El servicio concesionado de agua en Puebla, hasta 400% más caro.

 

De:  Margot Castro Vallina.

Usuarios capitalinos señalan abusos y burocratismo de consorcio encabezado por Monex.
 

Ley estatal abre el sector a trasnacionales
Fundación religiosa ligada a Chevron y Coca-Cola tiene 132 proyectos en el estado
Empresa operadora oculta información detallada de sus cobros.

Mejorar el servicio de agua potable en la capital del estado y sus alrededores sigue siendo una promesa incumplida.

Desde que la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla para Todos fue contratada para administrar el suministro, el descontento de ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales ha crecido debido al burocratismo, cobro de adeudos inexistentes y al aumento de tarifas mensuales, de entre 200 y 400 por ciento.

La molestia se ha agudizado por la llegada de consorcios trasnacionales que pretenden instalarse en varios municipios, avalados por la Ley Estatal de Aguas, que permite la inversión privada. Destaca el caso de la fundación religiosa estadunidense Living Water, ligada a Femsa y Chevron, la cual tiene al menos 132 proyectos de agua potable en Puebla.

Hasta finales de 2013 el sistema operador de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puebla se encargaba del servicio en la zona metropolitana.

Con el argumento de que había fallas de operación y una baja recaudación (sólo en el último año de gestión se reportó un faltante de 22 millones 536 mil pesos), el Ejecutivo estatal lanzó el 18 de septiembre de 2013 una convocatoria internacional para concesionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Contrato de 60 años a firma creada al vapor

A finales de ese año se adjudicó a la empresa Concesiones Integrales un contrato de 60 años para suministrar agua y administrar el servicio en la ciudad de Puebla y en las circunscripciones territoriales de Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, Amozoc y San Miguel Xoxtla.

El Registro Federal de Contribuyentes indica que Concesiones Integrales (CIN13122313B) se constituyó apenas el 23 de diciembre de 2013; el fallo de la licitación se emitió el 12 de diciembre y el título de concesión se entregó a la empresa ganadora el día 26.

Concesiones Integrales es un consorcio formado por Grupo Financiero Monex, dueño de 75 por ciento de las acciones; la empresa Eppcor participa con 24.7 por ciento; Agua de México, con 0.224 por ciento, y Ticsa, con 0.011 por ciento. Esta sociedad hizo una inversión inicial de mil 794 millones de pesos, más 4 mil 680 millones en los primeros cinco años de gestión.

En 2014 comenzaron a multiplicarse las quejas. En el primer semestre 300 vecinos de las ciudades de Puebla y Cuautlancingo interpusieron amparos debido al incremento desmedido y arbitrario de las tarifas, aunado a problemas de desabasto y al cobro hasta de 3 mil pesos por la instalación de medidores.

Los habitantes de la colonia San Manuel, cercana a la ciudad universitaria, dicen que desde que Agua de Puebla recibió la concesión el líquido les llega sólo lunes y viernes, y las tarifas aumentaron al doble.

Algunos pobladores se han opuesto a la privatización. En la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla (al sur de la ciudad), Florina Chávez, lideresa de la colonia, señala que las mujeres se han organizado para crear comisiones de vigilancia a fin de impedir que trabajadores de la compañía entren a la localidad.

Manuel Domínguez Gabián, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, explicó que en el centro histórico no llega el agua y tienen que contratar pipas casi a diario. Agua de Puebla no les cobra por el suministro, pero sí por el uso de desagües.

José Luis García Bello, miembro de la Asamblea Social del Agua de Puebla, explicó que la privatización no garantiza el abasto y numerosas localidades reciben agua contaminada.

Cuando Agua de Puebla para Todos comenzó a operar, entre marzo y abril de 2014, impuso tarifas a su arbitrio, con aumentos hasta de 400 por ciento. Ante la ola de amparos, quejas y manifestaciones, Concesiones Integrales dejó de emitir boletas de cobro para evitar desglosar los volúmenes de consumo.

García Bello aseguró que se pretende generar escasez y agudizar la necesidad, cuando en realidad no se cuidan los mantos freáticos.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/29/estados/022n1est

Veracruz: opacidad, insensibilidad y maltrato.

 

Ayer, en la capital veracruzana, un grupo de pensionados y jubilados que bloqueaba la calle Enríquez fue desalojado con violencia por agentes de la policía estatal, los cuales emplearon armas eléctricas y toletes en contra de adultos de la tercera edad que se manifestaban exigiendo el pago de sus pensiones y aguinaldos atrasados. Fue una más de las movilizaciones realizadas en fechas recientes por los pasivos en varias ciudades de la entidad ante la lentitud o la ausencia total de pagos de sus percepciones por el Instituto de Pensiones (IPE) del estado de Veracruz.

El telón de fondo de este hecho repudiable es la crisis por la que atraviesa la institución mencionada –dependiente del Ejecutivo estatal– debido al manejo opaco y discrecional de los recursos. Por ese motivo, el IPE ha venido incurriendo en retrasos sistemáticos, tanto en los pagos que realiza de manera directa como los que efectúa a través de otras instituciones, particularmente la Universidad Veracruzana (UV).

A estas prácticas injustificables se agregan la insensibilidad ante la situación de los jubilados, la agresión policial y la mendacidad de las autoridades estatales, las cuales señalaron –por boca del secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado– que el acto represivo fue ordenado en razón de que ya no había necesidad de manifestación y bloqueo, pues los pagos comenzaron a fluir desde ayer.

Por otra parte, los hechos de ayer en Xalapa constituyen otra vuelta de tuerca en la circunstancia en la que se encuentra el estado de Veracruz, entrampado en una situación alarmante en materia de derechos humanos, violencia desbordada, impunidad y agresiones del poder público a informadores, opositores y población en general.

Tal circunstancia no es, por desgracia, exclusiva de esa entidad costera, sino expresión extrema de los poderes públicos locales ejercidos sin contrapesos, limitaciones ni mecanismos de fiscalización. Es conocido de antaño que los gobernadores suelen gozar de atribuciones casi absolutas merced al sometimiento al Ejecutivo de los poderes legislativos y judiciales estatales y al uncimiento de entidades que sólo son autónomas en teoría, como comisiones de derechos humanos, autoridades electorales y organismos de transparencia. Ello es posible, a su vez, debido a una grotesca distorsión del espíritu federalista que ha permitido el florecimiento de la discrecionalidad, la injusticia, la corrupción, el nepotismo, el patrimonialismo y el autoritarismo como sello distintivo de buena parte de los gobiernos estatales.

En el caso de los jubilados que sufrieron ayer la agresión policial de la misma autoridad que les adeuda pensiones y aguinaldos, resulta imperativo establecer las responsabilidades legales de autores intelectuales y materiales del atropello. Es exigible, asimismo, que el gobierno veracruzano emprenda un viraje en sus estilos indeseables de ejercer el poder y que tienen a la población de la entidad en una indignante vulnerabilidad ante la inseguridad, la violencia y los abusos de servidores públicos.

En un sentido más amplio, es también necesario reflexionar sobre la necesidad de un rediseño institucional de las entidades federativas, a fin de que transiten de una vez por todas de la condición de feudos sexenales a la de elementos constitutivos de un orden nacional verdaderamente republicano, legal y democrático.

 

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/2015/12/24/opinion/002a1edi

Tasa 'epidémica' de homicidios dolosos en México: OMS

De Fabiola Martínez.
A mitad del sexenio, la incidencia de homicidios dolosos continúa en niveles considerados por la Organización Mundial de la Salud como epidémicos, superior a 10 asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes.

La tasa actual es de 12.85 y el año pasado fue de 13.08. El cierre de 2015 se prevé con un número mayor de muertes de este tipo en relación con el registro de 2014.

Igualmente, continúa la crisis de violencia en Guerrero, entidad con la mayor problemática de asesinatos a escala nacional.

En 2014 fueron denunciados ante procuradurías estatales 15 mil 653 homicidios dolosos, y entre enero y noviembre de este año la cifra ya alcanzó los 15 mil 544, por lo que fácilmente rebasará el acumulado del periodo anterior, según datos oficiales.

Sólo en Guerrero, con mil 824 eventos de este tipo en los primeros 11 meses del año, persiste una tasa que quintuplica el techo de alertas de la OMS: 51.2.

El año pasado murieron mil 514 personas por esta causa en esa entidad (mil 394 durante el periodo enero-noviembre), y para 2015 la cifra es de mil 824 decesos en estas circunstancias. Sólo en octubre se denunciaron 167 homicidios dolosos y en noviembre 173.

A escala nacional, actualmente la tasa es de 12.85, y la de aquella entidad sureña es de 51.12 casos por cada 100 mil habitantes.

A pesar de los operativos estatales y federales, en cinco entidades persiste el disparo de este delito vinculado a las acciones del crimen organizadeo: Guerrero (51.12), Sinaloa (30.36), Chihuahua (23.80), Morelos (23.17) y Baja California (21.87).

Igualmente, dos estados pequeños en cuanto a población han visto rebasados sus promedios recientes.

Baja California Sur tiene una tasa sin precedentes de 19.11 casos por cada 100 mil habitantes. En esta entidad peninsular no hay registro de un nivel de incidencia tan alto desde 1997, año de origen de esta compilación de datos, a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

Igualmente, tiene aumentos importantes Colima, al llegar a casi 19 casos de asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes.

En la compilación hecha con base en las averiguaciones previas levantadas en las procuradurías y fiscalías locales las cifras aumentan a 17 mil 324 durante 2014 y 17 mil 55 en el lapso enero-noviembre de este año, porque se detalla el número de víctimas de cada suceso violento; entre ambas cifras la diferencia es de apenas 269 casos, por lo que es un hecho que 2015 cerrará con un nivel superior de homicidios en relación con el año pasado.

Lo anterior, porque sólo en noviembre murieron mil 606 personas en el país, cuyo deceso fue clasificado como producto de un homicidio doloso o intencional.

Sólo en 2007 se logró estar abajo de la clasificación internacional

Los asesinatos ocurridos en los meses recientes sólo han sido contenidos, en el mejor de los casos; como se dijo, los niveles superan las alertas del organismo internacional de salud. Desde el inicio de la estadística, en 1997, sólo una vez –en 2007– se logró bajar la tasa de 10 crímenes por cada 100 mil habitantes. Salvo ese año, en el resto las cifras han sido altas. La crisis mayor ocurrió en 2011, año en que se denunciaron 22 mil 852 muertes producto de la violencia.

En este contexto, 2015 cierra sin información respecto de los criterios para repartir 2 mil millones de pesos, dedicados a la prevención social de la violencia y la delincuencia, factor ponderado por el gobierno federal para reducir los índices delictivos en las colonias más violentas del país.

La subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SG está a punto de concluir un mes sin titular ni encargado de despacho.

 

Fuente: http://jornadabc.mx/tijuana/23-12-2015/tasa-epidemica-de-homicidios-dolosos-en-mexico-oms

Dejaron su lugar de origen por violencia 6% de los mexicanos.

 De: José Antonio Román

Se cumple una década de aumento permanente de los desplazamientos internos.
Documentan que en los pasados dos años en 14 entidades han ocurrido 141 éxodos.
Temen que la cifra sea mayor, ya que muchos traslados se dan 'gota a gota' y ninguna autoridad los atiende.

La expansión de la violencia criminal, de grupos delictivos, y también de las operaciones militares diseñadas para combatirlos, han sido la causa fundamental de un aumento permanente, en los pasados 10 años, del desplazamiento interno de decenas de miles de mexicanos. Seis de cada 100 mexicanos han decidido dejar su estado natal por razones de inseguridad y violencia, según estimaciones oficiales.

Fenómeno muchas veces desapercibido y casi invisible, con una ausencia de leyes, políticas e instituciones para atender a las víctimas de manera integral, este desplazamiento se confunde con mucha frecuencia con las migraciones intraurbanas y rurales-urbanas, lo cual dificulta su identificación. Esta realidad, presente de manera notoria en cuando menos la mitad de los estados, agrava la ya profunda crisis de derechos humanos que vive el país.

Para el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en el caso de México, este fenómeno aumentó de manera alarmante desde diciembre de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles de las drogas en México, situación que derivó, a su vez, en graves violaciones a los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias y creciente violencia entre las propias organizaciones criminales. Es este clima de inseguridad y violencia lo que ha conducido al desplazamiento forzado de personas.

Informes de diversas organizaciones

En su informe global 2014, dicho centro, perteneciente al Consejo Noruego de Refugiados, señala que hay evidencias de que tan sólo en los pasados dos años, en 14 de las 32 entidades del país se han registrados 141 eventos de desplazamiento forzado masivo.

Sin embargo, el centro no da cuenta de las cifras del traslado de personas que se da gota a gota, cuando núcleos familiares pequeños, de manera aislada, también se ven obligados a abandonar su comunidad o población de origen a causa de la violencia, señalan diversas organizaciones, entre ellas la Red Todos los Derechos para Todos y Fundar. Éstas han exigido que el tema sea incluido de manera decidida en la agenda nacional de los derechos humanos.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población identifica que en los cinco años anteriores 20 entidades ganaron población por efecto de la migración interna, entre las cuales destacan Colima, Querétaro, Baja California Sur y Yucatán, con un registro de entre cuatro y dos por puntos porcentuales. Pero 11 entidades muestran números negativos, es decir, que han perdido población en su territorio, entre los cuales sobresalen la ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua y Michoacán.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), una de las principales organizaciones que han estudiado el tema a profundidad y cuenta con varios estudios multidisciplinarios, advierte que a partir de su trabajo con las víctimas, ha podido constatar que los gobiernos locales no tienen ni la capacidad ni la voluntad política para garantizar y proteger los derechos de este sector de la población. No hay registros o programas enfocados a su reconocimiento o atención.

En su informe Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana, la Cmdpdh señala que este fenómeno ha sido complejo para el país desde hace décadas. En los años 70, los desplazamientos forzados fueron por la intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputa de tierras y recursos naturales.

 

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/2015/12/21/politica/008n1pol

Contra nuestros hijos, ¡no!

 De : Clara Luz Álvarez.

La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió los lineamientos de criterios de clasificación de contenidos audiovisuales para radio, televisión y cine (Lineamientos), así como los horarios en los que está permitida la difusión de éstos en radio y televisión abierta. Los Lineamientos son regresivos, clasistas y contrarios a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, desde las 16:00 horas habrá contenidos para adolescentes y adultos cuando antes se iniciaban después de las 20:00 horas.

Al pretender defender los Lineamientos ante un grupo de trabajo ad hoc en el Senado, el subsecretario de Normatividad de Medios, Andrés Chao (AC), y el director general de Radio, Televisión y Cinematografía, Amadeo Díaz (AD), dijeron verdades a medias y presentaron distractores. Veamos algunos de ellos.

Mentira 1: Los Lineamientos estuvieron en consulta pública por 20 días (AD).

Realidad: Con base en el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se difundió el anteproyecto de Lineamientos, pero dar publicidad es diferente a realizar una consulta pública. La consulta pública fue de tres días naturales ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y nadie presentó comentarios. La Segob ni siquiera consultó al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Más aún, incumplió con los artículos 2 fracción II, 64 y 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA), que obliga a escuchar a niñas, niños y adolescentes (NNA) en los asuntos que les afecten directamente, como son los Lineamientos.

Mentira 2: Antes no había advertencias (AC).

Realidad: Siempre han existido los avisos respecto de programas impropios para NNA que los concesionarios deben difundir, tal como lo establecía la Ley Federal de Radio y Televisión desde 1960, hasta que fue abrogada en 2014 (artículo 72), y aún los prevén el Reglamento de 2002 de dicha ley (artículo 26) y los criterios de clasificación de 2007 (artículo­ 6 numeral 4). Además, el Reglamento de 2002 señala que esas advertencias deben durar 30 segundos, mientras que los nuevos Lineamientos las reducen a 10 segundos.

Mentira 3: Es responsabilidad de los padres lo que sus hijos ven (AC).

Realidad: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos” (artículo 4, Constitución). El Estado lo forma también Segob, por lo que la evasión de responsabilidad por parte del Ejecutivo federal propuesta por el subsecretario Chao es contraria a nuestra Carta Magna. La LGNNA también señala que existe una “corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades” para garantizar los derechos de NNA (artículo 6 fracción IX), y la radiodifusión es un servicio público que debe ser de calidad, dar acceso a la cultura, la pluralidad y la veracidad de la información, entre otros.

Mentira 4: Hay otras plataformas tecnológicas de contenidos audiovisuales.

Realidad: El 94.9% de los hogares tiene TV; sólo 34.4% dispone de internet; en 67.2% de los hogares con computadora pero sin internet se manifestó que no contaban con ese servicio por falta de recursos económicos (INEGI). Debe señalarse que tener acceso a internet no equivale a acceder a contenidos audiovisuales, porque se necesita un mínimo de velocidad para que ello pueda lograrse. La consecuencia de estos Lineamientos es que precisamente los NNA en situación de pobreza que sólo acceden a TV abierta son los más perjudicados.

La diputada Lía Limón reconoce que hoy muchos niños carecen de acceso a internet, pero que en algunos años sí lo tendrán. Debe decirse que los Lineamientos deben proteger a la infancia conforme a la realidad actual. En un futuro se podrán modificar para adaptarse a las circunstancias de ese momento. Los niños de hoy, y en especial los que carecen de acceso a TV de paga, internet y videos vía internet, deben protegerse debidamente.

Mentira 5: La publicidad de alimentos chatarra se rige aún por los Lineamientos de Cofepris (AD).

Realidad: Aunque los Lineamientos de Cofepris siguen vigentes, automáticamente, con la entrada en vigor de los Lineamientos de Segob que permiten desde las 16:00 difundir contenidos para adolescentes y adultos (clasificación B), pueden difundirse alimentos sin valor nutrimental desde esa hora (Lineamiento Tercero fracción II). Esto pega de frente a la Estrategia contra la Obesidad a cargo de la Secretaría de Salud, que incluyó la prohibición de comida y alimentos chatarra en horarios de audiencia infantil.

Mentira 6. Con la TV pública y el Canal Once es suficiente.

Realidad: Celebramos que Canal Once tenga ahora el 11.2% de programación para audiencias infantiles, pero ello no puede ser excusa para que el resto de las televisoras ignoren que aproximadamente 44 millones de personas son NNA. Los criterios de clasificación operan para todas las estaciones de radiodifusión, comerciales y aquéllas sin fines de lucro. Los mexicanos tenemos derecho a un servicio de radiodifusión que cumpla con las características constitucionales y no menos. La decisión de ver la TV comercial o la pública será de la audiencia, pero la protección a la infancia es responsabilidad del Estado.

Los Lineamientos son un retroceso y perjudican al segmento de la población que merece protección por su edad. En consecuencia, debemos alzar la voz por las niñas y niños mexicanos y pedir que aquéllos se revoquen. l

Investigadora de tiempo completo
de la Universidad Panamericana.
*claraluzalvarez@gmail.com

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=424010

Carta a Donald Trump de Michael Moore.

Hoy fui a pararme frente a la Torre Trump con una pancarta hasta que llegó la policía. Luego me fui a casa y escribí una carta a Donald. Hela aquí:

Estimado Donald Trump:

Tal vez recuerde (claro que sí, después de todo, ¡tiene una memoria perfecta!) que nos conocimos en noviembre de 1998, en el salón verde de un talk show de televisión en el que ambos estábamos programados para aparecer una tarde. Pero poco antes de entrar, una productora me llevó aparte para decirme que aparecer conmigo en el estudio lo ponía nervioso. Dijo que no quería que lo despedazara y que quería estar seguro de no me le iría encima.

–¿Cree que lo voy a derribar y a ponerle una llave? –pregunté, atónito.

–No –respondió la productora–. Pero parece que usted lo pone a temblar.

–Vaya. Nunca me he encontrado con él. No hay razón para que tenga miedo –dije–. En realidad no sé gran cosa de él, excepto que parece que le gusta poner su nombre a cosas. Si quiere, hablaré con él.

Y entonces, como tal vez recuerde, así lo hice. Fui y me presenté con usted. “La productora dice que le preocupa que yo le diga o haga algo durante el programa. Oiga, sin ofender, apenas sé quién es usted. Soy de Michigan. Por favor no se preocupe… ¡nos vamos a llevar bien!”

Pareció aliviado. Luego se inclinó y dijo: Es sólo que no quería problemas y deseaba asegurarme de que, bueno, íbamos a estar bien. Que no iba a fastidiarme por alguna ridiculez.

¿Fastidiarlo? Pensé: ¿acaso estamos en tercer año de primaria? Me impactó ver cómo alguien que se presentaba como un tipo duro de Queens parecía un tímido gatito.

Entramos al programa. No pasó nada fuera de lo común entre nosotros. No le jalé el pelo ni le puse chicle en el asiento. ¡Qué gallina!, fue todo lo que recuerdo haber pensado al salir del estudio.

Y bueno, ahora estamos en 2015 y usted, como muchos otros tipos blancos enojados, tiene miedo de que el coco venga por usted. Ese coco, en su mente, son todos los musulmanes. No sólo los que han matado, sino TODOS LOS MUSULMANES.

Por fortuna, Donald, usted y sus partidarios ya no tienen la apariencia de lo que Estados Unidos es hoy. No somos una nación de tipos blancos enojados. He aquí una estadística que le pondrá los pelos de punta: 85 por ciento del electorado que votará para presidente el año próximo son mujeres, personas de color o jóvenes de entre 18 y 35 años. En otras palabras, no usted. Y tampoco la gente que quiere que usted gobierne su país.

Así pues, en su desesperación y locura, usted llama a prohibir la entrada de todos los musulmanes a este país. A mí me educaron para creer que somos hermanos y hermanas de todos, con independencia de raza, credo o color. Eso significa que si usted quiere excluir a los musulmanes, primero tendrá que excluirme a mí. Y a todos los demás.

Todos somos musulmanes.

Así como todos somos mexicanos, todos somos católicos y judíos y blancos y negros y de todos los tonos intermedios. Todos somos hijos de Dios (o de la naturaleza o de cualquier cosa en la que crea), parte de la familia humana, y nada de lo que diga o haga puede cambiar ese hecho en nada. Si no le gusta vivir conforme a estas reglas estadunidenses, necesita meterse en el cuarto de tiempo fuera de cualquiera de sus torres y sentarse allí a pensar en lo que ha dicho.

Y luego dejarnos a todos los demás en paz para que podamos elegir a un presidente de verdad, que sea compasivo y fuerte, al menos lo bastante fuerte para no estar todo asustado por un tipo de Michigan con gorra de beisbol sentado junto a él en el sofá de un programa de televisión. No es usted tan duro, Donny, y me alegra haber podido ver al verdadero Trump de cerca y tan personal hace tantos años.

Todos somos musulmanes. Acéptelo.

Mis mejores deseos,

Michael Moore

PD. Pido a todos los que lean esto ir aquí (http://michaelmoore.com/weareallmuslim) y firmar la siguiente declaración: WE ARE ALL MUSLIM y luego poner una foto suya con un letrero que diga WE ARE ALL MUSLIM en Twitter, Facebook o Instagram, usando el hashtag #WeAreAllMuslim. Publicaré todas las fotos en mi sitio y se las enviaré a usted, señor Trump. Siéntase libre de unirse a nosotros.

PPD. Para firmar mi declaración #WeAreAllMuslim, vayan a mi sitio web: http://michaelmoore.com/weareallmuslim

La derecha al gobierno, el pueblo a las barricadas.

De: Ángel Guerra Cabrera.

Mauricio Macri no ha hecho más que realizar su largamente anhelado arribo a la Casa Rosada y ya reconfirmó sus credenciales como hombre del partido del dinero y el orden, que no se anda con chiquitas ni remilgos cuando de imponer las políticas neoliberales se trata. Cero impuestos a los terratenientes y subida de los precios de los servicios públicos a partir de enero. Cualquier parecido con las políticas económicas de la dictadura militar de Videla, que lo enriqueció, y con los gobiernos de Menem, que lo siguieron enriqueciendo, no es pura coincidencia. A partir de ahora, los de abajo a joderse y los de arriba a recuperar la mayor o menor tajada que se vieron forzados a ceder, pareciera ser el mensaje, se mire a Argentina o a Venezuela.

Por supuesto, no podía faltar el decretazo del flamante mandatario para llevarse de encuentro a la vapuleada Ley de Medios puesto que su imagen y candidatura se gestaron en los laboratorios de publicidad y las redacciones del conglomerado mediático Clarín y del diario La Nación, ambos también cómplices y privilegiados beneficiarios de la dictadura y del menemismo.

Los decretos suscritos por el flamante mandatario carecen de legitimidad al no corresponder con las luchas e intereses del pueblo argentino, cuando no de ilegalidad, como es el caso del nombramiento, pasando sobre la soberanía del Senado, de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para colmo, ligado uno al Banco Mundial y el otro, integrante del Opus Dei.

Tan palmariamente inconstitucionales han sido esos nombramientos, que varios miembros de la coalición que llevó a Macri al gobierno se han deslindado de ellos. Pero es muy chistoso que los mismos medios que antes golpeaban tanto a Cristina Fernández, arguyendo –entre otras mentiras–, su no apego a la institucionalidad, hoy callen estruendosamente ante los enormes atropellos a la misma del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En el caso venezolano vemos una contrarrevolución que está actuando y amenazando desde una subestimación de la fuerza del pueblo y una sobrestimación de su propia fuerza. Con solo que hagan la mitad de lo que han declarado, o se sabe que proyectan hacer aprovechando sus escaños parlamentarios, no tardarían en provocar una furiosa reacción popular en su contra.

Por no mencionar las amenazas de sacar a Chávez del Cuartel de la Montaña, donde reposan sus restos, que podría muy bien convertirse en la chispa que desencadenara un derramamiento de sangre de pronóstico reservado, con todo y el enorme patriotismo, aplomo, disciplina y contención que ha mostrado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante crispantes situaciones que la han puesto a prueba. El último caso han sido los alocados insultos a líderes militares por personeros del campo enemigo del proceso bolivariano, al percatarse de su inmutabilidad ante lisonjas y guiños.

En resumen, la contrarrevolución se propone desmantelar los gigantescos logros sociales de la revolución bolivariana, entre ellos la independencia del país y entregar a Estados Unidos los primeros recursos del mundo en hidrocarburos.

Ante este panorama amenazador de conquistas sociales y civilizatorias en los dos países mencionados, parece necesaria la vuelta al combate en las calles de ese sujeto revolucionario creado por los movimientos populares y los nuevos gobiernos independientes latino-caribeños. Chavismo es su nombre en Venezuela pero está distribuido del río Bravo a la Patagonia.

Ese sujeto equivale hoy en América Latina y el Caribe (ALC) al proletariado. Aquel al que Marx consideró en la Europa occidental y central del siglo XIX el encargado de encabezar la revolución socialista. Hoy su tarea inmediata es impedir la restauración conservadora, preservar las conquistas sociales y la nueva cultura política conseguidas a partir del levantamiento indígena de Chiapas (1994) y la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, continuar demoliendo el neoliberalismo en nuestra región hasta las últimas consecuencias.

Afirmar que ahora sí termina el ciclo progresista, como lo han bautizado, porque haya sido electo por la mínima un presidente de derecha en Argentina, por la amenaza de desafuero contra la presidenta Dilma Rousseff o por la muy sensible conquista del parlamento a manos de la contrarrevolución en Venezuela es no conocer la historia de ALC. Entramos en una fase más difícil y compleja de la lucha por la segunda independencia de nuestra América.

 

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/2015/12/17/opinion/022a1mun

La SEP se negó a consultar a docentes sobre la evaluación antes de que se aplicara.

 De: Emir Olivares Alonso.

 Antes de que empezara la evaluación docente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tuvieron una diferencia: la dependencia federal cerró las puertas para que el organismo autónomo cumpliera con uno de sus principios básicos: realizar una consulta entre los docentes del país sobre este proceso, previa a su aplicación.

Ante esa negativa, el INEE se vio orillado a aplicar una consulta virtual entre 60 mil profesores, pero ello no fue suficiente para que la prueba que actualmente aplica la SEP fuera validada en campo.

Así lo confirmaron los propios integrantes de la junta de gobierno del INEE ante expertos en temas educativos y profesores durante el 13 Congreso nacional de investigación educativa, organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), que se realizó a finales de noviembre en la ciudad de Chihuahua.

Los cinco consejeros de esta instancia autónoma participaron en una de las mesas de este congreso, donde fueron cuestionados por investigadores y maestros en torno a las razones que los llevaron a permitir que se vulnerara uno de los principios sobre evaluación del INEE, el de la participación.

Las preguntas

Los profesores serían consultados sobre dos preguntas: ¿Qué se entiende por un buen maestro?, y ¿Cómo se evalúa eso que se entiende por un buen maestro?

Al respecto, la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, señaló que esto se dio por los tiempos establecidos en la Ley del Servicio Profesional Docente que demandaban comenzar a aplicar la evaluación.

El instituto intentó introducir el principio de la participación, nos parecía fundamental que la evaluación se consultara con los maestros que iban a ser evaluados. Por ello propusimos a la SEP que nos permitiera llevar a todos los consejos técnicos escolares la consulta. Pero nos cerraron las puertas de estos consejos y la consulta no se realizó, aceptó.

Los principios del INEE sobre este tema –que están en la página del instituto– señalan lo siguiente: “La evaluación docente requiere definir lo que en nuestro sistema educativo se entiende por un buen maestro (…) Clarificar las características que debe tener todo buen maestro permitirá definir criterios para la evaluación, así como los niveles de logro que distingan diferentes dominios de la profesión docente. Esta definición habrá de construirse mediante un proceso de reflexión y análisis con autoridades educativas, con diferentes actores interesados en la educación y, por supuesto, con docentes de todo el país (…) Con estos elementos el instituto podrá ‘expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden’ en relación con los docentes, de conformidad con lo que establece el artículo tercero constitucional”.

En un intento por cumplir con el principio de la participación, el INEE realizó de manera rápida una consulta virtual sobre esas dos preguntas en la que participaron 60 mil mentores, según dijo Schmelkes en el congreso organizado por el Comie.

Los plazos han sido cortos para cumplir una función del INEE, que es validar los instrumentos (de evaluación). Esa es una función importante, y lo hemos hecho, pero con base en muestras y no totalmente, porque no nos ha dado tiempo, pues los plazos ya estaban establecidos, señaló la consejera presidenta.

Al responder a un profesor que también reclamó sobre esa omisión, el consejero Eduardo Backhoff –según versiones de algunos de los participantes– expresó que la prueba que actualmente aplica la SEP no es del todo confiable.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/14/politica/009n1pol

El atropello laboral de Nuño.

 De: Pablo Gómez.

 México es quizá el único país del mundo donde la evaluación del magisterio se ha convertido en un fin en sí mismo, en un símbolo de la preeminencia del Estado sobre la escuela. Toda evaluación debería estar vinculada a un esbozo de nuevo plan educativo. Es decir, que para poner en marcha unas reformas se hace necesario conocer el nivel de los profesores que se van a encargar de llevarlas a cabo, con el propósito de precisar el programa de actualización o de modificación del patrón de enseñanza. Pero en nuestro país la evaluación no tiene nada que ver con el conocimiento del nivel profesional del magisterio para fines reformistas.
La Secretaría de Educación, ahora a cargo de Aurelio Nuño llevado ahí desde la Oficina de la Presidencia, ha dado a conocer el significado de la evaluación: otorgar un aumento extraordinario de salario a quienes tengan una calificación sobresaliente. Esto implica que por encima del escalafón y de la antigüedad, la SEP premiará a los “buenos” y dejará fuera del incremento salarial a los “malos”, lo cual generará una diferenciación perniciosa entre colegas que realizan la misma labor: a trabajo igual, salario igual, reza una máxima mundial que está siendo atropellada por Aurelio Nuño y su jefe Peña Nieto.
No importa, nos dice la SEP, que los profesores no sean evaluados en todas la etapas porque una sola de las mismas es suficiente. La evaluación no es una criba sino sólo para quienes no se presenten a ninguna etapa de la misma. Entonces, lo que se busca sólo consiste en lograr la evaluación aunque sea poca, aunque sea en una tercera parte, aunque sea de pasadita y aunque sea sin la menor trascendencia en el desempeño profesional de los maestros evaluados. Es un fin en sí misma.
La reforma administrativa de la educación básica tuvo originalmente como propósito arrancar al liderazgo sindical la capacidad de nombrar y promover a los maestros y designar a los directores, coordinadores y demás personal de mayor nivel. La lideresa del SNTE llegó a nombrar al subsecretario de Educación Básica, entre otros muchos funcionarios, y a manejar cuantiosos recursos más allá de las cuotas sindicales.
Los líderes charros del SNTE se sometieron pronto a la reforma administrativa y admitieron que ya no podrían nombrar libremente a casi todo mundo, pero a cambio de mantener otros privilegios y de no ser enviados a la cárcel como se hizo con Elba Esther Gordillo.
La CNTE, en cambio, se planteó echar abajo la reforma aunque en realidad negoció los cambios principales en los proyectos de leyes reglamentarias. Ahora, someter a la CNTE mediante la evaluación es el segundo paso después de haber sometido a los charros. La diferencia es que los anteriores amafiados de Gordillo siguen en sus cargos y han vuelto a ser aliados seguros del gobierno mientras que se busca la disgregación de los llamados disidentes.
La evaluación se convirtió en un fin a pesar de que pudo ser un instrumento tendiente a realizar una reforma de la escuela autoritaria, pobre y atrasada que predomina en el país. La inmensa mayoría de los profesores ya han sido “evaluados” pero no se han planteado cambios en la enseñanza, los cuales no podrían llevarse a cabo, cualquiera que fuera su contenido, sin los maestros de todo el país.
La única medida que ha tomado la SEP es el invento de un bono colocado en bolsa para obtener un empréstito de 50 mil millones de pesos, el cual es inconstitucional porque es deuda pública que no va a generar ingresos propios para su pago pero, al fin, promoverá que las escuelas tengan electricidad, drenaje y agua corriente, lo que siempre debieron tener.

Para tratar de demostrar que se piensa en reformas, Nuño ha dicho que es preciso aprender bien español y matemáticas mientras lo demás ya llegará. Eso es como dar palos de ciego. Frente a una escuela deficiente, la respuesta no debe ser desatender asignaturas en aras de sólo dos de ellas sino elevar el nivel general. La educación básica se sostiene también en la historia y las ciencias naturales, entre otras materias justamente básicas, lo cual no es admitido dentro del pensamiento neoliberal estrechamente pragmático que hoy predomina en el gobierno.

Además, como la evaluación es resistida por miles de maestros en algunas entidades del país, entonces se le está ligando al uso de la policía y al incremento del número de presos políticos, lo cual demuestra con mayor evidencia que no se trata de una reforma de la educación sino de la búsqueda de un sometimiento del magisterio.

Esa evaluación no servirá, por tanto, para mejorar la enseñanza en México. La reforma educativa no aparece por ningún lado, como ya lo dijo con mucha claridad y certeza el rector Enrique Graue.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=423318

Hugo Chávez, principal arma electoral de Maduro.

 De: Rafael Croda.

 

La figura más popular en Venezuela es un muerto cuyos ojos negros, desplegados en edificios y enormes pancartas en las calles, miran a la gente. Es la mirada de mulato sagaz de Hugo Chávez, imagen que se ha convertido en logotipo de la campaña electoral para los comicios legislativos de este domingo 6.

Es “el comandante eterno” encabezando una nueva batalla política.

Y es que los chavistas saben que nadie en este país es tan querido como Chávez, quien a casi tres años de su muerte tiene una popularidad de 58%, según un estudio de Datanálisis, mientras que su heredero político, el presidente Nicolás Maduro, apenas llega a 24%.

Por eso en los actos públicos Maduro acostumbra colocarse unos lentes de plástico con los ojos de Chávez, y la imagen, discursos, frases y el ecléctico ideario del expresidente son utilizados por aquel –en medio de una severa crisis económica y un generalizado descontento social– como el principal activo político del Gran Polo Patriótico (GPP), la coalición electoral oficialista que busca mantener el control de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral).

“No tienen a nadie más, por eso usan a un ‘zombi’ político, por eso lo resucitaron”, dice el ingeniero en informática Luis Miguel Curssio desde una esquina de la avenida Libertador de Caracas, desde la cual se observan los ojos negros de Chávez pintados en un edificio de Misión Vivienda, un programa gubernamental que ha repartido más de 900 mil departamentos a familias pobres en el país.

Para Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, el uso de Chávez en la campaña electoral del GPP es un recurso “legítimo” de sus herederos políticos, a quienes la población responsabiliza del desabasto de productos básicos, la crisis económica y la hiperinflación (de 200% este año) que devora los salarios.

Sondeos de esa firma indican que 63.2% de los electores venezolanos tiene intención de votar por la oposición en los comicios de este domingo, y nueve de cada 10 consideran que la situación del país es “mala o muy mala”.

Según León, “este es un país de chavistas arrechos (enojados) con Maduro”. Esa afirmación se constata una y otra vez en las calles. El mesero, el taxista, el ama de casa, chavistas convencidos, no saben si votarán por los candidatos a diputados del GPP, una coalición encabezada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Chávez.

“Con Chávez, todo. Con él nunca nos faltó comida, pero con Maduro todo está vuelto nada”, dice Zulay, una vendedora ambulante del Barrio 23 de Enero de Caracas, un bastión chavista en el que los candidatos del GPP y el PSUV han ganado a los de la oposición en una proporción de siete a uno en cada una de las elecciones realizadas durante los últimos 17 años en Venezuela.

–¿Y por quién va a votar? –se le pregunta.

–No sé, ya veremos el domingo –responde riendo.

Chávez en campaña

Guadalupe Rodríguez, una dirigente de la chavista Coordinadora Simón Bolívar en el Barrio 23 de Enero, asegura que la situación económica y la escasez de alimentos ha causado “mucho enojo entre la gente, porque cuando uno no consigue azúcar o harina-pan (que se usa para hacer las arepas, tortillas de maíz imprescindibles en la dieta venezolana), uno se molesta, es lógico”.

Y dice que los líderes sociales le están haciendo ver a la gente que los culpables del desabasto no sólo son los “burócratas” del gobierno, sino los empresarios acaparadores de alimentos y los “bachaqueros”, como se conoce en este país a los pequeños comerciantes que revenden productos en las calles a precios muy por encima de los oficiales.

Sin embargo, Guadalupe sabe que el malestar popular puede inclinar la balanza a favor de la oposición en estos comicios legislativos, y que por primera vez desde que Chávez llegó al poder, en febrero de 1999, el oficialismo puede perder el control de la Asamblea Nacional.

“Podemos perder la mayoría en el Asamblea, pero la gente tiene claro que el único proyecto que ha tomado en cuenta a los pobres en este país es el de nuestro comandante Hugo Chávez Frías “, subraya.

De hecho, el Barrio 23 de Enero, donde viven unos 300 venezolanos pobres en bloques habitacionales de interés social y casas precarias construidas en los cerros, ha progresado en los 17 años de chavismo.

Los estacionamientos, antes semivacíos, están ahora llenos de carros viejos. Hay 38 puestos ambulatorios de médicos, cubanos en su mayoría, cuando en 1999 había solo tres. Las personas mayores que no sabían leer y escribir fueron alfabetizadas y todas tienen pensión, aunque no hayan cotizado. Y a nadie le falta comida.

En el centro comunitario de la Coordinadora Simón Bolívar, que antes era un cuartel policiaco, ofrecen almuerzos gratis a quienes los necesitan. Allí funcionan una estación de radio para el barrio y un consultorio médico.

Guadalupe sabe que muchos chavistas reniegan de Maduro y que forman parte de los dos tercios de venezolanos que tienen una mala opinión de su gestión como presidente. Pero ella piensa que eso también es producto “del fervor que siente la gente por Chávez”. Es tanto, dice, que muchos creen “que es traición decir que ahora son maduristas”.

El mismo Maduro, quien fue designado por Chávez como su sucesor, se dice “hijo” del comandante que postuló el Socialismo del Siglo XXI como ideario social. Y no sólo se pone gafas con los ojos de su mentor, sino que puso al desaparecido líder a hacer campaña.

Chávez aparece en todos los comerciales televisivos de los candidatos del GPP. En los 14 canales estatales de televisión da discursos revolucionarios, canta música llanera, carga a niños, abraza a señoras mayores, llama a votar, dice a sus huestes que “todos los candidatos de la oposición a la Asamblea son candidatos de la burguesía”.

También pide a los electores de Miranda que voten por Elías Jagua, actual candidato a diputado del PSUV por una circunscripción de ese estado metropolitano.

Desde luego, se trata de discursos de otras campañas, de cuando Jagua fue candidato a gobernador de Miranda, en 2012, y de las elecciones legislativas de 2010. Si alguien de un país remoto y desconectado del mundo llegara hoy a Venezuela, creería que Chávez está vivo.

En mensajes en radio y televisión Chávez llama a votar para impedir “que la burguesía vuelva al poder”. En las calles, los carteles de campaña proclaman que “Este 6D (domingo 6) gana Chávez”, y en miles de esos anuncios aparecen por todo el país los trazos de los ojos del fallecido presidente, y su mirada convertida en el emblema del PSUV.

Sin embargo, Maduro no ha dejado todo el peso de la campaña en manos de Chávez. Él contribuye inaugurando obras, repartiendo tabletas entre los estudiantes de escuelas públicas, anunciado inversiones millonarias para los estados y entregando casas de la Misión Vivienda.

Y en la televisión, además de los mensajes del exgobernante, el PSUV transmite propaganda en la que un ama de casa, un matrimonio, un señor de la tercera edad, viven “pesadillas” cuando una Asamblea Nacional dominada por la oposición decreta el retiro de beneficios sociales, como las casas de Misión Vivienda, las pensiones y las consultas médicas gratuitas.

Personaje de culto

Pero es la figura de Chávez la que lleva el peso de la campaña. Los restos del teniente coronel que quiso implantar el socialismo con los 700 mil millones de dólares que recibió de ingresos petroleros, durante los 14 años que gobernó Venezuela, están en el Cuartel de la Montaña, ubicado en una loma del Barrio 23 de Enero, un santuario para el oficialismo.

Cerro abajo, los habitantes del barrio instalaron una modesta capilla en la que rinden culto a “Santo Hugo Chávez del 23”, según indica un rótulo. Allí hay fotos del comandante, flores, imágenes de la virgen y Jesucristo, banderas de Venezuela, de Cuba, de Argentina, y un lema: “Chávez vive, la lucha sigue”.

Gabriela, una habitante del barrio, dice que “mucha gente viene a rezarle y dicen que hace milagros”.

El régimen no solo fomenta el culto al caudillo sino que sus más connotados líderes lo practican. El pasado miércoles 2, en un acto de cierre de campaña en Maracay, capital del estado Aragua, comenzó a llover mientras Maduro pronunciaba un discurso. El presidente guardó silencio cuando el agua le escurría por el rostro, miró al cielo y comentó: “Llegó la lluvia. Buen augurio. Con la lluvia sentimos la presencia de nuestro comandante”.

Un día antes Maduro dio un mensaje en cadena nacional desde la casa de la familia Chávez en Barinas, capital del estado del mismo nombre, donde nació el comandante. Allí, rodeado de los hermanos del fallecido presidente –Adán, gobernador del estado, Argenis y Aníbal– y de sus sobrinos, Maduro llamó a los venezolanos a votar por los candidatos del GPP para impedir “que la derecha reaccionaria se apodere de la Asamblea Nacional, y acelerar la revolución”.

María Gabriela Chávez, hija del comandante, es embajadora de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Rosa Virginia, la mayor, sigue viviendo en La Casona, la residencia oficial del Ejecutivo en Venezuela. Su esposo, Jorge Arreaza, es el vicepresidente de la república.

Guadalupe Rodríguez, la dirigente de la Coordinadora Simón Bolívar en el Barrio 23 de Enero, dice que es normal que la familia del líder de la Revolución Bolivariana prolongue su legado. Arreaza participó de manera muy activa en la campaña, inauguró obras, y ayer aseguró que los venezolanos ratificarán este domingo su lealtad con Chávez.

La líder en el Barrio dice que sería “una tragedia” que la oposición, aglutinada en la Mesa de Unidad Nacional (MUD), obtuviera un triunfo en los comicios y asumiera el control de la Asamblea Nacional, aunque asegura que “si ellos ganan, nosotros tenemos que respetar eso”.

–¿Y los chavistas están preparados para convivir con la oposición si esta gana? –se le pregunta.

–No lo creo –dice–, ellos son muy derechistas y a nosotros nos ven como las hordas chavistas.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=422575

Las mentiras sobre la reforma educativa.

 

De Luis Hernández Navarro.
Martes 15 de enero de 2013.

El Pacto por México y el gobierno federal llevan a cabo una campaña en medios de comunicación para convencer a los maestros de México y a la opinión pública sobre las bondades de la reforma educativa recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

El 9 de enero se publicó un desplegado en 29 periódicos locales y cuatro de circulación nacional dirigido a los maestros de México, con el objetivo de compartir información acerca de las reformas que se están haciendo al artículo tercero constitucional. El comunicado califica a los docentes de apreciables.

Curiosamente, el documento no está firmado por el Congreso de la Unión, sino por el Pacto por México. Nadie en lo personal se responsabiliza de él. En el mensaje se explica por qué fue promovida la reforma, qué supuestos beneficios traerá, para qué se crea el Servicio Profesional Docente y por qué dar autonomía de gestión a las escuelas.

Ya encarrerado, el pacto difundió tres espots, copia y calca de los materiales producidos para divulgar las obras gubernamentales de moda desde el Pronasol de Carlos Salinas. Abundan en ellos idílicas imágenes de maestros, niños y escuelas con un mensaje central: la reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros.

Para remachar la campaña, el 10 de enero, Emilio Chuayffet reiteró que la educación no es propiedad de un grupo, sino de la sociedad, por lo que el Estado va a reasumir su rectoría. Al participar en el Foro México 2013, descartó que la reforma educativa sea privatizadora.

Advirtió que no habrá excepciones para nadie en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren necesarios para brindar una educación de calidad. Según él, la reforma no es antilaboral ni antimagisterial, sino que tiene por objeto dar certeza al maestro; certidumbre en su ingreso, en su promoción y desempeño como docente.

En plena demostración de su talante autoritario, aseguró que una vez que la reforma sea aprobada se efectuarán una consulta y una amplia campaña para darla a conocer. ¿De qué sirve una consulta cuando la reforma ya fue hecha? ¿Por qué se evadió cualquier debate en foros públicos?

Ni el desplegado ni los espots ni las declaraciones de los funcionarios explican cómo es que la reforma hará realidad todos los propósitos que anuncian. No puede ser de otra manera, pues la mayoría de las modificaciones que se hicieron van en sentido contrario de lo que el pacto asegura buscar.

La reforma educativa no tiene un proyecto educativo explícito. No hay en ella nada que esclarezca hacia dónde se quiere caminar en el terreno pedagógico ni cómo resolver los principales problemas del sector. Por ejemplo, no hay una sola idea que aclare cómo terminar con la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de personas.

Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al SNTE la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo.

No obstante afirmar que los resultados educativos son producto de múltiples factores y no dependen exclusivamente de los docentes, en el fondo sostiene que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Por eso, la reforma pone el acento en los mecanismos de control sobre el magisterio, no en los de su participación en la definición del proyecto educativo ni en su capacitación.

De manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a las escuelas con estímulos económicos, si los resultados son buenos, o castigarlos con el despido, si son malos.

La medicina recetada por la institución no deja lugar a dudas: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares (...) recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo.

El pacto afirma que el Servicio Profesional Docente fue creado para reconocer los méritos de los maestros y asegurar que accedan a las plazas docentes con base en su esfuerzo y desempeño personales. Señala que servirá para que los profesores, directores y supervisores tengan certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas en su promoción laboral. Habrá –dice– reglas claras, justas y transparentes que estimulen la profesionalización de los profesores, asegurando y promoviendo sus derechos.

La afirmación es falsa. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.

El Pacto por México asegura que la autonomía de gestión facilitará que los recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. Mentira: la legislación abre la puerta para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización.

Las expresiones de descontento entre el magisterio contra la reforma son cada día más evidentes. Los docentes no se tragan los cuentos que difunden las campañas publicitarias del pacto. Se anuncia ya la batalla por la legislación secundaria. Los próximos meses veremos cómo la inconformidad crece.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/15/opinion/017a1pol

Héctor Beltrán Leyva y sus nexos con Televisa.

De Jenaro Villamil.

Héctor Beltrán Leyva “El H” no sólo infiltró a la sociedad de Querétaro y de San Miguel de Allende, Guanajuato: También tuvo una especial relación con el mundo de la farándula y, especialmente, con Televisa.

El personaje clave de esta relación fue Guillermo Francisco Ocaña Prandal, mejor conocido como “Memo” Ocaña, a quien las autoridades mexicanas consignaron dos veces y las españolas también como presunto lavador de dinero de “El H” a través de empresas dedicadas al espectáculo.

Telenovelas de Televisa fueron grabadas en predios que “Memo” Ocaña le ofreció a la empresa de Emilio Azcárraga Jean y que eran propiedad del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Fue el caso del predio ubicado en Aureliano Rivera 17, en San Angel Inn, donde fueron detenidos 11 sicarios de los Beltrán en 2008. Ahí se grabó la telenovela Cadenas de Amargura. En 2009 se grabó la telenovela Rubí en el predio Farallón 304, de Jardines del Pedregal, justo donde vivió un sicario de los Beltrán, Ever Villafaña Martínez.

El vínculo entre “Memo” Ocaña, Beltrán Leyva y Televisa es digno de un guión de telenovela. Ante la SIEDO, el exconductor y actor declaró que en 1968 se inició como actor infantil y en 1990 trabajó en fotonovelas como Cita y Chicas. A mediados de los años 80 fue representante de Ricardo Montaner, con quien sostuvo un litigio legal.

Entre 1993 y 1994 –los años del ocaso salinista- el futuro de “Memo” Ocaña cambió. Conoció a la Miss Sonora, Clara Elena Laborín Archuleta. Ella era la pareja sentimental de Héctor Beltrán Leyva. En 1997 ella le propuso dirigir su empresa Rotcheh Noticias y Espectáculos. Quiso impulsar a sus cuatro sobrinos en un grupo musical de vida efímera que se llamó Tequila Cuatro.

La plataforma sería la revista Jeans de Laborín, de la cual sólo salieron 2 ediciones.
Los contactos de Ocaña con el mundo de la farándula y de Televisa le permitieron a Beltrán Leyva entrar a los espectáculos como representante de varias cantantes y celebridades, entre ellas Alejandra Guzmán, Juan Gabriel y Tania Libertad.

El periódico Reforma publicó que el 18 de junio de 2010 Ocaña organizó una gran fiesta con más de 600 invitados en Acapulco, en un spa propiedad de Laborín Archuleto para recaudar fondos para el combate contra el VIH. A pesar de que ya se sospechaba de su vínculo con los Beltrán, a esa fiesta acudieron celebridades, el embajador de Francia, productores y cantantes.

En 2002 Ocaña fue a vivir unos años a España. Ahí funcionó como hombre clave de la colocación de Monex como parte del engranaje de Los Beltrán Leyva y la creación de empresas fantasma. El reportero Humberto Padgett, citando fuentes diplomáticas españolas, afirmó que Ocaña fundó sociedades en Barcelona para “lavar” más de 78 millones de euros que luego se transferían a tres casas de cambio: Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam (Emequis, 29 julio 2012). Las mismas que fueron mencionadas en el Monexgate de las elecciones presidenciales.

Para lograr sus objetivos en España, Ocaña siguió el mismo modelo que en México: montó la empresa Tops Time Production, que también organizaba espectáculos.

A final de cuentas, todo es un gran montaje en el mundo de la narcocultura y los grandes negocios televisivos.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=383700

Un militar torturado por militares.

De: Arturo Rodríguez García.

El teniente Julián Castilla fue detenido en 2011 con base en una acusación realizada bajo tortura. Personal militar lo sometió a tratos inhumanos. De otras personas acusadas por el mismo presunto delito, los civiles ya están libres pero los militares no. Por temor a quedar expuestos, los mandos han alargado el juicio de Castilla y lo trasladaron recientemente a una prisión civil, con la amenaza de que otros reos lo atacarán ahí.

MÉXICO, DF (Proceso).- Al teniente de caballería Julián Castilla Flores se le acusa de delitos contra la salud. Mientras estuvo en la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila, recibió premios y reconocimientos, pero desde hace cuatro años enfrenta un juicio basado en declaraciones de un testigo protegido, que ya se retractó, pero entonces señaló que el oficial de caballería brindaba protección a Los Zetas cuando ya ni siquiera estaba en la zona militar.

El mencionado testigo protegido, igual que otros, ya denunciaron que fueron torturados para que firmaran declaraciones que incriminaron a varios servidores públicos, pero Castilla –quien ya comprobó la tortura– sigue preso, lo mismo que otros 14 militares, por el mismo asunto.

Interno en la prisión del Campo Militar Número 1 desde 2011, el pasado 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en el estado de Veracruz. Sus abogados y familiares no se enteraron, pues los días siguientes el oficial fue incomunicado. Por ese motivo, el 19 de octubre la sección alemana de la organización Amnistía Internacional emitió una alerta por el caso, donde se expresaba preocupación por la seguridad de Castilla.

En marzo de 2011, tres personas detenidas bajo el cargo de pertenecer a Los Zetas, convertidos en testigos protegidos, señalaron que numerosos servidores públicos de las áreas de seguridad en los tres órdenes de gobierno daban información y protegían a esa organización criminal, e incluso se encargaban de asesinatos y desapariciones ordenadas por los cabecillas.

La entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que el operativo, derivado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 –de la que este semanario tiene copia–, era “una acción sin precedentes” y que la dependencia a su cargo era la “primera en poner el ejemplo” en el combate a la corrupción.

Morales aludía a que, además de mandos policiacos locales –entre ellos militares en retiro–, policías federales y soldados, la PGR detuvo a una de sus propias subdelegadas, agentes del Ministerio Público federal y de la Agencia Federal de Investigación (Proceso 1843).

En un año se demostró que las condiciones de modo, tiempo y lugar que señalaron los testigos protegidos identificados como El Guacho, Sagitario, Serpico y El Pepillo, eran inconsistentes.

También hubo errores en la identificación de los supuestos sobornados, como ocurrió con Humberto Torres Charles, hermano de Jesús, el exprocurador de Coahuila cuya fotografía se incorporó al expediente. La imagen fue difundida, boletinada y colocada en la lista de más buscados, con la oferta de una recompensa millonaria. En realidad era la imagen del dirigente del PAN de Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, y no la de Torres Charles.

El fracaso de las pesquisas en la justicia civil no sirvió para el caso de los militares que aceptaron su participación en los ilícitos que se les imputaron. Más tarde, la aplicación del Protocolo de Estambul determinó que esos militares fueron torturados.

Fracaso ejemplar

De acuerdo al pliego de consignación elaborado por los oficiales del batallón, el 11 de marzo de 2011 dos pelotones del 33 Batallón de Infantería patrullaban en el sur-oriente de Saltillo, cuando detuvieron en la comunidad Los Silleres a un sujeto apodado El Picholo. Éste les dijo entre otras cosas que hacia el poniente Los Zetas tenían un terreno donde resguardaban tráileres con droga. Cuando se dirigieron allá, encontraron el predio en el bulevar Vito Alessio Robles, donde detuvieron a Pedro Toga Lara, El Guacho.

El documento establece que éste último confesó espontáneamente:

“Dijo que ya se le habían terminado las andanzas delictivas, a él y su hermano, el cual tenía poco tiempo de andar con él, pero que ya le había arruinado la vida, por lo que quería cooperar con las autoridades previo apoyo de parte de ellas”. Enseguida ofreció a sus captores una nómina de Los Zetas en la que venía el nombre del “teniente Castillo”.

Con esa información inició una pesquisa en el 69 Batallón de Infantería. Hasta entonces las declaraciones no mencionaban al teniente Julián Castilla, pero la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) fue por él a Juárez, Chiapas, donde se encontraba al frente de una Base de Operaciones.

A partir de datos aportados por Toga Lara se abrió la averiguación contra los militares, pero también con base en señalamientos de otros testigos protegidos se giraron órdenes de aprehensión contra funcionarios y mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno, incluso de la PGR: es lo que presumió la procuradora Morales.

En el expediente CP 279/2011, radicado en el Juzgado 1 Militar, adscrito al reclusorio del Campo Militar Número 1-A del Distrito Federal, en el que se conoce el caso del teniente Julián Castilla –y del que Proceso tiene copia–, se observan numerosas irregularidades.

Por ejemplo, el pliego de consignación no fue elaborado por los militares que lo firmaron, pues declararon ante el juzgado que se redactó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) muchas horas después de los hechos.

Otra falla grave es que la declaración de Pedro Toga Lara, exsargento de Transmisiones, incriminaba a un teniente de infantería Castillo, no al teniente de caballería Castilla, una diferencia que necesariamente conoce el testigo por su carrera militar y las funciones que desempeñó.

Además, los peritajes grafoscópicos concluyeron que alguien distinto a Toga Lara escribió la declaración que se suponía de su puño y letra, lo que por otra parte se observa a simple vista en la documentación. Tampoco coinciden los tiempos cuando Toga Lara llegó a Saltillo con aquellos en que Julián Castilla permaneció en la Sexta Zona Militar.

Las declaraciones de Toga Lara se robustecieron con la supuesta confesión de un integrante del 69 Batallón de Infantería, el sargento Sergio Treviño Ríos, hasta que, en una diligencia practicada en la causa de Castilla, declaró que no lo conocía y que había sido torturado y forzado a firmar declaraciones cuyo contenido desconocía.

Los 14 detenidos de ese batallón incriminados por Toga Lara dijeron que no conocían a Castilla.

Las acusaciones de tortura se reprodujeron en casi todos los casos, incluso en el del testigo principal, Toga Lara, cuyo desistimiento contribuyó al sobreseimiento de los casos de imputados civiles.

La descripción de la tortura a la que fue sometido es brutal: golpes, toques eléctricos, introducción de objetos, la amenaza de violación y asesinato de su familia. También afirmó que era forzado a tocar armas e imprimir sus huellas digitales en al menos dos paquetes de hojas blancas.

Retenido durante cinco meses, El Guacho denunció que en instalaciones de la SIEDO lo obligaban a hacer declaraciones. Añade: “Muchas ocasiones que yo me negaba a estudiar expedientes que se me ponían a la vista, los cuales yo no conocía en nada, los oficiales de la AFI, por órdenes de los fiscales, me bajaban al sótano y me golpeaban en repetidas ocasiones en el interior de los baños o en un cuarto oscuro”. También afirmó: “Me dejaban sin comer dos o tres días, teniendo yo que tomar agua del sanitario”.

Según Toga Lara, cuando por fin lo alimentaban, lo llevaban a una oficina donde debía estudiar los expedientes de aquellos a quienes había incriminado. Después simulaban estar en un juzgado y personal de la SIEDO actuaba para aleccionarlo sobre cómo comportarse ante el juez.

Amenaza cumplida

Un mes después de la captura de Toga Lara, el teniente Castilla fue detenido.

Las documentales del expediente son imprecisas sobre el día de marzo de 2011 en que esto sucedió: el oficio de consignación de la PJFM establece el 12 de marzo; en una promoción del juzgado, queda como fecha de detención el día 14; un informe de la 30 Zona Militar, afirma que el capitán responsable del operativo salió con el detenido a las 11:45 horas del 13 de marzo.

La Zona Militar informó que no había registros de detención ni presencia de PJFM el 14 de marzo. En todo caso, el día 15 lo presentaron a la SIEDO.

La aplicación del Protocolo de Estambul, el manual admitido por la comunidad internacional para investigación y documentación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, dictaminó que Julián Castilla fue torturado, con base en las pruebas practicadas y un dictamen médico elaborado durante su ingreso a la SIEDO.

Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional que practicaría el estudio al teniente Castilla los días 2 y 3 de marzo, cuando personal del órgano autónomo arribó a la prisión militar encontró trabas para trabajar: no le proporcionaron un lugar adecuado como se solicitó (el examen se aplicó en una jardinera) y no permitieron el ingreso de los equipos médicos necesarios para aplicar el Protocolo, por lo que éste sólo se basó en la descripción hecha por Castilla de la tortura, que coincidió con el dictamen médico del día de su ingreso a las instalaciones de la SIEDO.

De acuerdo con la narración de Castilla, asentada en el juicio y en el dictamen del Protocolo de Estambul, tras su detención en Chiapas fue torturado física y psicológicamente en el trayecto a la Ciudad de México. Con las manos esposadas, a veces al frente y otras a la espalda, sus captores le provocaron dolor intenso mientras le exigían que confesara. Le envolvieron la cabeza con una toalla que mojaban para provocarle asfixia.

Le aplicaron el tehuacanazo, consistente en introducirle agua mineral por la nariz, para luego envolverle la cabeza en la toalla mojada, hasta hacerlo perder el conocimiento y reanimarlo a cachetadas.

Mediante descargas eléctricas con un objeto metálico (la chicharra) le causaron quemaduras, mientras lo amenazaban de muerte a él y a su familia, asegurando que era por órdenes del secretario de Defensa, que en ese tiempo era el general Guillermo Galván.

El 15 de marzo de 2011, tras ser puesto a disposición de la SIEDO, fue encerrado en una casa de seguridad de la PGR, donde permaneció 80 días arraigado, y el 3 de junio siguiente ingresó a la prisión del Campo Militar Número1-A.

El pasado 22 de octubre, la agencia noticiosa Apro dio a conocer que, de acuerdo a la acción urgente emitida por el capítulo alemán de Amnistía Internacional, en los últimos meses Castilla padeció actos de intimidación de personal militar, como la amenaza de traslado a una prisión civil donde estaría expuesto a los ataques de otros presos por su condición de militar.

La amenaza se cumplió: el 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en Veracruz sin avisar a sus representantes legales ni a su familia.

En vista de los antecedentes de tortura, las irregularidades del expediente y el traslado a una prisión civil veracruzana, Amnistía Internacional alertó sobre posibles ataques o intimidación por parte de otros presos o de autoridades, y pidió al gobierno mexicano garantizar la integridad de Castilla, así como brindarle un juicio con todas las garantías y respeto al debido proceso.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=420007

Rompe PAN con estrategia de seguridad de Calderón… quiere al Ejército de regreso a los cuarteles.

De Álvaro Delgado.

El Partido Acción Nacional (PAN) propuso hoy una reingeniería a todo el sistema nacional de seguridad pública que, expresamente, rompe con el esquema creado por el gobierno de Felipe Calderón y, aun cuando “no funcionó”, fue continuado por Enrique Peña Nieto.

El “planteamiento de fondo” es que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, de donde las sacó Calderón en su estrategia de “guerra” contra el crimen organizado, y se cree el Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano regulador en la materia, que será constitucionalmente autónomo e integrado por expertos ajenos a los partidos políticos.

Fue el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Calderón Hinojosa, quien detalló la iniciativa de reforma constitucional que presentará el PAN sobre el órgano rector en la materia, que diseñará los mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno con base en criterios estrictamente técnicos.

“Este modelo es una respuesta muy clara a una mala idea presentada por el Ejecutivo federal”, subrayó Gil Zuarth, al aludir al decálogo formulado, hace un año, por Peña Nieto, pero sin aludir al esquema implementado por Calderón.

“En esa mala idea se planteaba desaparecer las policías municipales y sustituirlo por policías estatales, (pero) no hay orden de gobierno sin la capacidad coactiva, no hay orden de gobierno si no tiene la posibilidad de tener un aparato de fuerza para ordenar las conductas”, subrayó Gil.

“Nuestros país requiere policías municipales fuertes, pero sobre todo siempre vigiladas por una instancia mayor y, sobre todo, requiere que cuando no sea posible que ellos puedan prestar con regularidad el servicio, haya alguien más con mejores capacidades que lo pueda hacer por ellos y para ellos”.

En conferencia de prensa en la sede del PAN, encabezada por Ricardo Anaya, su presidente, el senador Gil Zuarth y el diputado federal Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana, detallaron el proyecto que se presentará con el respaldo de las bancadas en el Congreso.

En su intervención, Gil Zuarth destacó que esta propuesta del PAN “significa una etapa en el sistema constitucional de la seguridad pública” en la historia de México.

“De 1983 a 2008 el sistema pasó por dos grandes etapas: por un lado, una etapa de descentralización y, por el otro, la construcción de un modelo, de un sistema para coordinar a los distintos órdenes de gobierno que interactúan en la prestación del servicio de seguridad pública”.

Justo la construcción de ese “modelo” se produjo en 2008, en pleno gobierno de Calderón, con el que ahora el PAN critica y rompe.

“Ese modelo ha sido insuficiente, en efecto, y todas las policías del país tienen que prevenir, reaccionar e investigar los delitos, pero no todas tienen las mismas capacidades para hacerlo”.

Añadió: “Por el otro lado, el sistema de coordinación no tiene los suficientes incentivos, las capacidades de autoridad para poder alinear a los órdenes de gobierno y generar capacidades institucionales eficaces para prestar con absoluta certeza y efectividad y con carácter técnico el servicio de la seguridad pública”.

Y fue más allá al aludir a otra creación del gobierno de Calderón: El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

“Los objetivos están mal planteados. Un ejemplo concreto puede ser el fondo de Subsemun, en ese caso, los fondos se asignan en función de la incidencia delictiva, de tal suerte que un municipio que invierte fuerte en su seguridad y disminuye los índices de violencia y disminuye los índices delictivos pierde dinero en lugar de poder mantener el rumbo de inversión”.

Más aún, criticó Gil Zuarth: “El Sistema Nacional de Seguridad Pública está integrado por los propios responsables de la seguridad pública. Los propios gobernadores se sientan en una mesa, toman acuerdos y no tienen la capacidad de dictar recomendaciones, lineamientos, metas específicas, y sobre todo son ellos mismos los que se evalúan a sí mismos.”

Y rubricó: “Este modelo no ha funcionado y por eso estamos construyendo una tercera etapa en el sistema constitucional de seguridad pública”.

Según Gil, la propuesta del PAN no implica una mayor burocratización ni mayores recursos para el sistema nacional de seguridad pública, que además no cuenta con mecanismos de intervención ante el colapso de policías municipales y estatales.

“Por eso vimos el caso de Michoacán, en el que se tuvo que mandar un comisionado especial para que hiciera trabajos políticos o de colaboración de la Federación en esta entidad federativa”, subrayó el legislador.

“Lo que estamos inventando son esos mecanismos. Hoy no los tiene la Secretaría de Gobernación, no los tiene nadie, son mecanismos consensuales, son decisiones discrecionales, políticas del presidente de la República o bien del secretario de Gobernación cuando se trata de colaboración institucional, como hemos visto en los casos recientes de Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Juárez, Tijuana o Monterrey”.

–¿Esta iniciativa se podría considerar como el primer paso, en un cronograma mucho más amplio, para retirar al Ejército de las actividades de seguridad pública?

–Sí. ¿Por qué las fuerzas armadas están realizando tareas de seguridad pública o seguridad interior? Porque este país no tiene policías confiables, profesionales y eficientes. Hay más de 460 mil policías locales que les corresponde prevenir y perseguir nueve de cada diez delitos, pero ganan por debajo de 6 mil pesos el 80% de ellos. Y ese es un espacio para la corrupción, pero sobre todo es una explicación de la enorme debilidad institucional.

Gil Zuarth añadió que la única manera de que las Fuerzas Armadas regresen a su tarea constitucional es que se sustituyan con policías confiables en todos los órdenes de gobierno, desde la Federación hasta el último de los municipios.

“Y eso es justamente el planteamiento de fondo. Esta iniciativa pone el acento donde debe estar, no en la discusión binaria entre desaparecer las policías municipales o dejarlas, sino en la discusión de que las policías que existen en nuestro país, en el más de los aislados de los municipios, tenga las mismas capacidades institucionales que el más grandes y próspero de los municipios en el país”.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419920

Muerte sin fin: periodistas, mujeres, activistas…

De Álvaro Delgado.

Enrique Peña Nieto usó este domingo 1 su cuenta de Twitter para felicitar, en inglés y en español, a los pilotos, aficionados y organizadores de la carrera de Fórmula Uno, pero no tuvo ni una palabra para el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que este lunes se conmemoró en todo el mundo.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, imitó a su frívolo jefe. “Un emocionante domingo de carreras con el Gran Premio de México de Fórmula Uno. ¡Un evento de talla mundial para nuestro gran México!”, escribió el funcionario que dejó fugarse a Joaquín El Chapo Guzmán y que ambiciona ser presidente de México.

Ese silencio del jefe del Estado mexicano y de su segundo en la jerarquía gubernamental en un asunto tan sensible en el mundo, explica por qué México ocupa el primer lugar en el asesinato de periodistas en el Continente –uno de cada tres– y por qué hay 90% de impunidad en los crímenes que se cometen contra ellos.

A Peña no le importa que maten y agredan a periodistas. Tampoco le importó a Felipe Calderón. Ni a Vicente Fox.

En 15 años de los tres gobiernos han sido asesinados 107 periodistas, según el cómputo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el de Calderón –a quien ayer le llamaron “asesino” en el autódromo– ha sido el más cruento: Suman 47 los atentados a medios de comunicación desde 2006 y 20 periodistas desaparecidos.

En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en honor a los comunicadores asesinados en Mali, con el fin de comprometer a los Estados miembros a tomar acciones contra este fenómeno.

La Asamblea General de la ONU resolvió 18 de diciembre de 2013 convocar a los países integrantes a adoptar medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones, pero también los exhortó a promover un entorno propicio y seguro en que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.

Se trata, entonces, de un deber de los Estados, no de un capricho de los gobernantes, como parece ser en el caso de México. Tampoco se trata de que los periodistas tengan un fuero o un tratamiento especial, como suponen algunos en el gremio, sino de garantías básicas para el desempeño de la actividad informativa.

La abulia de Peña y Osorio Chong es contagiosa: Si a ellos no les importa honrar el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, a la procuradora general de la República, Arely Gómez, tampoco.

Sólo el fiscal para atender las agresiones contra periodistas, Ricardo Nájera –quien fue vocero de Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República (PGR)– rindió un burocrático informe sobre los cursos que ha impartido la dependencia a sus funcionarios para relacionarse con los trabajadores de los medios.

No existe, pues, ningún interés del gobierno de Peña –ya no digamos de los poderes del Estado– para la protección de los periodistas en México. Y la única certeza es que seguirá habiendo asesinatos en Veracruz y en donde sea.

Pero tampoco existe interés genuino desde el poder para cesar la matanza de mujeres, que alcanza niveles escalofriantes con una tendencia a la alza: Siete al día.

Ayer mismo en Cancún, Quintana Roo, y apenas horas después de que unas seis mil personas protestaron por el feminicidio de María Karen Carrasco Castilla, exalumna de la Universidad del Caribe, fue hallado el cuerpo de otra mujer asesinada a puñaladas. Fue la tercera víctima en octubre.

La ONU, que el 25 de noviembre conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considera alarmantes las cifras de feminicidios en México.

Cifras de ese organismo establecen que en 2007 se registraron mil 87 asesinatos de mujeres, pero cada año aumentaron, particularmente en 2011 (2 mil 712), 2012 (2 mil 752) y 2013 (2 mil 502).

En el Estado de México se decretó una alerta de género por 922 casos documentados de feminicidio entre 2005 y 2010, justo cuando Peña era gobernador, y en la Puebla del panista Rafael Moreno Valle se han acumulado, según el Observatorio Ciudadano de Justicia Social, 280 feminicidios y más de 400 mujeres desaparecidas.

Nadie puede ser indiferente ante estas infamias…

Apuntes

Sobrecoge la noticia: José Luis Rodríguez Muñiz, de 31 años de edad, subió a su cuenta de Facebook un video con duras críticas a las autoridades de Chihuahua, incluido el gobernador César Duarte. Horas después apareció muerto a balazos en Ciudad Juárez…

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419802