Narcoalcalde de Iguala, Guerrero.

En las últimas semanas el nombre de Mario Moreno Arcos ha cobrado relevancia en los medios de comunicación a raíz de que el empresario Pioquinto Damián Huato lo señaló como el responsable del atentado en el que falleció su nuera y él y su hijo resultaron lesionados.

Sin embargo, el presidente municipal de Chilpancingo se presentó voluntariamente a la Procuraduría General de la República para demostrar que él no es “narcoalcalde”. Y hasta el momento nadie ha presentado pruebas.
Pero sobre quien pesa una investigación de la PGR es el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien llegó al cargo a través de las siglas del Partido de la Revolución Democrática aunque nunca había militado en ese partido.
La gente se sigue preguntando cómo un comerciante que inició vendiendo sombreros en el mercado, hoy es propietario de la plaza comercial Galerías Tamarindos, la más importante de esa localidad guerrerense.
¿Cómo llegó a ser presidente municipal? Eso está muy claro para los igualtecos. Todos recuerdan las miles de despensas que llegaron a todas las colonias de Iguala previo a las elecciones, y el “espaldarazo” que recibió del gobernador Ángel Aguirre Rivero para que fuera el candidato del PRD.
Pero la principal línea de investigación que la PGR sigue en contra del alcalde de Iguala es su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Es hermana nada menos que de Alberto Pineda Villa, alias “El Borrado”, operador de Arturo Beltrán Leyva.
“Pineda Villa no es una figura menor dentro del narcotráfico. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 –iniciada el año pasado, cuando el procurador Eduardo Medina Mora anunció la Operación Limpieza– se le menciona como enlace entre altos funcionarios de la SIEDO con los hermanos Beltrán Leyva, quienes recibían información sobre las investigaciones en su contra a cambio de pagos superiores a los 450 mil dólares mensuales”, publicó Ricardo Ravelo en la revista Proceso en el 2009.
Como parte de la citada averiguación, el testigo protegido con nombre en clave Saúl declaró que el agente federal Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, era el contacto a través del cual Miguel Colorado, quien fuera coordinador de inteligencia de la SIEDO (actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser extraditado a Estados Unidos), le proporcionaba información en torno a las investigaciones que realizaba la PGR en contra de los Beltrán Leyva.
Saúl también declaró que Jiménez Sánchez “se reportaba directamente con El Borrado, uno de los principales integrantes de dicha organización delictiva y que se encuentra en la misma categoría que El Grande (Sergio Villarreal Barragán), operador del cártel en la Comarca Lagunera y en el estado de Morelos”.
En el 2009, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna ordenó que para atrapar a Pineda Villa se rentara una casa a pocos metros de donde vivían sus padres, en la calle de Xochicalco esquina con Tlaquiltenango, en Cuernavaca.
Al inmueble arrendado se fueron a vivir agentes de la Policía Federal Preventiva integrantes del grupo Indio. Desde ese sitio se mantenían bajo observación todos los movimientos de los padres, hermanos, tíos, parientes y amigos del Borrado.
El martes 5, los agentes del grupo Indio reportaron a Cárdenas Palomino que en la casa de los padres de Pineda Villa se estaba llevando a cabo una reunión familiar. El reporte policiaco, que también fue entregado a García Luna, detalló los pormenores de lo que parecía una fiesta:
“Solamente están los papás y otras personas adultas…Una persona que trajo un cerdo (y llegó) con dos ayudantes; al parecer son los encargados de preparar las carnitas… ¿Cuál es la indicación?”, preguntaba el jefe policiaco al frente del grupo Indio.
De acuerdo con datos corroborados por Proceso a través de cuatro fuentes distintas, algunas de las cuales tuvieron conocimiento de la investigación con la que se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS /163/2009, entre las personas presentes en la fiesta no había gente armada “ni en actitud sospechosa”. No sólo eso: el propio García Luna fue informado de que “en dicha casa no se encontraba El Borrado”.
Pese a la ausencia del capo, Cárdenas Palomino y el comandante Armando Espinoza de Benito recibieron la orden de García Luna de realizar un operativo, sin dar aviso al Ejército, cuyos efectivos intervinieron después y sólo para custodiar la casa.
En pleno convivio, unos 200 agentes federales irrumpieron en la casa y arrestaron a 14 personas, entre éstas a dos señoras de la tercera edad. También fue aprehendido el padre del presunto capo, Salomón Pineda Bermúdez, de 73 años.
Las otras 11 personas detenidas fueron Conrado González Moreno, Luis Javier Torres González, Rafael Segovia López, José Rentería Morales, Quintín Diego Rogelio, Javier Hurtado Gómez, Alejandro Navarrete Gutiérrez, Edmundo Ledesma García, María Reina Osorio, Leonor Villa Ortuño y Salomón Pineda Villa.
Este último es el hermano menor de Alberto –enlace de los hermanos Beltrán–, quien hasta antes de su detención no contaba con antecedentes en ninguna averiguación previa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Sin embargo, Salomón Pineda Villa fue presentado por los agentes de la PFP como si se tratara de Alberto, es decir, El Borrado.
Después del cateo, que se efectuó sin orden judicial, la casa fue prácticamente vaciada por los agentes de la PFP: sacaron mesas de madera, platos, licuadoras y refrigeradores, así como enseres domésticos que los miembros del grupo Indio almacenaron en la casa que habían rentado para espiar a la familia del capo, la cual fue habilitada como bodega.
Durante y después del operativo, los policías federales incurrieron en excesos. Maltrataron a los detenidos, quienes fueron trasladados, sin excepción, al Centro de Mando de la PFP donde a las señoras de avanzada edad les recogieron sus agujas de tejer y se les sembró un imponente rifle de asalto AR-15. Hicieron lo mismo con los otros detenidos.
Posteriormente, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS /163/2009 y altos funcionarios de esa dependencia, entre ellos la entonces subprocuradora Marisela Morales, giraron instrucciones a todos los fiscales especializados en delitos contra la salud para que fortalecieran la indagatoria. De esa manera, los padres del Borrado y su hermano Salomón Pineda fueron acusados de fungir como operadores de la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, pero todos fueron saliendo libres poco a poco.
El último de ellos, Salomón Pineda Villa, quien estaba recluido en Tamaulipas, salió el año pasado.
A finales del 2013 la Policía Federal detuvo en un retén a la señora Leonor Villa Ortuño y a su chofer, Carlos Cerezo. Ella confesó que su yerno recibe dos millones de pesos mensuales por parte de “Los Guerreros Unidos” a cambio de que su policía les brinde protección.
Sin embargo, su declaración no fue suficiente para que la PGR considerara a José Luis Abarca un “narcoalcalde”, y supuestamente se encuentran recabando más datos para iniciarle una averiguación previa y que sea el primer alcalde de Guerrero en ser detenido por protección al narcotráfico.
Siempre y cuando, el procurador general de la República, el priísta Jesús Murillo Karam, así lo ordene. 

Fuente:  http://www.launion.com.mx/opinion/estrategias/3001-contacto-en-iguala.html

El ejército mexicano al puro estilo de García Luna.

 Catorce de las 22 personas abatidas por efectivos del Ejército Mexicano en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, estado de México, fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.

‘‘Para que un impacto de bala de ese calibre (de fusiles M-1) deje un boquete en la pared luego de atravesar un cuerpo, se necesita que se dispare a menos de 30 centímetros de la víctima’’, afirmó el criminólogo José Luis Mejía Contreras al analizar el material fotográfico de la escena del crimen, mismo que fue entregado de manera anónima a la agencia de noticias MVT.

La escena donde supuestamente las 22 personas perdieron la vida durante un enfrentamiento con los militares, el pasado 30 de junio, ‘‘fue totalmente manipulada; hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias.

‘‘Si la confrontación fue entre entre quienes estaban dentro y los militares fuera de la bodega, había una distancia de entre 20 y 30 metros entre unos y otros, por lo que cualquier disparo de los militares se tuvo que alojar en el cadáver, ya que ningún arma es capaz de atravesar un cuerpo y luego impactar en la pared y dejar un boquete.’’

Las imágenes entregadas a la agencia de noticias MVT corresponden a momentos en los cuales los cuerpos y las armas que supuestamente se utilizaron para agredir a los militares no habían sido levantados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), y en ningún momento los peritos colocaron letreros que indicaran la existencia de casquillos de cartuchos percutidos por las víctimas.

Ninguno de los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento, que según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) duró tres horas, tiene disparos en la cabeza; todos los impactos se registraron a la altura del pecho y el abdomen.

En el caso de las 14 personas que fueron llevadas hacia las paredes de la bodega, el crimonólogo precisó que fueron colocados de pie, y en las fotografías se observa que en cada caso se percutieron dos disparos a una altura de entre 1.20 y 1.40 metros.

‘‘Uno de los datos periciales más reveladores es que las víctimas presentan, todas, manchas de lodo en las rodillas, y otras más en el pecho, y luego aparecen los cadáveres tirados sobre piedras en un terreno totalmente seco.

‘‘A esas personas las sometieron, permanecieron más de media hora hincadas, algunas más pecho a tierra; luego quizá los pusieron de pie y entonces les dispararon a menos de 30 centímetros de distancia, lo que provocó que los cuerpos fueran atravesados y las ojivas impactaran contra las paredes, dejando un gran hueco’’, detalló Mejía Contreras en el análisis realizado a petición de la agencia MVT.

Señaló que nadie muere en un enfrentamiento con las piernas cruzadas, porque la dinámica de movimiento que se presenta cuando alguien cae abatido en un intercambio de disparos registra el llamado ‘‘trompo’’, es decir, el cuerpo gira hacia el lado contrario del que recibió el impacto de bala.

‘‘En la escena que observamos a partir de las fotografías y la manera en que fueron fijados los cadáveres, más de cinco cuerpos cayeron totalmente de espaldas, uno más de frente, pero ninguno observa el giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre a más de 20 metros de distancia, lo que evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible’’.

En cuanto al sitio donde fueron abatidos los presuntos delincuentes, es una bodega recién construida, el piso es de tierra y tiene materiales como grava y arena en todo el terreno. No tiene puertas, para evitar que alguien observe hacia el interior; solamente cuenta con dos accesorias sin cortinas.

Había tres camionetas en el interior, marcas Ford, Honda y Chevrolet Cheyenne. A pesar de que supuestamente fueron utilizadas para disparar contra los militares y resguardarse de los tiros de éstos, las unidades no presentan daños graves. Incluso tres de los cuerpos fueron colocados por delante de las puertas abiertas de los vehículos, como si en lugar de protegerse trataran de impedir que las balas perforaran la carrocería.

Sobre el supuesto sitio para mantener a personas privadas de su libertad, consideró que nadie tiene secuestrada a una persona en esas condiciones.

José Luis Mejía Contreras señaló que ni siquiera existe una lógica en el tipo de armamento que ‘‘plantaron’’ a los cadáveres, pues mientras las armas son negras, los cargadores son grises, ‘‘y esos sólo los utilizan los militares’’.

En muchos casos las armas aparecen colocadas perfectamente alineadas con los cadáveres, aparentemente sostenidas, o hasta los cargadores extras que supuestamente usarían las víctimas estaban en paralelo con los rifles.

Fuente: La Jornada.

Revisaremos niños bomba, cada que se nos pegue nuestra puta gana. ¿Y?.

El comisionado nacional de Seguridad sostiene que el cacheo de infantes, que ocasionó manifestaciones de indignación en redes sociales, no viola derechos humanos.


A pesar de indignación que causó en redes sociales, continuará la revisión de niños en actos públicos a los que asista el Presidente.

Esa revisión no violentó los derechos humanos de los asistentes a la ceremonia del Grito y el mecanismo se volverá a utilizar cuantas veces sea necesario, afirmó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

No precisó de dónde provino la orden del cacheo a niños, pero subrayó que fue parte de una estrategia general.

Señaló que la mayoría de las revisiones (en el perímetro de la Plaza de la Constitución) fueron hechas por policías mujeres y negó que haya habido actitudes ilegales o agresivas”.

Dijo que hasta el momento no hay ninguna inadagatoria en la Comisión Nacional de Seguridad respecto a alguna posible irregularidad derivada de los hechos.

Las revisiones que se efectuaron fueron las indicadas a lo que se había establecido en los procedimientos y fueron total y absolutamente comedidas. En ninguna de las fotografías que se han difundido se observa una actitud hostil o intromisiva de las policías, porque fueron prioritariamente mujeres las que hicieron la revisión, le dijo el funcionario a la reportera Fabiola Martínez, en entrevista.

Subrayó que el fin de la vigilancia era que la principal ceremonia cívica del año transcurriera en calma, como finalmente sucedió. No había amenazas, añadió, pero sí estaba claro qué sustancias y objetos no podían ingresar.

Señaló que hay experiencia internacional en el sentido de que los niños pueden ser utilizados para introducir objetos violentos indebidos, incluso bebidas alcohólicas.

El Presidente de México, Barack Obama, exige al Títere que investigue la masacre en Tlatlaya.

 El gobierno de Barack Obama pidió de manera enfática al de Enrique Peña Nieto que autoridades civiles no militares investiguen exhaustivamente el incidente ocurrido en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 junio en el que elementos del Ejército mexicano fusilaron presumiblemente a 21 civiles.

“Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, planteó Jeff Ratkhe, portavoz del Departamento de Estado.

Luego de que la agencia AP y la revista Esquire Latinoamérica tumbaron la versión oficial al presentar evidencias contundentes sobre una probable ejecución extrajudicial, la administración de Obama se sintió obligada a intervenir indirectamente sobre el asunto.

“Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”, advirtió el vocero del Departamento de Estado.

El gobierno de Obama está legal y técnicamente obligado a que se realice una investigación del caso de Tlatlaya, debido a su papel de proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa Mérida.

Por ello Obama está obligado a establecer ante el Congreso federal estadunidense que toda asistencia que proporciona al gobierno mexicano para combatir al crimen organizado no se involucra en actos de violación a los derechos humanos, sobre todo los cometidos por el Ejército o la Marina mexicanos.

“Desde junio venimos siguiendo este caso, y hemos alentado al gobierno de México a que lo investigue, pero también tenemos entendido que varias entidades mexicanas lo están haciendo”, subrayó Rathke.

A los pocos días de ocurrida la matanza de Tlatlaya, registrada a un kilómetro del poblado San Pedro Limón, la agencia de noticias estadunidense Associated Press (AP) fue la primera en reportar que, de acuerdo con testimonios de pobladores, los soldados mexicanos no mataron a las 22 personas en un enfrentamiento a tiros.

El despacho de la AP apuntaba a que los soldados mexicanos habían detenido a un grupo de jóvenes y que los metieron a una bodega, donde después fusilaron a los presuntos delincuentes.

Esta semana la revista estadunidense Esquire, en su edición para México y Latinoamérica, abonó sobre el asunto con una entrevista a una joven que sobrevivió a lo acontecido en la bodega de la población de San Pedro Limón.

La joven sobreviviente, a quien Esquire protegió no revelando su identidad, narró que los soldados únicamente mataron a un joven durante el enfrentamiento, pero después los presuntos delincuentes se rindieron.

La sobreviviente destacó que, pese a la rendición de los jóvenes, éstos fueron desarmados y llevados a la bodega, y que incluso, antes, los militares habían ejecutado a una joven menor de edad con disparos en el pecho.

En la bodega, la joven aseguró a la revista estadunidense que los soldados fusilaron sin piedad a 21 jóvenes, y que las muertes no ocurrieron en una refriega, como sostienen el gobierno y Ejército mexicanos.

“Como socios de México estamos comprometidos en la lucha contra el crimen transnacional organizado, y claro que para nosotros está vigente el marco de la Iniciativa Mérida, la cual tiene respaldo bipartidario en el Congreso; es por ello mantenemos un diálogo de alto nivel con México”, remató el portavoz del Departamento de Estado.

HRW, la peor masacre

El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo este viernes 19 de septiembre que si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó a 21 muertos más, “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México“.

“Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México”, dijo Vivanco a The Associated Press.

La víspera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que investiga las circunstancias del enfrentamiento entre el Ejército y presuntos narcotraficantes en junio pasado, a pesar de que en un principio hizo caso omiso con el argumento de que eso correspondía a las autoridades federales.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez que el gobierno estadunidense de Barack Obama instara al presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación civil para esclarecer el fusilamiento de una veintena de presuntos secuestradores a manos de militares, la Sedena y la PGR se dijeron dispuestas a atender el llamado para indagar el hecho.

En comunicados aparte, emitidos casi de forma simultánea, ambas dependencias aseguraron conducirse “con pleno respeto a los derechos de las personas”, así como alcanzar “una indagatoria completa y profunda para llegar a la verdad” de lo ocurrido el lunes 30 de junio en la comunidad de Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró que la muerte de 22 jóvenes se registró luego de que personal militar repelió una agresión armada.

“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”, acotó la Sedena.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se mantiene abierta una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles.

“La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, detalló la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.

“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”, asumió la PGR.

Ni perdón ni olvido. Mensaje de Mario González, preso político de Mancera.

Ni perdón ni olvido


Es normal que esta consigna sea gritada por muchas personas cada 2 de octubre; un mensaje que no pasa desapercibido, ya que niñ@s, adolescentes, jóvenes y adult@s salen a las calles cada año a expresar su indignación y rabia ante un aberrante pasado e infame presente.


La mayoría de la gente tiene una noción de lo que pasó el 2 de octubre del 68 en la plaza de las 3 culturas, Tlatelolco, D.F.


Toda la furia a causa de un genocidio se deja sentir, retumbando hasta el centro del planeta. La policía invade la ciudad para contener esa furia, el ambiente sube de intensidad, el desprecio y el odio a la autoridad se expresa sin poderse contener; todo es tenso pero satisfactorio porque el/la oprimid@ encuentra su lugar, donde se acompañan personas que comparten un sentir y una necesidad de pasar a la ofensiva contra un sistema que l@s explota.


La gente ataca a la autoridad por todos los medios a su alcance, se atreve a vencer sus miedos, a sentir su corazón palpitar a un ritmo acelerado; el/la oprimi@ se siente más vivo que nunca, ese día es un lindo poema, una bella obra de arte, la cual no tod@s tienen la sensibilidad para apreciar y valorar; y quien no lo hace no tiene la mínima idea de lo que son la poesía y el arte. Un instante, una situación improvisada que encuentra su apogeo al perderse entre el tiempo y el espacio por ser única e irrepetible.


“El aliento del placer tira los muros de las obligaciones”, la autoridad corre, el/la indignad@ decide optar por la valentía. El fuego aparece como invitado de honor, el/la encapuchad@ se deja ver y ejercita su astucia, valor, decisión, fuerza, habilidad, destreza, coraje e inteligencia. Se levantan esas hermosas protectoras del dign@ oprimid@: las barricadas, ese refugio al que acude un natural hartazgo.


La gente se solidariza como nunca, el arte de la guerra se alebresta ante nuestros ojos. Y al terminar el día la rebeldía se esconde, hay herid@s, pres@s y hasta muert@s.


La danza y el teatro de la revuelta cierran su telón hasta su próximo acto. L@s secuestrad@s se vuelven pres@s en las cárceles de la autoridad por infringir sus leyes; pasan ahí días, meses y hasta años, así pagan el precio de su atrevimiento, los estragos de la guerra matan en vida a las víctimas que caen en sus garras.


46 años de un genocidio, un año de encierro para l@s indignad@s, nada puede ser más normal, no hay de qué preocuparse. Porque o eres víctima de un sistema carcelario o de una realidad cruel en pseudolibertad.


De paso, en medio del vals no estaría mal recordar a l@s pres@s y exigir su libertad, como una sintonía adecuada en medio de la obra maestra revolucionaria e insurreccional. Y si se logra tal objetivo, que mejor, es ser coherentes en el combate contra las injusticias a las que la humanidad no es indiferente ni ajena.


Libertad a tod@s l@s pres@s, víctimas de esta infame tiranía


Salud y revolución social


Mario

Si por cada preso o fraude hubiese movilizaciones, la burguesía pensaría su actuación.

1. Mario Luna Romero, autoridad y vocero de la tribu yaqui, una de las figuras más visibles del rechazo al acueducto Independencia, obra impugnada desde su licitación en Sonora, fue detenido, el 11 de septiembre. No duda en responsabilizar al gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres, de lo que pueda sucederle a él y a su familia. Responsabilizo al Estado mexicano en su conjunto por lo que pueda pasarle a cualquier miembro de la tribu yaqui y a la integridad territorial del mismo pueblo, ya que el Estado con sus omisiones a las leyes nacionales e internacionales está poniendo en riesgo la supervivencia de este pueblo milenario que lucha por no morir.

2. Mientras se anuncia una danza de miles de millones de pesos para callar las protestas de los habitantes (de la ribera) del río Sonora –declara el presi político Luna- a los voceros de la tribu yaqui nos persiguen y encarcelan para no cumplir con las resoluciones judiciales que ordenan detener la operación del acueducto Independencia. Son ya muchos presos que la burguesía lleva a la cárcel con la única consigna de ser oposición. El caso más sonado de los últimos meses es el del doctor Manuel Mireles de las autodefensas de Michoacán mandado a prisión por no obedecer órdenes de gobierno. Sin embargo zapatistas y lópezobradoristas han sido encarcelados.

4. Lo terrible es que mientras la burguesía gobernante actúa con violencia y crueldad contra los que protestan y se oponen a sus órdenes, la izquierda y la socialdemocracia llora en sus peticiones de “libertad” -sin movilizarse- para ver si la burguesía atiende a sus súplicas. La burguesía, su aparato jurídico y los medios de información imponen acusaciones acostumbradas: robo, resistencia y mil cosas más haciendo que los tontos de la centroizquierda se dediquen a desmentirlas sin mencionar que es un problema de clases sociales y de lucha de clases. ¿A quién más puede perseguir, encarcelar y asesinar la burguesía gobernante y empresarial que a sus enemigos los trabajadores, sean indígenas, campesinos, obreros o ciudadanos?

5. Así que Mario Luna y otros 100 opositores que están en las cárceles por rebelarse, no saldrán de ellas sino que hasta que los gobiernos digan –cuando les dé la gana- que ya es suficiente el castigo. Las “defensas jurídicas”, así como las leyes constitucionales, siempre serán paparruchadas mientras no se cuente con la fuerza de masas y éstas sólo se movilizan cuando sus dirigentes las enseñan a salir a la calle a protestar. ¿No está probado acaso –durante muchas décadas de experiencias- que la fuerza es la que define todas las cosas en política? Los empresarios ya no necesitan hacer paros o huelgas para hacer caer un impuesto o imponer una política, les basta con una seña para paralizar al gobierno.

6. No puedo olvidar a DemetrioVallejo, el histórico líder ferrocarrilero que encabezó grandes huelgas nacionales, junto a Valentín Campa, que de 1959 a 1971sufrieron encerrados sin que nadie hiciera nada serio para arrancarlos de allí. Tampoco puedo olvidar a mi amigo Nacho del Valle –defensor de tierras campesinas en Atenco -que continúa en pie de lucha encabezando a los “macheteros” y brindando solidaridad en todas las batallas- que tuvo que sortear años de prisión sin que nada serio se haga por su libertad por la existencia de un terrible sectarismo, oportunismo y pacifismo en lo que se ha conocido como izquierda en México.

7. ¿Para qué sirve publicar declaraciones y desplegados pidiendo libertad en la prensa, recoger millones de firmas (hoy muy de moda) si la clase gobernante sabe que sólo es papel para el excusado? No me olvido del trabajo de decenas de abogados defensores de presos políticos: Gómez Gutiérrez, Andrade, Ortega Arenas, Fernández del Real, Adán Nieto y otros que en los 60 entregaron energía y paciencia; pero tampoco olvidaré a mi amigo Julio Macosay que siempre me dijo que sin movimiento de masas no se gana ningún movimiento ni sale un preso. A cualquiera que lo iba a ver le preguntaba que si tenía posibilidad de movilizarse porque las leyes y chicanadas eran de abogados burgueses.

8. Puta, López Obrador hará una movilización entre mes y medio para protestar por la privatización petrolera. Inmediatamente la burguesía se puso a temblar de miedo después de las que no se realizaron contra el fraude de la elección presidencial. Debe estar preocupado Peña Nieto por esa movilización del 26 de octubre que podría ser en noviembre, diciembre o el próximo año electoral. Por otro lado debe estar preocupado Peña por si acaso surgiera un llamado del Marcos del EZLN que pudiera pedir a las bases zapatistas a marchar por la liberación de Mario Luna y otros. Pero no es fácil movilizar a la gente, porque tendría que ser una política encaminada a ello.

9. Pero posiblemente tenga razón AMLO y Marcos al pensar que las movilizaciones ya no funcionan al demostrarnos la Coordinadora (CNTE) que ha hecho todos los días durante años y meses, plantones, bloqueos, tomas de edificios, marchas y el gobierno –con sus funestas mesas de negociación en Gobernación que sólo sirven para aplazar la represión- ha seguido imponiendo sus planes privatizadores. ¿Qué queda entonces por hacer si la vía guerrillera y las movilizaciones de masas “no funcionan”? Pues sólo el camino electoral, pacífico, que garantiza por 100 años más el dominio de la gran burguesía burocrática y empresarial. Sigamos pensando y activando para no morir de rabia o tristeza.

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

Testigo revela ejecuciones en el Estado de México.

Una testigo dice a Esquire que el ejército ejecutó a 21 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México.
Por Pablo Ferri Tórtola para Esquire México | Fecha: 17/09/14

Interior de la Bodega.

El pasado 30 de junio elementos del ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes —21 hombres y una mujer menor de edad— en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”. Ahora, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas —25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación— y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que no estaba secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena.

El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven era Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.

Cuando le hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según Julia; luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla.

El certificado de defunción de Erika, al que Esquire tuvo acceso y del que posee una fotografía, indica que el motivo de la muerte fue “un impacto de bala en la cavidad torácica”. Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire que la bala perforó el corazón y un pulmón de Erika y que fue “un tiro de gracia”. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad donde se ve que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego en el tórax.

El director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos ocurridos en Tlatlaya y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.

El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadounidense The Associated Press planteó dudas sobre que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento con el ejército y señaló que la fachada de la bodega solo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “Tampoco había señales de un tiroteo continúo dentro del edificio, (se veían) pocas marcas de bala y ningún casquillo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos rodeados por una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.

El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado en el que afirmaba lo siguiente: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”. La PGJEM reveló además que había practicado una prueba de balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Consultado por Esquire sobre la versión de la testigo, el departamento de prensa de la PGJEM informó que la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación “a los pocos días del suceso” y que por ello no pueden realizar declaraciones al respecto.

El departamento de prensa de la PGR dijo a Esquire que esta es una investigación que está abierta y en la que se continúa obteniendo información, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencia de lo que se señala. La Sedena no ha contestado a las múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos por parte de Esquire.

***

Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32,181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134. Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bacheada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son seis horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala, también en Guerrero, apenas cuenta con 120,000 habitantes.

 

Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cartel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias el Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.

En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia —San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa— el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de estos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan. En abril un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.

En abril del año pasado las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.

***

Declaraciones de vecinos de la zona recogidas por Esquire y aparecidas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega. Julia —que fue liberada por las autoridades tras interrogarla— dice que llegó allí el 29 de junio a eso de las diez de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire la razón de que acudiera a aquel sitio; sin embargo, difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había dos carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Fuera llovía. Juliapiensa que quizá se refugiaron allí del agua.

Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con “un pantalón negro y una sudaderita negrita”. Como “a las tres de la mañana”, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. Los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches. En una de las ráfagas murió el primer muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados del SEMEFO del Estado de México que dicen que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.

La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constata que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “no nos maten, no nos maten, estamos secuestradas”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros.

La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos treinta minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo —como a las 7:00 de la mañana, dice Julia— mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia.

Julia dice que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la PGJEM en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que la PGR atrajera la investigación. La testigo afirma que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, la PGJEM y la SEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes. Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los tres primeros días no le dieron de comer y que, incluso, mientras estaba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega.

Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra. Otros aún aguardaban en el SEMEFO de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos.

Fotos: Nathalie Iriarte para Esquire México
Fuente: http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/17/esxclusiva-esquire-Testigo-revela-ejecuciones-ejercito/

9 cárteles; controlan 43 células: PGR.

 

 

La Procuraduría General de la República (PGR) admitió que en el país operan nueve cárteles de la droga y que siete de ellos  controlan 43 células criminales o pandillas.

Las nueve organizaciones criminales, cuya existencia reconoce la Procuraduría, son los cárteles del Pacífico, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, el cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

 En una solicitud de información pública, la dependencia reconoció que el cártel del Golfo es el que más ramificaciones tiene, con 12.

Los Zetas cuentan con nueve escisiones criminales, mientras el del Pacífico posee ocho pandillas vinculadas con el cártel, y la organización de los Beltrán Leyva, seis.

Las organizaciones operan en 23 estados, siendo Guerrero la entidad con más presencia de cárteles, con cuatro, seguido de Baja California y Chihuahua, con tres cada uno.

Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación son los dos únicos cárteles que no tienen pandillas vinculadas con su organización.

Además son los grupos delictivos que tienen más presencia  en diferentes estados, con nueve cada uno.



CÁRTELES OPERAN CON 43 CÉLULAS DELICTIVAS
La Procuraduría General de la República (PGR) afirma que en México operan nueve cárteles de la droga que se conforman en 43 células criminales.

Las nueve organizaciones criminales cuya existencia reconoce la Procuraduría son el cártel del Pacífico, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, el cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sólo en dos organizaciones la PGR no reconoce ramificación de células delictivas.

Las organizaciones del crimen están presentes en 23 entidades. Guerrero es la entidad con más presencia de cárteles —con cuatro—. Sigue en la lista Baja California y Chihuahua, con tres agrupaciones cada uno.

La PGR, en una respuesta vía transparencia, identifica que el cártel del Pacífico tiene ocho subgrupos: Gente Nueva (Chihuahua y Sinaloa), Los Cabrera (Durango y Chihuahua), La Barredora (Guerrero), identifica una célula criminal con el nombre del Cártel del Poniente (con actividad en Durango y Coahuila), un grupo ubicado como El Aquiles (BC), otro como El Tigre (BC), Los Artistas Asesinos o AA y Los Mexicles (Chihuahua).

En la organización de los Arellano Félix operan tres grupos criminales: Los Chan, El Jorquera y El Kieto, con arraigo en el estado de Baja California.

La PGR reconoce la actividad de dos células con ligas con el cártel de La Familia Michoacana en al menos cuatro estados de la República: Guerreros Unidos y/o La Nueva Empresa, con operaciones en Morelos, Guerrero y Estado de México y al que la Procuraduría ubica como un grupo desertor, y La Empresa, con influencia en Edomex y Morelos.

Los Carrillo Fuentes cuentan con dos subgrupos: La Línea y Los Aztecas, ambos ejercen su actividad criminal en Chihuahua.

En la organización de los Beltrán Leyva hay siete grupos: Los Mazatlecos (Sinaloa y Baja California Sur), un grupo que opera en Sonora conocido como El 2000 —también identificado como El Panchillo o El Panchillo Huevos—, Los Granados (oriundos de la región de Tierra Caliente de Guerrero), Los Rojos (que operan en la región norte y centro de Guerrero y Morelos), La Oficina (Aguascalientes y Baja California Sur), Los Ardillos (cuya actividad criminal se desarrolla en La Montaña y el centro de Guerrero) y la escisión identificada como el Cártel Independiente de Acapulco o CIDA, con presencia en Guerrero.

Por parte de Los Zetas —de influencia marcada en Tamaulipas—, la PGR identifica nuevas escisiones: Sangre Zeta (Coahuila y Nuevo León), Grupo Operativo Zetas (El Mante, Soto La Marina y Victoria, en Tamaulipas), Comando Zetas (Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz y Ciudad Mier, en Tamaulipas), El Círculo y El Extranjero (este grupo opera en Jiménez, Victoria, Ciudad Madero y Abasolo, en Tamaulipas), Unidad Zetas (Nuevo Laredo), Néctar Lima (Nuevo Laredo), Grupo Delta Zeta (Valle Hermoso, Tamaulipas), Los Negros (Irapuato, Guanajuato) y Fuerzas Especiales, con operación en Cárdenas, Huimanguillo y Centro, Tabasco; Cancún, Quintana Roo, y partes no detalladas de Tamaulipas.

La organización que más células delictivas tiene es el cártel del Golfo, con 12 grupos criminales, principalmente en Tamaulipas: Metros (Reynosa), Rojos (Matamoros), Grupo Lacoste, Grupo Dragones (Tampico), Grupo Bravo (Aldama), Grupo Pumas (El Mante), Grupo de Apoyo Ceros o M3 (Reynosa), Los Fresitas, Los Sierra, Los Pantera y Los Ciclones (que operan en partes no identificadas de Tamaulipas), así como Los Pelones, que la PGR ubica como punto de operación en Cancún, Quintana Roo.

La PGR no identifica células criminales o pandillas vinculadas con Los Caballeros Templarios, pero tiene reportes de su presencia en Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Jalisco, Colima, Querétaro y Baja California.

En Cártel Jalisco Nueva Generación opera en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y DF y tampoco se le reconocen vínculos con células delictivas.

Los Zetas quieren es establecer un “Estado paralelo” en México.

Como nunca en la historia reciente del país, la contienda electoral que arrancó formalmente el viernes 30 de marzo estará permeada no sólo por la tensión política, sino por el activismo inédito de los grupos criminales. 

 

Dos prestigiados académicos estadunidenses, George W. Grayson y Samuel Logan, advierten –en El verdugo de hombres, libro de publicación inminente- acerca del fracaso de la guerra calderonista contra el narcotráfico y alertan sobre el actual propósito del más violento de esos grupos, Los Zetas: establecer un “gobierno paralelo” en México, lo que de hecho ya lograron en varias regiones. Por Jesús Esquivel.

 

WASHINGTON (proceso).- Los sanguinarios métodos de operación del cártel de Los Zetas reflejan el fracaso de la lucha militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico y amenazan al estado de derecho en México. “No tiene precedentes ni forma ni razón el reguero de sangre que hay en México, pero afecta directamente el panorama político”, sostienen los analistas estadunidenses George W. Grayson y Samuel Logan en su libro El verdugo de hombres, que saldrá a la venta en Estados Unidos en los próximos días bajo el sello editorial Transaction Publishers, cuando en México estén en pleno desarrollo las campañas electorales más profusas de los últimos tiempos. La obra es resultado de una amplia y minuciosa investigación sobre el origen y comportamiento de la organización criminal mexicana más violenta y peligrosa en la historia del trasiego de drogas, personas y armas en México y otros países. 

 

Según los académicos Grayson y Logan, ni “Los Zetas ni ningún otro cártel desean el fracaso del estado de derecho en México. Al contrario, están ansiosos de llevar a cabo sus actividades con total impunidad; esto es, establecer un gobierno paralelo junto con rutas clave para el trasiego de drogas”. Es más: los autores afirman que “dicha soberanía compartida ya existe en regiones como Tierra Caliente y el Triángulo Dorado (conformado por Chihuahua, Sinaloa y Durango), en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como en sectores del norte del país como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo”. A Los Zetas les atribuyen gran parte de los secuestros y otros delitos que ocurren en los territorios donde operan, así como actividades de lavado de dinero. Hoy, subrayan, los sicarios y dirigentes de ese cártel son los más temidos del hemisferio. “Es difícil persuadir a cualquier persona en México, Estados Unidos o Centroamérica para que hable sobre Los Zetas de manera abierta y franca”. En 257 páginas Grayson y Logan no sólo indagan sobre la “zetanización de México”; también hacen un balance de la estrategia de Calderón para combatir a ese grupo y a sus organizaciones rivales: los cárteles del Golfo, de Sinaloa, Los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, e incluso rastrean su expansión a otros países, incluido Estados Unidos. Los académicos ubican 1999 como el año en que se conformó ese grupo como brazo armado de Cártel del Golfo, liderado entonces por Osiel Cárdenas Guillén. Temeroso y desconfiado, el capo contrató a Arturo Guzmán Decena (Z-1), un exmilitar mexicano de élite, para crear un escuadrón de sicarios que garantizara su seguridad personal y eliminar o neutralizar a sus enemigos en Tamaulipas. En El verdugo de hombres, Grayson, quien imparte la materia de gobierno en la Universidad de William and Mary, en el estado de Virginia, y Logan, un investigador especializado en temas de seguridad y crimen organizado, ofrecen un panorama aterrador del ambiente de inseguridad que priva en México. Ambos observan que la violencia generada por el trasiego de las drogas se exacerbó a raíz de la guerra militarizada que desató Calderón contra los grupos del narcotráfico, y también por la disputa entre las bandas criminales por el dominio de rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

 

LOS REACOMODOS 

Para su investigación, Grayson y Logan consultaron reportajes publicados en medios de comunicación mexicanos, incluido Proceso, estadunidenses y centroamericanos, así como análisis gubernamentales y expedientes de testigos protegidos, para conocer la pirámide de poder del cártel y los nombres de sus dirigentes. Según la edición que Transaction Publishers adelantó a Proceso, tras la muerte del Z-1 el 21 de noviembre de 2002, la dirigencia se concentró en Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Verdugo, y Miguel Ángel Treviño Morales, El 40. Luego vienen 16 integrantes más, algunos identificados sólo por sus apodos. Ellos son los jefes de plaza. La región norte, concentrada en Monterrey y Saltillo, es controlada por Francisco El Quemado Medina Mejía y Omar Treviño Morales, El 42, hermano de El 40. Piedras Negras y Nogales son custodiados por Raúl El Lucky Hernández Lechuga. La región del noroeste, en Tamaulipas, es territorio de Salvador Alfonso Martínez Escobar, La Ardilla; de Jorge López, El Chuta; de Gustavo González Castro, El Erótico, y de Alberto José González Xalate, El Paisa. En Durango el lugarteniente de El Lazca y El 40 es José Luis Sarabia, El Pepito 1; en Zacatecas el líder zeta es Iván Velázquez Caballos, El Talibán; en San Luis Potosí, una persona identificada como Alemán; en el Estado de México, Emilio Chamorro Almazán, El TJ o El Tejón”; en Guerrero, Víctor Nazario Castrejón Pena; en Chiapas, El Comandante Lobo, y en Guatemala El Z-200 y Carlos Guízar. Dicen Grayson y Logan: Los continuos cambios en la estructura original de la organización sobre la asignación de operaciones impiden a las autoridades “identificar a los criminales que están a cargo de una plaza, ciudad o estado, lo que complica los planes para rastrear, emboscar y capturar a jefes de medio pelo”. En México, la ola de crímenes que se asocian o atribuyen a Los Zetas no necesariamente los cometen sus sicarios. Muchos corren a cargo de simples delincuentes que se hacen pasar por integrantes de ese cártel para infundir miedo a la población. “Algunos zetas que son jefes de plaza dejan en paz a las familias después de que cooperan o pagan el monto del rescate o de la extorsión que han exigido por la libertad de secuestrados. En contraste, los zetas falsos repiten la extorsión contra la familia o negocio afectado”, escriben los autores. Y acotan a renglón seguido: “Los Zetas genuinos llevan a cabo venganzas muy rápidas contra sus imitadores”. La presunta alianza entre los cárteles del Golfo, Sinaloa y La Familia Michoacana para eliminar a Los Zetas, que desde 2010 se transformó en organismo independiente, es tema recurrente a lo largo de los 12 capítulos de El verdugo de hombres. “Los Zetas es el único cártel del narcotráfico mexicano que tiene un importante componente femenino: Las Panteras, cuya estructura se concentra en el estado de Nuevo León, aunque tienen representación en otras áreas del país. “Las Panteras son mujeres habilidosas que se encargan de negociar los acuerdos con los policías, políticos y oficiales militares u otros que pueden apoyar a Los Zetas en sus objetivos. Si no resulta el acuerdo, una pantera puede matar a su interlocutor”, indican Grayson y Logan. Dicen también que como toda organización criminal, Los Zetas tienen personal dedicado al manejo del dinero que les deja la diversidad de sus actividades criminales, en particular el trasiego y venta de droga en Estados Unidos. “El encargado de las finanzas de Los Zetas es El Comandante Sol, de quien se desconoce su verdadera identidad. Él es quien maneja los fondos de Los Zetas y se reporta directamente con El 40 y con su hermano Omar”, acota el libro. 

 

 PROYECCIÓN HEMISFÉRICA

 La organización del Lazca y El 40 se distingue también por su apoyo irrestricto a quienes se muestran identificados con ellos, pues nunca abandonan a su compañeros caídos. Los familiares de zetas asesinados o encarcelados reciben mil dólares cada dos semanas, señalan Grayson y Logan. Por lo que respecta a los desertores, añaden, los sicarios los persiguen hasta aniquilarlos, al tiempo que hostigan a sus familiares. Para ingresar a las filas de Los Zetas, los aspirantes son sometidos a rigurosos entrenamientos en centros que incluso El Verdugo y El 40 han instalado en Estados Unidos. “Presuntamente Los Zetas dirigen cursos de adiestramiento que usualmente duran seis meses. Los entrenamientos se llevan realizan en campos ubicados al suroeste de Matamoros, frente a la ciudad fronteriza de Brownsville; al norte del aeropuerto de Nuevo Laredo, cerca de Abasolo, entre Matamoros y Ciudad Victoria; y en el rancho Las Amarillas, en las orillas del pueblo de China, cerca de la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas”, destaca el libro. También consigna que “el FBI reportó que una célula de Los Zetas tenía un rancho en un condado aislado en el estado de Texas donde entrenaban a su personal y neutralizaban a la competencia (por medio del asesinato y tortura)”. Entre los “instructores” se encuentran Luis Alberto, Z-5, y el teniente Carlos Hau Castañeda, según el relato de un testigo protegido que se incluye en el libro de Grayson y Logan. Dos de esos centros de adiestramiento zetas ubicados en Tamaulipas tienen incluso pistas de aterrizaje, anotan los autores de El verdugo de hombres, y explican que los ingresos por actividades ilícitas son divididos porcentualmente. Analistas que hablaron off the record para la integración del trabajo Grayson y Logan indican que el tráfico de cocaína constituye 50% de los ingresos de Los Zetas, 10-15% el tráfico de metanfetaminas y heroína, otro tanto por las extorsiones, 5% por el tráfico de indocumentados, contrabando, y entre 10-15% por otras actividades. Los dos investigadores dedican un importante espacio de su obra a destacar la presencia y dominio de Los Zetas en Honduras, El Salvador y Guatemala. Revelan también una alianza trasatlántica de El Verdugo y El 40, según los reportes de diversos medios de comunicación de México y América Central. “Nicola Gratteri, el jefe de las operaciones antinarcóticos del gobierno de Italia, sostiene que en los últimos dos años Los Zetas han colaborado con la mafia de Calabria, con la ‘N’drangheta’. “Esta relación se estableció en razón del bajo costo de la cocaína que ofrecen Los Zetas y el Cártel del Golfo a los consumidores de Italia. Los narcotraficantes mexicanos venden el kilo a 25 mil dólares y los italianos la venden a sus clientes europeos a 45 mil dólares el kilo”, casi al doble, explica el libro. Las operaciones de tráfico de droga y de inmigrantes, secuestros y piratería de Los Zetas se sustentan en la compra de funcionarios públicos locales, según se desprende de El verdugo de hombres. Con base en las declaraciones de un testigo protegido, Grayson y Logan afirman que “un presidente municipal que trabaja para La Familia Michoacana y al mismo tiempo pasa información a Los Zetas recibe un salario mensual de unos 15 mil dólares”. También afirman que integrantes de esa organización son especialmente sádicos, y describen sus métodos para levantar, torturar, asesinar y eliminar los cuerpos de sus víctimas. 

 

DENTRO DE EU 

En Estados Unidos, Los Zetas cuentan con una red de colaboradores. Grayson y Logan aluden al proceso judicial de James Bostic, un narcotraficante confeso que compró cocaína a Los Zetas de 2005 al 2 de febrero de 2010 para traficar. En su declaración, Bostic aseguró haber pagado 589 mil dólares a un distribuidor de drogas de Los Zetas en un hotel en White Marsh, Maryland. Desde mediados de 2007 investigadores federales admitieron que los narcos de esa organización tenían actividad en Tennessee y Oklahoma, donde también realizaban secuestros y extorsionaban a los ciudadanos. En Atlanta incluso negociaron con el grupo de Los Tolles para operar en esa ciudad y tener a su disposición las rutas del trasiego de narcóticos que llega a Chicago. Al año siguiente llegaron a Memphis y dominaban los corredores de droga que cruzan Texas, en particular las ciudades de Dallas y Houston. En octubre de 2008 el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un boletín de inteligencia en el cual asentó que el alcance y presencia de Los Zetas se había extendido al suroeste y medioeste de Estados Unidos. Asimismo, dicen Grayson y Logan, por medio de informantes y de un integrante de la pandilla Pistoleros Latinos agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza confirmaron que Los Zetas contrataron a pandilleros locales para que protegieran los cargamentos de droga en territorio estadunidense y perpetraran asesinatos o secuestros. Las conclusiones de Grayson y Logan sobre el problema que representan Los Zetas para México y la región son alarmantes. Y su dictamen en torno a la estrategia militarizada de Calderón para contener al narcotráfico es devastador: “El gobierno de México asesta golpes solamente contra individuos del crimen organizado o grupos pequeños, pero tiende a concentrarse en atrapar a uno por uno de los capos. Esta estrategia hace que aumente la violencia porque los subalternos, quienes son menos habilidosos que sus jefes destronados, buscan remplazar al capo y otros cárteles sacan provecho del grupo decapitado. “(…) Su relación con la organización de los Beltrán Leyva permitió la expansión de Los Zetas en Monterrey y Zacatecas, y posiblemente los relaciona con La Línea –el grupo de sicarios del Cártel de Juárez– que les abrió las puertas de esa ciudad”. Advierten también que, de acuerdo con reportes de inteligencia, La Línea se encarga de las operaciones del debilitado Cártel de Juárez. Ante el posible retiro de Vicente Carrillo Fuentes y el arresto de sus socios, puntualizan, esta despiadada pandilla podría unirse a la causa común de Los Zetas por medio del intercambio de tácticas de apoyo y permitir que tengan acceso al lucrativo corredor de Juárez. “Si se materializa su supuesta alianza con La Línea –insisten–, Los Zetas se beneficiarán de los servicios y experiencia de expolicías en la región Ciudad Juárez-El Paso, en lugar de depender de las labores de criminales neófitos”.

Fuente:

 http://www.sinembargo.mx/01-04-2012/195247

La protección de 'Los Zetas' en Veracruz.

El agente Lawson compareció esa tarde de septiembre ante el juez Sam Sparks, quien le preguntó qué evidencia tenía para sostener sus acusaciones.


El cártel de “Los Zetas” presuntamente pagó para obtener protección política en Veracruz, durante el gobierno de Fidel Herrera, para operar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, lavar dinero, extorsionar y secuestrar con libertad…

Uno de estos indicios está en el  expediente contra Francisco “Pancho” Colorado, sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos, por conspirar para blanquear capitales.

Esta primera emisión de Noticias MVS obtuvo, por medio del Sistema de  Transparencia de Estados Unidos, las versiones estenográficas completas de cuatro testigos protegidos,  quienes describieron, en audiencias por separado, cómo operaba esté cártel y señalaron, precisamente, al dueño de la empresa “ADT Petroservicios”, “Pancho” Colorado, como su principal intermediario.

En uno de esos testimonios se menciona, por su nombre, al ex gobernador Fidel Herrera.

El 26 de septiembre del 2012, durante una audiencia celebrada en la Corte de Distrito Oeste en Austin, Texas, el agente del FBI encargado del caso Colorado, Scott Lawson, dijo lo siguiente:

“Estamos hablando aproximadamente de 2003 o 2004, Francisco Colorado se estableció como un intermediario entre ‘Los Zetas’ y el gobierno de Veracruz. Ese dinero, se pagó al gobierno de Veracruz a través de Cessa, para darles libertad en el trasiego de drogas en el estado de Veracruz y, al mismo tiempo, como una manera de ayudar a Fidel Herrera a financiar su campaña como gobernador”.

Y enfatizó:

“Con base en los interrogatorios de informantes, creo que el gobernador de Veracruz recompensó la intermediación de Cessa con los contratos otorgados por Pemex”.

El agente Lawson compareció esa tarde de septiembre ante el juez Sam Sparks, quien le preguntó qué evidencia tenía para sostener sus acusaciones.

El hombre del FBI respondió que tenía gente dispuesta a testificar sobre la relación de “Los Zetas” con el ex gobernador; se trataba del contador del Cártel del Golfo —al que originalmente pertenecían “Los Zetas”— de nombre José Carlos Hinojosa.

Siete meses después, el 18 de abril del 2013, alrededor de las 13:30 horas, en la misma Corte Federal de Austin este personaje dijo haber entregado 12 millones de dólares para la campaña a gobernador.

A diferencia del agente del FBI, Hinojosa no mencionó por su nombre a Fidel Herrera… Sin embargo, los presuntos sobornos relatados coinciden con los meses de campaña electoral en Veracruz, entre 2003 y 2004.

En una parte del interrogatorio, la fiscal Michelle Fernald le  preguntó cuánto dinero le dieron a “Pancho” Colorado para hacerlo llegar a la campaña.

Hinojosa comentó:

“Para la campaña del gobernador, lo que yo entregué fueron 12 millones de dólares […] para la compra de algunos caballos 180 mil dólares”.

En el mismo juicio, Alfonso del Rayo, un empresario veracruzano, dijo que, tras ser liberado de un secuestro, fue obligado a colaborar con “Los Zetas” a través de la compra de caballos, como retribución por su rescate.

Del Rayo aseguró que el secretario de comunicaciones en el sexenio de Fidel, Guillermo Herrera, fue quien le presentó al hombre que lo forzó a viajar a Estados Unidos para participar en una subasta de caballos cuarto de milla, se trataba de Carlos Nayen:

“Nayen me empezó a explicar que fui salvado por su jefe, usted sabe, y por eso yo tenía que hacer como un retorno de inversión, que tenía que venir a la ciudad de Oklahoma […] y comprar un caballo”.

Noticias MVS reveló en junio de 2013, que la empresa de “Pancho” Colorado, “ADT Petroservicios”, obtuvo 22 contratos con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz, por 20 millones 554 mil pesos, alrededor de 1.7 millones de dólares, durante el sexenio de Fidel Herrera.

21 de esos contratos se entregaron en sólo 3 meses, entre febrero y mayo de 2006, bajo la modalidad de invitación a tres personas.

Al mismo tiempo, “ADT Petroservicios” ganaba licitaciones en Pemex. Un total de 30 contratos le redituaron más de dos mil millones de pesos entre 2003 y 2011, unos 170 millones de dólares,  de acuerdo con una base de datos elaborada por esta Primera Emisión.

Uno de los competidores de “ADT Petroservicios” aseguró a Noticias MVS, bajo la condición de anonimato, que funcionarios de Pemex pudieron haber beneficiado a esa empresa vinculada a “Los Zetas”, por órdenes del gobernador de Veracruz.

“—¿O sea pesaba la relación de Fidel con Pancho, para obtener las licitaciones?

—Sí, seguramente. Sí, porque, como le digo esta licitación fue para la región norte, que comprende ya la parte de Poza Rica, mayor parte del estado de Veracruz, entonces de alguna manera tiene que haber tenido influencia la decisión del en ese tiempo gobernador.”

Por otra parte, esta Primera Emisión de Noticias MVS tuvo acceso al audio de una reunión de trabajo, entre el actual secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, con los alcaldes electos en 2013, ante quienes les explicaba, abiertamente, el nivel de infiltración y de poder del cártel de “Los Zetas”, heredados por el gobierno anterior.

Para detallar con presión de qué estaba hablando, usó un video en el que aparece un grupo de “zetas” ejecutando un secuestro, escoltados por la policía local:

 “Aquí están, aquí ya subieron a la persona, en uno de los dos coches lo llevan. Y fíjense quién lo viene escoltando. Ahí viene un coche de los zetas, el segundo es la escolta, y miren qui´+en lo viene escoltando., nuestra policía los viene escoltando, como sucede en muchos municipios aún. Con esa impunidad operaban en varias ciudades de Veracruz y en algunas aún lo sigue operando”.

Bermúdez también dijo que tiene 35 millones de fichas con datos personales y de actividades de los veracruzanos, muchas de ellas vinculadas con la delincuencia organizada pero, sobre todo, con información sobre cómo se financiaron las campañas.

“Tenemos en esta Información de las fichas delictivas, bastante información de cómo fueron financiadas las campañas”

En esa misma cita, realizada en el año 2013, antes de que tomaran posesión los actuales alcaldes, revela que 97 de los 212 municipios están controlados por la delincuencia:

“¿Cómo está calificada la policía en tu municipio? La segunda pregunta, regularmente tiene que ser mal, 97 municipios de 212, el comandante municipal lo puso la delincuencia organizada”

El ex gobernador ha negado públicamente cualquier relación con “Los Zetas” o que, durante su administración, se haya tolerado la presencia de ese grupo delincuencial.

En diciembre de 2013, Herrera envió una carta a la revista Forbes, que lo había incluido en la lista de los más corruptos de México; en esa carta expuso:

“En mi responsabilidad como gobernador (2004-2010), coordiné la lucha contra el crimen organizado acorde a la estratega del gobierno federal. Hay constancia de los resultados positivos en los diversos ámbitos de seguridad. El juicio de la corte de Distrito Oeste de Texas, en Austin, en abril de este año, en contra de Francisco ‘Pancho’ Colorado, con quien nunca tuve trato alguno, ha puesto en limpio mi conducta siempre ajustada a la ley”.

 

Nota completa y audios, en:  http://noticiasmvs.com/#!/noticias/la-proteccion-de-los-zetas-en-veracruz-600.html

Libertad a Juan Carlos Flores Solís.

 Con dos amparos a su favor, el activista Juan Carlos Flores Solís, opositor a la construcción del gasoducto Morelos, deberá ser puesto en libertad antes del próximo miércoles 17, advirtió el abogado Antonio Lara Duque.

En rueda de prensa, el también coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” señaló que los tres procesos judiciales que se imputaron al activista se han venido abajo. Por tanto, insistió, es inminente su liberación.

Flores Solís permanece en el penal de Cholula desde el pasado 7 de abril, acusado de los delitos contra la infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión, supuestamente por haber participado en una protesta de habitantes de la junta Auxiliar de Acuexcomac, en 2012.

En otro proceso se le acusa, junto con la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas, del robo de dos celulares, mientras que en el orden federal se le imputaron cargos por la supuesta privación ilegal de la libertad de empleados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

No obstante, desde un principio su detención se ha relacionado a su activismo contra la construcción del Gasoducto Morelos, ya que coincidió con la captura de otros dos opositores al proyecto: la comisariada Rosas y el líder campesino Abraham Cordero.

Lara Duque indicó que además de los dos amparos que obtuvo Flores Solís, la defensa logró acreditar la falsedad de las acusaciones que hizo en su contra José Alí Reyes Méndez, empleado de la empresa italiana Bonatti, quien lo acusó de haberle robado los celulares con violencia.

Con la copia certificada de una minuta oficial, se confirmó que justo el día de esos hechos y a la misma hora –el 7 de marzo de 2014–, el activista estuvo en una reunión con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado para tomar acuerdos sobre un conflicto de vecinos de la avenida Las Torres de esta ciudad.

“Esto demuestra, sobre todo, que la persona que acusa procedió con falsedad, porque Juan Carlos Flores no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo”, precisó el abogado.

Al quedar en evidencia que el empleado de Bonatti incurrió en falsedad de declaración, abundó, eso tendrá que servir para que la ejidataria Enedina Rosas también sea liberada en los próximos días, ya que lo único que mantiene en prisión a la mujer son los señalamientos que hace esa misma persona por el supuesto robo con violencia de los celulares.

El abogado indicó que Flores Solís también obtuvo el amparo 707/2014, otorgado por la juez primera de Distrito con sede en Puebla, Julia Ramírez Alvarado, en el que se acredita que existieron violaciones en el proceso, lo que dejó insubsistente el auto de formal prisión que le fue dictado el 14 de abril de este año.

Señaló que esas violaciones se refieren a que no fueron valoradas las pruebas presentadas por la defensa, como los testimonios de personas y las notas informativas que acreditaban que Flores Solís nunca estuvo presente en la manifestación que se realizó en Acuexcomac y por la que se le acusó de delitos contra la infraestructura.

Contra la orden de aprehensión federal, la juez Raquel Rebeca Zertuche también otorgó la suspensión definitiva a favor de Flores Solís, al tomar en cuenta las pruebas aportadas por la defensa, en las que se señala que el activista no participó en los hechos que se le imputan.

“Tiene que emitirse un auto de libertad para Juan Carlos Flores en estos días. Exageradamente tendría que ser emitido el 17 de septiembre”, señaló Lara Duque.

En cuanto a la posibilidad de contrademandar por la falsedad de declaraciones que ha mantenido en prisión tanto a Enedina Rosas como a Flores Solís por cinco meses, el abogado consideró que lo primero es que ambos obtengan su libertad, y cuando se reúnan con las comunidades afectadas por el Gasoducto evaluarán si proceden contra el empleado de Bonatti.

Lara Duque también hizo un llamado al gobierno de Rafael Moreno Valle para que acate las disposiciones federales y ponga en libertad a ambos luchadores sociales.

“Llamamos a la autoridad a respetar estos amparos y que avancemos en la construcción del diálogo que tanta falta ha hecho en estos meses en Puebla y en el contexto de los proyectos que se quieren imponer a las comunidades”, expresó.

Esclavos resignados, víctimas victimarias.

Por: Guillermo Almeyra

También en el campo de la visión de sí mismos y de la sociedad, el capitalismo ha logrado que la inmensa mayoría de la humanidad haya retornado al siglo XIX y considere que el sistema en que vive es natural y el único posible y que el racismo, el nacionalismo, el colonialismo y la explotación son algo normal e inevitable.

Sólo algunos contingentes obreros en algunos países, o pueblos como el palestino, forjado en la lucha por su tierra y su libertad, combaten a la defensiva tratando de preservar las conquistas sociales y de civilización logradas por los luchadores anarquistas, socialistas, comunistas o anticolonialistas nacionalistas revolucionarios de los dos últimos siglos. El capitalismo ha reforzado su conquista de las mentes de las grandes mayorías y reconquistó buena parte del terreno perdido por las grandes esperanzas revolucionarias del siglo pasado. La inmensa mayoría de los seres humanos no se plantea hoy la necesidad de acabar con el sistema sino, apenas, suavizarlo consiguiendo un capitalismo social, gobiernos progresistas o un mundo donde quepan todos los mundos (es decir, un capitalismo que tolere espacios precapitalistas o comunitarios subordinados).

Como en la Alemania nazi, la gran mayoría de los israelíes apoya a los asesinos fascistas como Netanyahu, odia mortalmente a los palestinos y es racista. Como en la Madre Coraje de Bertolt Brecht, ni 30 años de guerra devastadora bastan para cambiar esa mentalidad de esclavo resignado que considera que todos los desastres sociales son naturales, como los terremotos. Como en el Cándido de Voltaire, las terribles desgracias no impiden a los nuevos doctores Pangloss proclamar que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Me ha sucedido, al escribir sobre el llamado ” modelo chino”, mencionando las centenas de millones de pobres, los bajísimos salarios, la inexistencia de verdaderos sindicatos, la dictadura paternalista de un partido repleto de millonarios comunistas, que varios lectores respondieron por escrito que ojalá México estuviese como en China, aceptando por consiguiente un grado de explotación y de opresión intolerable y una destrucción ambiental similar o peor a la de Inglaterra en la época de Dickens, hace dos siglos y medio.

Vivimos en una sociedad preñada de guerras más devastadoras que las del pasado, marcada por el retorno del colonialismo y la posibilidad incluso de un desastre ecológico que haga imposible la vida de nuestra especie, pero a la que la inmensa mayoría de la población parece resignarse.

No podemos ignorar que el capitalismo, con la dominación de las mentes, la explotación y la represión, ha cosificado a la mayoría de la Humanidad. Es necesario tomar conciencia de la realidad y partir de ella para transformarla. Es vano intentar revivir el pasado medieval con sangrientos califatos o tratar de revivir, aislándolas, las viejas formas comunitarias de organización precapitalista totalmente transformadas por el mercado. Los importantísimos lazos ideológicos o comunitaristas del pasado pueden dar, en cambio, elementos para enraizar la lucha por la reconquista de las mentes a la idea de la superación del capitalismo como sistema de miseria, degradación, explotación y destrucción del ambiente.

Lleva a terribles errores creer que los revolucionarios socialistas podrán salir de su aislamiento en pocos años, simplemente con un abnegado trabajo sindical democrático si no dan simultáneamente la batalla por la construcción de una conciencia anticapitalista. O pensar que un movimiento democrático de tipo electoral será victorioso y reconocido por un sistema dispuesto a todo con tal de preservar el poder. Es utópico y lleva a la pasividad el repudio de la política. Porque una cosa es repudiar la corrupción y la politiquería y otra pretender apartarse de la lucha política que se da todos los días, negándose a caminar juntos, aunque sea un metro, junto a otros que combaten al mismo enemigo, pero con objetivos y razones diferentes.

A quienes digan que mi visión es desalentadora, les respondo que la lucidez no lleva por fuerza al desaliento. Por el contrario, obliga a ver la lucha en la continuidad histórica de los combates de los pueblos por su liberación. Otras épocas de la historia, como la que siguió al derrumbe del mundo antiguo, o las guerras de religión en Europa y las conquistas coloniales, han sido aún más negras que esta, aunque menos peligrosas para la continuidad de la civilización y la preservación del planeta. El principio esperanza tiene una base firme en la historia, aunque la liquidación del capitalismo no se vea en el horizonte y ni siquiera esté asegurada.

Si se quiere construir el futuro hay que hacer un claro balance del pasado y sacar enseñanzas del por qué de los fracasos de anarquistas, socialistas, comunistas, trotskistas, nacionalistas socializantes para poder pensar, a partir de las luchas y para las luchas, las reivindicaciones que en cada país, partiendo del espesor político cultural de los trabajadores más avanzados, unan a los diversos sectores sociales en protesta o rebelión.

La liberación será obra de los trabajadores mismos, y ellos deben dirigir y decidir la lucha, construyéndose como sujeto político del cambio social, apoyándose en los elementos que les aporte la investigación sobre los grandes problemas locales y nacionales y los estudios históricos sobre las luchas del pasado. En esta necesaria combinación entre las luchas contra el capitalismo y el debilitamiento de la dominación del mismo sobre las conciencias reside la base del optimismo consciente de las dificultades que permite esperar que la mayoría que apoya hoy a Netanyahu lo recordará con horror dentro de unos años y que quienes naturalizan al capitalismo lucharán para derribarlo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/09/07/opinion/018a1pol