiró cualquier colaboración futura. A la reacción contra Juan Méndez, se le deben añadir, entre otras, las recientes reacciones contra el Comité contra la Desaparición Forzada y contra el Equipo Argentino de Antropología Forense. Negar la realidad, matando al cartero, no es un paso muy auspicioso para terminar con las numerosas violaciones a los derechos humanos que azotan a México.

"Desde aquel día de tu partida te sigo esperando, hijo, y sé que estas lágrimas que lloro, al final será el precio por verte de vuelta...", continúa María Micaela, esperando que Abel vuelva a sentarse a la mesa. Por cada hora negando la realidad e inventando un relato oficial, el gobierno suma a su lista a otro desaparecido, torturado o ejecutado.

Para que México pueda ser nuevamente lindo y querido para todos los mexicanos, el presidente Peña Nieto debe cambiar radicalmente su política de seguridad y de derechos humanos. Para lograrlo, tiene a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional de su lado. Lamentablemente, por ahora, él y su Gobierno están del otro.

Santiago Canton es director ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights. Twitter @SantiagoACanton

Ayotzinapa, el temor de Peña.

Por: JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El gobierno de Enrique Peña Nieto está empeñado en reducir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un asunto meramente delictivo. A medio año de la tragedia, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, dejó en claro que a eso se han reducido y así seguirán las investigaciones.

En el gabinete de seguridad ha existido una fuerte resistencia para investigar el caso como desaparición forzada; es decir, como un crimen de lesa humanidad; y, sobre todo, a reconocerlo como un grave delito cometido desde el poder político del Estado mexicano.

El balance que presentó la procuradora justo seis meses después de la detención de los jóvenes por parte de policías municipales y su posterior desaparición atribuida a delincuentes, demuestra el empeño gubernamental de desasociar lo político y lo criminal.

En línea de lo hecho por su antecesor, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez dijo que hay 104 detenidos; 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Todos, incluido el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como meros operadores, pero sin que se sepa hasta ahora que se está investigando la estructura política, económica y social que ha acompañado a ese grupo de la delincuencia organizada.

La procuradora mencionó también que hay 25 averiguaciones previas por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Pero no hay ninguna por desaparición forzada. Para justificarse, la PGR le cargó la responsabilidad al Poder Judicial.

Señaló la PGR en un boletín fechado el 26 de marzo: “En relación a las consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”.

En México, nadie más que el ministerio público tiene el monopolio de las averiguaciones previas y por ende esa instancia es la que consigna ante la justicia a los responsables de los delitos. El juez valora las actuaciones y la tipificación delictiva, pero sólo después de que el ministerio público le presente un expediente en el que sustente sus acusaciones. La PGR engaña y manipula.

El periódico La Jornada publicó el domingo 22 de marzo los argumentos de la PGR para no considerar la tragedia como un delito de lesa humanidad; es decir, un crimen contra la humanidad.

Según la información consignada, resultado de una solicitud de acceso a la información, la procuraduría aseguró que en el caso de Ayotzinapa “no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.

De nueva cuenta, es muy clara la distorsión de la PGR. Un delito de lesa humanidad no se tipifica sólo por su frecuencia. La Corte Penal Internacional lo define como las conductas o cualquier acto inhumano –como la desaparición forzada–, que cause grave sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La PGR pretende negar que la noche trágica de Iguala se ha convertido en emblema de la descomposición del Estado mexicano; una entidad ya no penetrada por la delincuencia, sino parte de ella, dispuesta a eliminar a quienes considera sus enemigos.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la desaparición forzada como un delito que se prolonga hasta que la víctima aparezca, viva o muerta.

Sin ser el directamente responsable, Enrique Peña Nieto y su gabinete están conscientes de que como jefe del Estado mexicano es él quien tiene que responder ante la tragedia porque agentes estatales –así fueran policías municipales y un alcalde– participaron en la desaparición de los normalistas.

Reconocer que se cometió un crimen contra la humanidad, implica reconocer la jurisdicción internacional en caso de que en México no haya justicia. Y los responsables ya no serían sólo los autores materiales e intelectuales de la desaparición, sino aquellos que nieguen la justicia, empezando por Peña Nieto y sus procuradores.

La preocupación es real porque esos delitos son imprescriptibles; es decir, perseguirían a Peña Nieto aún después de que salga de Los Pinos.

@jorgecarrascoa

Iguala, a seis meses.

 Han pasado seis meses desde que policías municipales de Iguala, con la posible colaboración de agentes federales y militares (la posibilidad no puede descartarse en tanto el gobierno siga negándose a investigarla) y de individuos de la criminalidad no uniformada dipararon sus armas contra un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en una acción que dejó tres normalistas asesinados, más otras tres personas, dos heridos de suma gravedad y 43 desaparecidos. 180 días de duelo, indignación, angustia y exasperación ante un agravio que sigue perpetrándose, profundizándose y ramificándose cada una de las 4 mil 344 horas, cada uno de los 260 mil 640 minutos transcurridos desde entonces.

El régimen que encabeza Peña Nieto recibe con alivio el paso del tiempo porque piensa que con él se aleja el atropello de la memoria, se desdibujan los rostros de las víctimas, se sedimenta la cólera, se resignan los familiares y condiscípulos de los agredidos y se desalientan los sectores sociales que los han acompañado en su lucha. En realidad, el transcurso de los meses, las semanas, los días, las horas y los minutos aproxima a los gobernantes al fondo de su callejón sin salida, porque a cada instante le va resultando más difícil remediar la indiferencia y la complicidad tácita con que ha venido actuando, y menos viable desmontar la montaña de mentiras que han proferido desde el 26 de septiembre de 2014, desde aquella de que la atrocidad era un asunto local de Guerrero (Peña) hasta la más reciente: que el atropello no constituye un crimen de lesa humanidad, pasando por la narración de la pira funeraria que produjo Jesús Murillo Karam como procurador federal.

Días tras día, desde entonces, se evidencia el desprecio de los poderosos por la vida humana (sobre todo cuando se trata de las vidas de gente pobre y anónima), su mendacidad, su vocación de encubrimiento, su frivolidad casi infinita y su desdén por las leyes y la Constitución, salvo cuando se trata de adulterar el marco legal para facilitar negocios propios y ajenos a costa del bien común y de las propiedades nacionales. La violencia se profundiza y extiende, la crisis económica se acentúa y se multiplican las huellas de las transacciones impresentables perpetradas por los más altos funcionarios del régimen, mientras sus voceros oficiales y oficiosos comparecen en foros blindados para asegurar que la delincuencia disminuye, que la economía crece y que ahora sí, por fin, se combatirá la corrupción.

El crimen de Iguala es para el régimen un golpe profundo y de efectos permanentes, por más que las movilizaciones de protesta hayan adquirido un ritmo pausado. A ese le siguieron dos más, igualmente demoledores: la revelación de las propiedades inmobiliarias de Peña y su esposa, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En ninguno de los tres casos el régimen y su aparato propagandístico han podido demostrar que las residencias de lujo hayan sido adquiridas sin conflicto de intereses de por medio, y en los tres las explicaciones ofrecidas, por insuficientes y omisas, han alborotado las suspicacias. El guión de las reacciones peñistas ante los sucesos de Guerrero se repite, en el escándalo de corrupción, paso por paso: del desconcierto a la altanería despótica, de la insensibilidad a la insolencia, del descontrol al cinismo como única actitud de control de daños. La designación de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública y la pantomima de resurrección de esa dependencia fueron a las casas de Las Lomas, Ixtapan de la Sal y Malinalco lo que la quemazón de Murillo Karam a Ayotzinapa: una tapadera inverosímil y mal construida para ocultar cosas que la sociedad ignora y que no resiste la prueba del análisis.

Luego vinieron las designaciones de Arely Gómez en la Procuraduría General de la República, en remplazo del quemado Murillo (directa), y de Eduardo Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte de Justicia (con escala formal en el Senado). En el plazo inmediato, esos movimientos de personal blindan al régimen, lo fortalecen y aseguran su impunidad, pero hacen evidente el entramado de sumisiones y codependencias entre algunos de los poderes reales de la Unión –el televisivo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en ese orden– y derriban, en consecuencia, la credibilidad de la fachada democrática tras la que se esconde un régimen autoritario que actúa a contrapelo de la legalidad, de los derechos humanos y sociales y de los intereses nacionales.


Los episodios críticos no se suceden: se acumulan y se concatenan. El agraviante desfiguro de Murillo Karam fue un intento de control de daños por el crimen de Iguala, y la esperpéntica designación de Andrade como investigador de su jefe y benefactor fue una reacción tardía y contraproducente a las revelaciones de las propiedades inmobiliarias sospechosas. Ante lo contraproducente del episodio, el régimen urdió el despido de Carmen Aristegui de MVS y pretendió justificarlo con pretextos pueriles para ocultar lo inocultable: que se trató de una venganza y de una advertencia para comunicadores insumisos y críticos.

Es cierto que, técnicamente hablando, la Presidencia no interviene en la asignación de contratos de obra pública (como los que han beneficiado a Grupo Higa, proveedor de tres de las cuatro residencias bajo sospecha) ni en las decisiones empresariales de los consorcios de telecomunicaciones. Pero en el curso de la actual administración el país asiste al ejercicio de plena recuperación de un Ejecutivo que ha estado dotado desde siempre de un montón de facultades metaconstitucionales, como se decía antes, y tales facultades pasan por inclinar las decisiones de los comités técnicos que oficialmente fallan en favor o en contra de un contratista determinado en los concursos, intervenir o influir en organismos formalmente autónomos, impulsar o vetar candidaturas (del PRI y de los otros partidos del régimen), y favorecer o perjudicar a empresas concesionarias, como hizo abiertamente Calderón en perjuicio de la misma MVS al quitarle (rescatar, se dijo) la banda de 2.5 Ghz, y como volvió a hacerlo dos años más tarde, en sentido contrario, Peña, al restituirle una parte de lo despojado. Echeverría no necesitó ser cooperativista de Excélsior para orquestar el golpe en contra de la dirección de Julio Scherer. Y la gente lo sabe.

El régimen no va a rectificar su rumbo, entre otras cosas, porque está atrapado en la paradoja del pánico a exhibir la debilidad propia, lo que lo lleva a emprender actos de poder absurdos que lo exhiben como trágicamente débil. Tampoco va a recomponerse, porque en los 27 meses transcurridos desde que Peña fue declarado presidente ha perpetrado agravios imborrables –y no pocos de ellos irreversibles, por desgracia– contra el país y su población. En el último tramo de ese periodo, desde el crimen de Iguala hasta la fecha, perdió la iniciativa, perdió el contacto que hubiera podido tener con el resto de la sociedad y ha perdido la confianza de buena parte de los capitales trasnacionales y nacionales a los cuales se debe. Aun así, es necesario seguirle exigiendo que cumpla con la obligación de esclarecer el paradero de los 43 muchachos que hace seis meses fueron víctimas de desaparición forzada en Iguala, que procure justicia contra los verdaderos responsables y corresponsables de ese crimen, y que pida perdón por los atropellos, las agresiones, las burlas, las mentiras, las irregularidades y las frivolidades en que ha incurrido, semana tras semana, día tras día, hora tras hora, desde entonces.

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Gran Bretaña: La guerra contra el narco, “fracaso miserable” de México.

LONDRES.- Marcada por la crisis de credibilidad y desconfianza que enfrenta su gobierno, la gira del presidente Enrique Peña Nieto sufrió hoy en territorio londinense un nuevo descalabro.

Desde el gobierno de Gran Bretaña y el sector empresarial, la guerra contra las drogas declarada por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por la administración peñista fue calificada de “un fracaso miserable”.

Así lo expresaron el empresario del grupo Virgin, Richard Branson, y el viceprimer ministro británico y jefe de los liberales democráticos Nick Clegg, quienes además pidieron una reforma a las leyes contra el tráfico de estupefacientes.

En el marco de la gira presidencial, ambos personajes consideraron que “la violencia a partir de las drogas se ha vuelto algo endémico” en muchas partes del mundo, incluido en México, país del que citaron las más de 100 mil muertes ocurridas desde 2006 cuando Calderón, vestido de militar, declaró la guerra al narcotráfico.

“El status quo es una farsa colosal”, agregaron, al pedir de forma conjunta despenalizar la posesión de drogas para uso personal, y que se someta a tratamientos, clases educativas o penas civiles a aquellos atrapados con estupefacientes.

Branson y Clegg hicieron el pedido durante una ponencia en el Chatham House, un conocido “think-tank” de Londres.

“Medido por cualquier estándar, la guerra global contra las drogas ha sido un fracaso miserable. El mercado criminal sigue creciendo, generando niveles inimaginables de ganancias para el crimen organizado”, agregaron.

Tanto Branson como Clegg destacaron que los esfuerzos para reducir la demanda “no han dado frutos”, en tanto que las bandas criminales “están haciendo negocios fenomenales”.

“El problema no va a desaparecer”, destacaron el empresario y el viceprimer ministro, al indicar que Gran Bretaña debería seguir el ejemplo de Portugal, que despenalizó el consumo de drogas en 2001, llevando a un declive los casos de adicción a los narcóticos.

“Los portugueses han permitido que los recursos sean desviados a los sistemas de tratamiento, con dramáticas reducciones en las adicciones, infecciones de VIH y muertes vinculadas a sobredosis”, afirmaron Clegg y Branson.

El jefe de los liberales democráticos fue incluso más lejos al indicar que si su partido gana por mayoría las elecciones generales de Gran Bretaña, previstas para el 7 de mayo, impulsará un plan similar al de Portugal, poniendo más énfasis en el sector de salud en lugar del judicial o penal.

Las declaraciones de ambos se conocieron poco antes que el primer ministro británico, David Cameron, reclamara al presidente Peña Nieto por la situación de derechos humanos y el sistema judicial en México, tras un almuerzo de trabajo en la residencia oficial de Downing Street, en la que el mandatario inglés afirmó de todos modos que la relación entre ambos países “es fuerte y se fortalece aún más”.

Luego de la tradicional foto protocolar fuera de la residencia londinense, Cameron dio la bienvenida a Peña Nieto a Londres, en el segundo día de la visita oficial de este último al Reino Unido.

“La relación entre Gran Bretaña y México es fuerte y se está fortaleciendo aún más”, declaró el mandatario británico.

“Vemos esto en nuestro comercio, en el número de estudiantes que vienen a estudiar, pero cada vez más en la cooperación entre el Reino Unido y México por temas como el cambio climático y la seguridad”, agregó.

Ambos gobernantes dialogaron además sobre una mayor cooperación en las áreas de petróleo y gas, sobre comercio, educación y seguridad. Se habló también sobre un planeado reemplazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, una mayor cooperación en Defensa y planeadas visitas a ambos países de militares de alto rango.

Por su parte, Peña Nieto dijo que espera que su visita al Reino Unido “de aún más fuerza” al fortalecimiento de una relación “muy productiva” entre ambos países.

Antes del almuerzo de trabajo, los dos gobernantes estuvieron presentes en la firma de una declaración conjunta de cooperación bilateral, a cargo del canciller británico, Philip Hammond, y de su colega mexicano, José Antonio Meade.

Durante la visita de tres días al Reino Unido, se firmaron una serie de acuerdos, incluyendo uno por 400 millones de dólares de inversión en México por parte del gigante de bebidas Diageo, que adquirió la semana pasada al grupo Tequila Don Julio.

Peña Nieto asistió en la noche del martes a un banquete de gala en el Palacio de Buckingham, residencia donde se hospeda desde el lunes junto a su esposa, la exactriz Angélica Rivera.

Durante la cena donde se sirvió cordero británico y que fue oficiada por la reina Isabel II de Inglaterra, hubo unos 170 invitados especiales, incluidos actores, empresarios, políticos, diplomáticos y miembros de la Familia Real británica. Una de las invitadas fue la actriz mexicana Salma Hayek, quien asistió junto a su esposo, el multimillonario empresario francés Francois-Henri Pinault.

Isabel II rindió homenaje a los “vínculos estrechos” entre el Reino Unido y México.

“Sentimos mucho orgullo de haber sido el primer país europeo en reconocer la independencia de México, país con el que nos unen vínculos de familia, amistad, comercio y cooperación internacional”, afirmó la monarca.

La Reina dijo además que ambas naciones “son socios naturales en muchos temas importantes de la agenda internacional actual”.

“Señor Presidente, su visita en este año importante es muy bienvenida. Estoy confiada que reforzará la cálida amistad entre nuestros dos países”, agregó.

En respuesta, Peña Nieto respondió que Isabel II “es fuente de identidad y unidad” para los británicos, como también “una figura clave para hacer que Gran Bretaña sea un protagonista global”.

Esta mañana, Peña Nieto participó de un desayuno de negocios en el Palacio de Buckingham junto al viceprimer ministro británico, Nick Clegg, antes de entrevistarse con el jefe de la oposición, Ed Miliband.

La visita presidencial al Reino Unido estuvo marcada por protestas y manifestaciones de activistas que repudiaron la llegada de Peña Nieto al país, y que reclaman por justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre pasado.

Cientos de personas se congregaron el martes frente a Downing Street para reclamar más justicia y esclarecimiento en el creciente número de casos de torturas en México.

Según Amnistía Internacional, la campaña del gobierno mexicano contra las drogas, que comenzó hace nueve años, ha dejado un saldo de al menos 100 MIL muertos y más de 22 mil desaparecidos.

En tanto, este miércoles se organizó un seminario sobre violaciones de derechos humanos y represión política en México, con especial énfasis en el caso Ayotzinapa.

La cita se realizó en el Centro SOAS de la Universidad de Londres, e incluyó a panelistas y expertos, entre ellos al parlamentario británico Jeremy Corbyn, que analizaron las causas por la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala.

La visita de Peña Nieto al Reino Unido tuvo mucha cobertura mediática en la prensa británica, donde se hizo mucho hincapié en la grave situación de derechos humanos que atraviesa ese país.

El Daily Telegraph publicó este miércoles un artículo titulado “¿Qué ocurrió con los estudiantes mexicanos desaparecidos y por qué esto importa? (What has happened to the missing Mexican students, and why does it matter?), una nota en la que afirmó que Peña Nieto “está en Londres para una visita de Estado de tres días, la cual podría ensombrecerse por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos”.

La visita presidencial de tres días culminará mañana jueves, e incluirá un viaje a la ciudad escocesa de Aberdeen, donde Peña Nieto tiene planeado reunirse con empresarios y expertos del sector petrolero.

 

Fuente: Proceso.